El camión de gas como síntoma

La tragedia acontecida con el camión que volcó en una autopista de Renca y que generó una explosión de graves consecuencias, con numerosos muertos y heridos, ha llegado ya a implicar una discusión institucional.

Es la clásica escalada: la alarma primero, los primeros detalles del accidente después, la búsqueda de responsabilidades específicas posteriormente y finalmente la disputa entre las instituciones y las fuerzas políticas que discuten sobre qué acciones o narrativas han intervenido directa o indirectamente en la tragedia.

Y es lo lógico, pues si bien los accidentes existen, las sociedades construyen dispositivos para que las consecuencias de ellos no sean gravosas. Y, en este caso, lo fueron. Y como cada vez que un fallo conmueve a la opinión pública, el caso amenazó con convertirse en un asunto mayor o, al menos, en un ejemplo del tipo de caso que muestra cómo puede moverse el futuro político con las nuevas autoridades y la nueva oposición (de cuya estructura aún nada sabemos).

Como es obvio, las responsabilidades institucionales pueden involucrar a la empresa mandante y/o pueden conducir a la empresa transportista subcontratada que realizaba el traslado del gas licuado. La existencia del accidente es materia de investigación, pero la causa de la explosión se ha consignado como resultado de un fallo en la válvula del tanque presurizado, que debía resistir el impacto sin permitir la explosión. Surgen desde aquí distintas discusiones por las responsabilidades, que podemos enumerar.

1. Discusión entre empresas: ¿Fue la empresa mandante la responsable o corresponsable por falta de exigencias o de contar con mecanismos de verificación de los estándares de calidad que exige a las empresas subcontratadas? ¿Fue solo la empresa proveedora del servicio la responsable?

2. Discusión entre autoridades: ¿Hay responsabilidades administrativas de alguna de las siguientes instituciones? Me refiero a Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, Ministerio de Obras Públicas (Dirección General de Concesiones), empresa concesionaria de la autopista, Seremi de Salud (autoridad sanitaria regional), Dirección del Trabajo, Carabineros de Chile (SIAT y unidades de fiscalización de tránsito), municipalidad correspondiente, Delegación Presidencial Regional, Ministerio de Energía.

Pero hay un ámbito que acompañará al sistema político. Porque, como es habitual, surge la discusión jurídica y política clásica de este tipo de siniestros. Se trata de la discusión que plantea definir si lo ocurrido supone una responsabilidad operacional (quienes están a cargo) o si existe una responsabilidad del sistema.

Esta es la clásica problematización de la que dependen las crisis reputacionales o las crisis políticas. Tal y como acaba de ocurrir en España con el descarrilamiento de un tren de alta velocidad, un accidente plantea la pregunta inquisitiva: ¿pudo el ministro, con su gestión, evitar el accidente? Si esa capacidad es orgánica y constituye una responsabilidad, entonces es corresponsable. Y desde ahí se abren escenarios políticos o jurídicos. Esa forma de las crisis es la clásica.

En este caso, es posible que la temática quede de lado porque justo después apareció el conflicto Chile/China/USA por el cable submarino y, con ello, se produce lo que hemos planteado en columnas anteriores: el nuevo gobierno debe darse por notificado que Chile estará altamente exigido por presiones del nuevo orden (o desorden) mundial y que una estrategia es indispensable.

Lo cierto es que probablemente esa crisis acapare la atención y el camión del gas pase al olvido. Pero lo que diremos aquí es que el camión tiene mucha importancia como síntoma de un futuro cercano.

Vamos al corazón del asunto

En sociedades institucionalmente estables, una explosión de gas es una tragedia o, cuando mucho, un escándalo administrativo. En sociedades con malestar social (ilegitimidad, cuestionamiento institucional), todo accidente de impacto social se convertirá en un síntoma de una problemática más compleja. Puede no llegar a ser altisonante, pero el problema queda marcado por la nebulosa de no tener clara la ruta de salida. El acontecimiento funciona como una revelación que hace aparecer algo latente: la pérdida de confianza en la realidad administrada.

La vida moderna descansa sobre una premisa invisible: el ciudadano entrega autonomía a cambio de seguridad estructural. No inspecciona el puente que cruza, no revisa las tuberías, no audita la red eléctrica ni la cadena alimentaria. Confía en la organización social.

Cuando un evento ocurre en un espacio altamente regulado —una autopista concesionada, un servicio básico doméstico— el mensaje social no plantea que hubo un error, sino que el sistema encargado de controlar lo elemental no controla ni lo básico. El efecto no es meramente indignación, sino incertidumbre. A partir de ese momento, el ciudadano comienza a percibir que el orden es frágil y que la autoridad no domina la realidad.

El malestar social suele confundirse con pobreza, desigualdad o mala calidad de servicios. Sin embargo, una sociedad puede tolerar carencias materiales si mantiene tres certezas: quién manda, por qué manda y para qué obedezco.

