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El país tiene la oportunidad no solo de contener una crisis, sino de avanzar hacia un sistema educativo más seguro, inclusivo y resiliente.
La violencia en el sistema escolar chileno ya no es un fenómeno excepcional, sino que lamentablemente es una realidad que se ha hecho cotidiana y que revela una crisis mucho más profunda que la sola indisciplina estudiantil.
Lo que ocurre hoy en aulas, patios y pasillos no puede entenderse solo como una suma de incidentes aislados, sino como el síntoma visible de un deterioro social que ha terminado por instalarse dentro de los establecimientos educacionales de todos los niveles.
La violenta experiencia vivida por la ministra Lincolao en la Universidad Austral, no ha hecho sino reafirmar que estamos frente a una de las principales preocupaciones del país. Lo que antes se entendía como episodios aislados, hoy representa un fenómeno persistente. Desde la educación básica hasta la superior, las comunidades educativas enfrentan un escenario cada vez más complejo, donde la convivencia se ve tensionada y el proceso formativo, inevitablemente afectado.
Compartimos la preocupación de que estamos frente a un problema no menor. Las agresiones físicas, amenazas y situaciones de gran violencia han impactado directamente en la calidad del aprendizaje. Un entorno inseguro dificulta la concentración, debilita el vínculo entre docentes y estudiantes y afecta la asistencia. Además de sumar el desgaste emocional de profesores y equipos directivos, que enfrentan condiciones laborales cada vez más exigentes, muchas veces sin el apoyo suficiente.
Entendemos que la violencia escolar tiene consecuencias que van más allá del aula. Su impacto en la salud mental de los alumnos es significativo, contribuyendo a fenómenos como la ansiedad, la desmotivación y la deserción. Entonces es importante que no cometamos el error de quedarnos sólo en el análisis de este fenómeno como un problema exclusivamente educativo.
La evidencia sugiere que la violencia escolar refleja tensiones sociales más amplias, como el debilitamiento de los vínculos comunitarios; la exposición a entornos violentos de manera directa y a través de la tecnología; la influencia de fenómenos como el crimen organizado y muy especialmente, la crisis de salud mental que se ha agudizado con fuerza en el país.
Frente a este escenario, el gobierno del presidente Kast ha impulsado una serie de medidas, que compartimos, destinadas a reforzar la seguridad en los establecimientos. Entre ellas, destacan la instalación de detectores de metales, la posibilidad de revisar mochilas y el fortalecimiento de las atribuciones de las autoridades escolares frente a conductas violentas.
Estas iniciativas buscan responder a una demanda legítima de las comunidades educativas, que permitan contar con condiciones mínimas de seguridad para desarrollar su labor. En el corto plazo, este tipo de medidas puede contribuir a prevenir situaciones de riesgo, especialmente en contextos donde se ha detectado el ingreso de armas u otros elementos peligrosos; representando una señal clara de que la violencia no será tolerada y que el Estado está dispuesto a intervenir para resguardar la integridad de estudiantes y docentes.
Sin embargo, la discusión no puede agotarse en el ámbito del control. La experiencia comparada y la evidencia disponible, muestran que las estrategias más efectivas para abordar la violencia escolar, combinan medidas de seguridad con políticas de prevención y fortalecimiento de la convivencia.
Compartimos la convicción que programas de apoyo socioemocional; formación docente en manejo de conflictos; participación activa y comprometida de las familias e integración de la escuela en trabajo comunitario, son elementos claves para abordar el problema de manera sostenible.
Esto implica, entre otros aspectos, fortalecer el sistema de salud mental familiar, apoyar a las comunidades educativas con recursos y equipos especializados y promover una cultura escolar basada en el respeto y la inclusión. Asimismo, resulta fundamental articular respuestas intersectoriales que involucren no solo al sistema educativo, sino también a áreas como desarrollo social, seguridad y salud.
Su abordaje requiere no solo políticas públicas eficaces, sino también un compromiso sostenido con el fortalecimiento de los espacios educativos como entornos de desarrollo integral. En ese camino, el país tiene la oportunidad no solo de contener una crisis, sino de avanzar hacia un sistema educativo más seguro, inclusivo y resiliente.
La administración del presidente Kast tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad de ir más allá de la lógica reactiva. Si se limita a responder con control y sanción, probablemente logrará resultados parciales, pero insuficientes. Si en cambio, asume el desafío de abordar las raíces del problema, podría sentar las bases de un cambio real; cambio que todos tenemos la responsabilidad de asumir, más allá de cualquier divergencia política.
