¿La letra con sangre entra?

La realidad golpea sin anestesia. Mientras la conducción de la seguridad pública parece entrampada en conflictos de pasillo y tensiones institucionales que poco aportan al bienestar nacional, la calle impone su propia y sangrienta ley. Los datos son claros: en las últimas semanas, los homicidios han aumentado de forma alarmante en comparación con igual período de años anteriores. No es una percepción; es una emergencia.

Pero el problema ya no está solo en la calle. La violencia cruzó un límite inaceptable: entró a las aulas. Cuando el espacio más básico de formación se transforma en un lugar de riesgo, lo que está fallando no es un programa, es el Estado en su conjunto.

Lo ocurrido en el Colegio Madres Dominicas de Concepción no es un hecho aislado, es una advertencia. Basta una amenaza en redes sociales para paralizar una comunidad completa. Lo mismo ocurre en Alto Biobío y Laja, donde la violencia entre estudiantes escala a niveles que terminan en detenciones. Esto dejó de ser excepcional: es la nueva normalidad que nadie quiere reconocer.

Frente a este escenario, el gobierno una vez más actúa tarde. Su promesa de tolerancia cero se diluye cuando enfrenta situaciones complejas, reemplazándola por respuestas punitivas hacia menores de edad que no abordan el problema de fondo.

Apostar por el castigo como eje central no es una política de seguridad ni de educación, es una renuncia. Insistir en esa lógica —propia de la vieja idea de que “la letra con sangre entra”— no corrige la crisis, la profundiza.

En la Región del Biobío, crear una mesa intersectorial no es suficiente ni puede seguir siendo la respuesta automática del Estado. La violencia juvenil no nace de la nada: crece en barrios abandonados, en entornos donde el Estado llega tarde o simplemente no llega.

Cuando esa ausencia se normaliza, los hechos que hoy vemos dejan de ser excepcionales y pasan a ser inevitables.

No basta con impedir el ingreso de armas a los establecimientos; el problema es más profundo: estamos llegando tarde a jóvenes que han perdido todo vínculo con la convivencia y el respeto por la vida.

Si no enfrentamos con decisión la salud mental, las condiciones sociales y el entorno en que estos estudiantes se desarrollan, cualquier medida restrictiva será solo un parche. Sin intervención real en el origen del problema, lo que hoy ocurre en las aulas es apenas el anticipo de una crisis mayor.

La escuela no puede transformarse en una extensión del conflicto social. Si el miedo se instala en la sala de clases, lo que se pierde no es solo aprendizaje: es cohesión social y futuro. Un país que no es capaz de proteger sus espacios educativos está renunciando, en los hechos, a su desarrollo.

El tiempo de las excusas terminó. La seguridad no se recupera con anuncios ni con medidas reactivas. Se requiere decisión, presencia y conducción política real. Porque si el Estado no es capaz de resguardar el aula, ya perdió el control de la calle. José… ¿dónde quedó tu frase “tranquilo, todo va a estar bien”?, parece que la dejaste en la casa de campo y no la trajiste a La Moneda.