La discusión sobre seguridad en los establecimientos educacionales está en el centro del debate público, a propósito de la muerte de una inspectora de un colegio en Calama, lo que motivó la urgencia de los proyectos de ley recientemente ingresados al Congreso, orientados a establecer nuevas sanciones frente a la violencia escolar.
Lejos de ser una reacción desproporcionada -como algunos han sugerido-, estas iniciativas responden a una realidad que dejó de ser excepcional.
Hoy la violencia escolar ya no es un fenómeno aislado; las denuncias por agresiones a docentes se han vuelto cada vez más frecuentes. Las cifras lo confirman: en 2025 la Superintendencia de Educación recibió 22.680 denuncias, un alza de 18,7% respecto del año anterior (75% corresponden a problemas de convivencia escolar).
Este deterioro sostenido no solo afecta el ambiente educativo, sino que erosiona las condiciones más básicas para enseñar y aprender. Cuando el espacio escolar se ve tensionado por la violencia o el narco-control, deja de ser un lugar protegido para convertirse en uno marcado por el miedo.
En ese contexto, medidas como la revisión de mochilas, la regulación de elementos que impidan la identificación —como los pasamontañas— o el fortalecimiento de las atribuciones disciplinarias no solo son razonables, sino que necesarias.
El resultado de no incluir estas herramientas mucho antes, está a la vista y se refleja en una libertad mal entendida que, lejos de ampliar las posibilidades de los estudiantes, ha terminado por deteriorar la convivencia y debilitar la autoridad en las salas de clases.
Pero, reducir el problema a una dimensión exclusivamente normativa sería un error. La crisis que atraviesa nuestra educación es más profunda y tiene que ver con el deterioro de la autoridad en los colegios.
Durante años, se ha ido desdibujando el rol del profesor, tensionado por discursos que lo subordinan frente a los apoderados, por políticas que desconfían de su criterio profesional y por una cultura que ha relativizado el valor del respeto y el buen trato. Pero hay un área aún más incómoda que no puede seguir eludiéndose: el rol de las familias.
Por eso, si bien los proyectos en discusión avanzan en la dirección correcta al devolver herramientas a directivos y profesores, es imprescindible complementarlos con una mirada preventiva que fortalezca a la comunidad educativa en su conjunto.
La pregunta de fondo no es solo cómo sancionamos más efectivamente, sino cómo reconstruimos vínculos, cómo logramos que padres y profesores vuelvan a ser aliados, de qué manera incentivamos una participación real de las familias en la vida escolar y dotamos de sentido al proceso educativo.
La educación enfrenta una encrucijada. Podemos seguir abordando sus síntomas de manera fragmentada o asumir que estamos ante una crisis de autoridad, de comunidad y de sentido. Recuperar la disciplina sin reconstruir los vínculos será insuficiente, pero pretender fortalecer la convivencia sin restituir la autoridad tampoco será posible.
Lo que está en juego no es solo el orden en las salas de clase, sino el tipo de sociedad que estamos formando.
América Castillo
Investigadora Asociada
Instituto Libertad
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