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Señor director:
El ajuste en salud de 2,5%, informado por las autoridades en la última Comisión del Senado, no entrega el alivio esperado, como ocurrió con Seguridad. La ciudadanía no entiende que mientras hay urgencias en salud y organismos internacionales llaman a invertir, se recorte, por decreto, un presupuesto aprobado por ley.
Reconocemos que hay potencial de optimización, pero hablar de recorte o ahorro es ignorar el elefante en la habitación: las brechas financieras estructurales ampliamente documentadas y consensuadas.
En 2025, bajo nuestra gestión, se inyectó 1 billón de pesos adicionales para sostener la operación de las redes asistenciales. Con esa experiencia a cuestas, recortar 430 mil millones pareciera incumplible en la práctica.
Vale la pena profundizar en la senda de optimización con mayor fiscalización y las reformas pendientes en licencias médicas, evaluación rigurosa de tecnologías en hospitales y trabajo con el Poder Judicial para resguardar la sostenibilidad. También urge simplificar tareas administrativas, liberar tiempo para la actividad clínica y fortalecer la atención primaria.
Descontinuar programas por decreto, descartado luego de la filtración de oficios, sería desconocer la historia de construcción de políticas públicas que responden a una trayectoria de consensos técnicos y sociales a lo largo de diversos gobiernos, velando por el mejor bienestar de nuestra ciudadanía.
Estamos disponibles para la colaboración, porque sabemos que la salud pública es una herramienta de justicia social que rompe el ciclo de la pobreza y permite la viabilidad económica del país.
Ese es el consenso técnico global, que la salud no debe entenderse simplemente como un gasto sectorial, sino como un pilar estratégico indispensable para asegurar la estabilidad, la productividad y la resiliencia de las economías modernas.
Bernardo Martorell Guerra
Ex Subsecretario de Redes AsistencialesXimena Barros Rubio
Exjefa de Gabinete SRAMarcela Aguilera Moya
Exjefa de Prensa de SRA
