La noche del pasado domingo 5 de abril los vecinos de Providencia se vieron alertados por la presencia de Bomberos, funcionarios del SAMU e incluso el GOPE de Carabineros –unidad especializada en alto riesgo y crisis extrema– en la calle Padre Mariano. ¿La razón? Un niño de 13 años y otro de 14 subidos en el techo de una residencia familiar administrada por Mejor Niñez.
En la ocasión, Carabineros terminó ingresando al hogar, denunciándose forcejeos de los menores tanto con la policía como con funcionarios, tras lo que uno de los niños habría terminado con gas pimienta rociado en su cara, y otro esposado y detenido|, con un dedo fracturado.
Hablando de forma anónima con Radio Bío Bío, funcionarios de la residencia cuestionaron que se haya permitido el ingreso del GOPE de Carabineros al hogar y acusaron el uso de “fuerza desmedida”, afirmando que quienes trabajan ahí están acostumbrados a tratar este tipo de descompensaciones, comunes en niños institucionalizados y que no era necesario el ingreso de la policía. Sin embargo, otros justificaron que las fuerzas de policía hayan entrado por el riesgo inminente de caída de los NNA y por haber uno de los menores presuntamente agredido a uno de los funcionarios de Mejor Niñez.
A raíz de aquella noche, la tensión al interior de la residencia aumentó, con acusaciones cruzadas sobre los distintos culpables de las lesiones, la apertura de sumarios y la suspensión de funcionarios mientras dura la investigación.
Entre a quienes se apunta el dedo, se encuentra la recientemente asumida directora de la residencia Padre Mariano, Amanda Roco, a quien critican por no haberse presentado en las instalaciones a pesar de la crisis, y porque se haya permitido el ingreso del GOPE. “Un abandono de funciones que nunca habíamos visto”, criticó uno de los funcionarios a Radio Bío Bío. Sí se encontraba disponible la persona con el cargo de Encargado de Vida Familiar, quien hace de director si esta no se encuentra presente.
La Residencia Familiar Padre Mariano nació en 2020 como reemplazo al CREAD Galvarino, hogar en el que falleció Lissette Villa. Hoy alberga a 12 menores de entre 8 y 16 años, entre los que cuentan menores con discapacidades cognitivas y provenientes de situaciones de vulnerabilidad.
La noche del 5 de abril
Según contaron personas presentes, la raíz de la crisis empezó alrededor de las 8 de la noche, unos 20 minutos antes del cambio de turno. Un niño de 13 años había subido al techo en medio de una “pataleta” iniciada porque no lo habían dejado entrar a la sala de computación. A él, se sumó otro niño un año mayor, quien discutía con una de las tías porque le decían que se debía bañar y él quería seguir jugando a la pelota. En un momento, uno de ellos pasó al techo del local de al lado, situación que fue alertada por vecinos.
Por protocolo, son los funcionarios del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes asisten a las residencias en caso de este tipo de crisis, para ayudar a compensar a los menores. A Carabineros también se les llama, comentan funcionarios, pero no se les permite la entrada, instrucción establecida luego de una situación vivida en 2021 en un hogar en la Residencia Familiar de Carlos Antunez en que se escucharon llantos y gritos por el forcejeo de un niño de 13 años con un Carabinero.
Sin embargo, en esta ocasión sí se habría permitido, y de acuerdo a quienes conocieron los hechos, se habría usado una fuerza desmedida contra los menores. “Entendamos que se dejó entrar al GOPE a la casa de los niños, el lugar que debiese ser su lugar seguro”, comentaron funcionarios a Radio Bío Bío.
Pero la versión entregada por Carabineros de Chile a Radio Bío Bío dista de la de los funcionarios. Según la información dada por la institución, el día 5 de abril efectivamente Carabineros concurrió tras un llamado que alertaba sobre la presencia de los menores en el techo, pero agregó el dato de que estos se habrían encontrado lanzando objetos hacia el exterior.
“En el desarrollo de los hechos, se estableció además que uno de los adolescentes habría agredido a un trabajador de la residencia, quien resultó con lesiones, situación que motivó la detención del menor por parte del personal policial”, agregaron. Finalmente, luego de adoptarse los procedimientos correspondientes, se habría logrado que los menores descendieran.
También comentaron que:
“Respecto de los procedimientos aplicados y eventuales afectaciones, es importante señalar que todos los antecedentes están siendo debidamente recopilados y analizados. Carabineros de Chile actúa conforme a protocolos establecidos, los cuales consideran el uso proporcional de los medios disuasivos en situaciones de riesgo.
En relación con la detención, el adolescente fue posteriormente dejado en libertad, quedando apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, dando cuenta de los hechos al Ministerio Público y al Tribunal de Familia.
Carabineros de Chile reitera que todos sus procedimientos se enmarcan en la normativa vigente, con estricto apego al respeto de los derechos de las personas, especialmente cuando se trata de NNA”.
Desde la Defensoría de la Niñez, pusieron énfasis en que Carabineros solo debiese intervenir en residencias de menores en situaciones excepcionales y moderando el uso de la fuerza.
“Frente a este tipo de situaciones, resulta fundamental agotar previamente los recursos terapéuticos disponibles”, explicaron. “Las intervenciones de Carabineros en contextos de desregulación deben enmarcarse en un uso excepcional y estrictamente proporcional de la fuerza”, agregaron.
Asimismo, informaron estar en conocimiento de lo ocurrido en Padre Mariano, y desplegando las acciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y así evaluar marcos de acción adicionales orientados a requerir información y verificar que tanto el actuar de la Directora como el de Carabineros se haya ajustado a derecho, resguardando de manera prioritaria el principio de protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Sobre el caso, Marcela Gaete, Directora Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, también comentó, indicando que:
“Las desregulaciones emocionales de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en cuidado alternativo residencial no son actos de mala conducta ni están asociados falta de cuidado, sino que son trayectorias de vida complejas, marcadas por graves vulneraciones de derechos, cuyos procesos de reparación toman tiempo y requieren de un acompañamiento especializado y entornos protectores.
Para ello, cada residencia dispone de un equipo profesional multidisciplinario y especializado que, al detectar situaciones de estas características, debe activar estrategias de contención ambiental y emocional orientadas a desescalar la desregulación. Cuando estas estrategias no logran generar adherencia, los equipos pueden y deben solicitar apoyo de instituciones externas especializadas, especialmente cuando se trata de una desregulación intensa que implica riesgo para la integridad de los propios niños, niñas y adolescentes o de terceros.
En este caso particular, de acuerdo a los protocolos vigentes del Servicio de Protección Especializada, y dado que se trató de una situación que implicaba un riesgo inminente para los adolescentes involucrados, se coordinó la presencia de personal del SAMU, además de Bomberos y Carabineros. Posteriormente, y tras advertir dificultades para que descendieran del lugar en altura en el que se encontraban, Carabineros solicitó la presencia de personal del área de rescate del GOPE, quienes realizaron las maniobras necesarias para asegurar su resguardo.
Respecto del equipo presente al momento de los hechos, es importante considerar que cada residencia cuenta con un equipo que incluye a un/a Encargado/a de Vida Familiar, responsable de liderar la promoción de un ambiente protector, seguro y de entregar respuestas oportunas y acorde a protocolos ante situaciones de crisis. En este caso, la persona que ejercía dicho rol estuvo presente junto al equipo en turno y mantuvo contacto permanente tanto con el equipo directivo de la residencia como con la Dirección Regional del Servicio.
A partir de esta situación, se instruyó un sumario administrativo que actualmente se encuentra en curso y cuyo contenido es de carácter reservado”.
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