Tres órdenes judiciales y ningún resultado: los gigantes del cripto que desafían a la justicia chilena

Eran cerca de las 7 de la mañana del 23 de mayo de 2023 cuando los sistemas de Local Traders SpA comenzaron a fallar. Alguien había ingresado sin autorización a la plataforma de criptomonedas y estaba vaciando sus billeteras digitales. Abdul Rehman, el empresario pakistaní de 27 años que fundó la compañía tras llegar a Chile en 2020, tardó poco en darse cuenta de la magnitud del golpe: habían robado criptomonedas LTT por un valor de US$120 mil. Pero esa cifra era solo el principio.

El atacante no simplemente se llevó los tokens. Utilizó una técnica más sofisticada para perpetrar la acción al reducir artificialmente el precio de las criptomonedas LTT mediante el ciberataque, luego las ingresó a una “Piscina de Liquidez”, un pool donde se intercambian distintos activos digitales, y las canjeó por 379,2 BNB, el token nativo de Binance. Con el posterior alza del mercado, esos BNB llegaron a valer cerca de US$934 mil según registros de la PDI, y hoy el monto robado supera los US$500 mil.

El rastro que llevó a China

Rehman no se quedó de brazos cruzados. Su equipo rastreó los fondos a través de la blockchain, el registro público e inmutable de las transacciones cripto, y los encontró en cuentas del exchange Gate.io, asociadas a un ciudadano chino de 28 años llamado Hangyu Ma, quien viviría en la Provincia de Shandong. El informe que presentaron a la Fiscalía era detallado: 31 direcciones IP, cuentas en Alipay y ChinaMerchants Bank, y un patrón de conexiones a través de China Telecom y China Unicom.

En noviembre de 2024, la Brigada del Cibercrimen de la PDI confirmó las transacciones. Para entonces, los activos retenidos en las cuentas del imputado equivalían a unos US$122 mil, una fracción del total robado. El tiempo jugaba en contra.

La orden que nadie cumplió

El 27 de febrero de 2025, el juez Leonardo Valdivieso del 8° Juzgado de Garantía de Santiago dio el paso que Rehman esperaba: ordenó formalmente a BINANCE y GATE.IO transferir los criptoactivos incautados a la billetera de la víctima. La resolución era clara e invocaba el artículo 189 del Código Procesal Penal. Los exchanges la ignoraron.

Pasaron dos meses. El 28 de abril, la fiscal adjunta Alejandra Godoy Ormazabal de la Fiscalía Metropolitana Oriente tuvo que enviar un oficio directamente a GATE.IO reiterando la instrucción. En el documento, pedía que la transferencia se ejecutara de forma inmediata, sin avisar al titular de la billetera incautada, en un plazo máximo de cinco días. Tampoco hubo respuesta.

El tribunal reitera, y reitera

El 8 de mayo de 2025 fue la jueza Estefania Asenjo Arellano quien tomó la causa. Dictó una nueva resolución ordenando lo mismo a ambos exchanges y puso el hecho en conocimiento del Ministerio Público, dejando constancia del perjuicio que la demora seguía causando a la víctima. Era la segunda vez que el tribunal repetía la misma instrucción.

La tercera llegó el 21 de agosto, nuevamente firmada por la jueza Asenjo, esta vez apuntando solo a GATE.IO. El texto era escueto pero elocuente: el exchange seguía sin cumplir, el Ministerio Público volvía a ser informado. Seis meses habían pasado desde la primera orden judicial sin que se moviera un solo activo digital.

Y hasta la fecha no ha pasado nada, no se ha pagado la deuda y Rehman sigue a la espera de obtener justicia.

Él mismo comentó a Bío Bío que ya “han pasado más de 14 meses desde que la justicia chilena ordenó a Gate.io devolvernos el dinero robado. Tenemos cuatro órdenes judiciales finales, la Fiscalía advirtió, y hasta Apple suspendió la aplicación de Gate.io en Chile por incumplimiento de una orden judicial”.

Agregó que “Gate.io opera en Chile, ofrece servicios en pesos chilenos, pero ahora dice que Chile no tiene jurisdicción. Esa no es una excusa válida” y que “Gate.io debe devolver los fondos robados y acatar a la justicia chilena. Solo así se podrá hacer justicia. Ya no sé a quién más recurrir”.