Cuando estas respuestas se vuelven inestables, aparece el malestar, el verdadero, el que surge cuando se rompe la gramática de la obediencia legítima. La norma deja de percibirse como orientación y pasa a interpretarse como imposición arbitraria.

El comportamiento disruptivo no nace del odio al sistema, sino de la incapacidad de interpretarlo. Como un niño que no comprende las órdenes de sus padres, la sociedad no discute las reglas: las ignora. O cae en el berrinche. La consecuencia observable es el aumento de conductas impredecibles y disruptivas. Es búsqueda de orientación.

Desde fines del siglo XIX el Estado dejó de limitarse a proteger contra la violencia humana (delito, guerra, pillaje) y pasó a proteger contra la violencia sistémica de la sociedad industrial: ferrocarriles, minería, electricidad, alimentos, medicamentos, químicos y combustibles. Aquí se origina el Estado regulador. La izquierda moderna se define precisamente por sostener que la libertad económica genera riesgos sociales que requieren protección permanente. La explosión de gas pertenece a ese dominio: no es criminalidad, es riesgo estructural.

Por ello el accidente interpela directamente a un gobierno que buscó legitimarse en la ampliación de la protección social. Un gobierno que, en ese encuadre, incluso intentó intervenir el precio del gas licuado como una política distributiva, no solo sin éxito, sino además pasando más al ámbito de hacer el ridículo. El gobierno de izquierda queda enganchado finalmente al gas, pero no por sus esfuerzos regulatorios, sino por la falta de supervisión.

Este caso no se le ha incendiado al presidente Boric, pero es una muestra más de un gobierno que no pudo plantear su mirada sobre las regulaciones que el estado puede generar para mayor seguridad de la población. El desafío que este caso implicó no fue una prueba superada por el actual gobierno.

Pero hay algo en que es necesario poner atención. Se trata del dilema para la derecha económica que este caso anuncia.

La derecha moderna descansa en la premisa de que la competencia produce eficiencia y la eficiencia reduce riesgos. Sin embargo, demostrar que la competencia en costos es un predictor de seguridad es una mirada muy osada y de difícil resolución. Por lo pronto, una empresa puede mejorar sus costos con mantenimiento diferido, tercerización, capacitación mínima o conductores fatigados; y por supuesto eso no implica accidentes constantes, pero son decisiones racionales individualmente que pueden terminar mal.

De ahí surge una tensión: defender regulación estricta a las empresas debilita el discurso que ha defendido radicalmente la derecha. Pero para ese sector rechazar la regulación asocia a la derecha con la inseguridad material e incluso con los conflictos de interés con el sector empresarial por parte de las autoridades. Esto ya ocurrió y fue intenso en los dos gobiernos de derecha ya existentes.

Si el gobierno de José Antonio Kast no tiene claridad respecto a qué hacer con este tipo de escenarios, no cabe duda que tendrá una dimensión debilitada. Esto no es menor. Sin comprender esta dimensión es que la derecha abrió la puerta a la mayor oportunidad política de la izquierda en la historia de Chile.

Y no, no fue la Convención Constitucional, sino que ocurrió desde 2011 en un proceso que derivó en el estallido social y luego en el proceso constituyente. Ese período estuvo marcado por las heridas políticas de una derecha que no pudo dejar de pensar en su perspectiva menos regulatoria, desatendiendo las exigencias que la sociedad consideraba mínimas a la hora de regular los mercados. No fue una crisis de trabajadores, sino de personas que interactuaban con el mercado: colusiones, ventas atadas, decisiones unilaterales, entre otras.

Desde 2011 Chile vive una época en que el eje político principal no ha sido gobernar, sino cuestionar el fundamento del orden social. Y eso comenzó con errores de la derecha. Hoy está en la dirección opuesta, por los errores de la izquierda. Algunos creen que esta es la verdad definitiva. No lo parece. La única claridad es la impugnación. Las conclusiones tajantes sobre procesos son problemáticas.

El movimiento estudiantil fuie exitoso porque no fue esencialmente educativo, sino que fue un movimiento que planteó un asunto moral. Impugnó el principio legitimador del Chile post-1990: crecimiento económico más movilidad individual. El concepto central fue abuso, un juicio moral sobre la estructura social. El proceso derivó naturalmente hacia la demanda constitucional. El plebiscito de entrada de 2020 representó la derrota simbólica del orden heredado. La historia es larga, pero se resume. La izquierda llegó a tener en sus manos el futuro, pero también perdió el control del escenario.

El rechazo constitucional significó que la ciudadanía impugnó también la impugnación: aceptó destruir el marco institucional, pero no toleró la incertidumbre permanente. La caída de la propuesta republicana en el Consejo Constitucional fue otra etapa más del imperio de la impugnación.

La sociedad pasó de un problema de legitimidad a uno de orientación. En 2022 la crítica dominante cambió: desde la crítica al modelo de la derecha a la crítica a la inutilidad de la izquierda. Y aquí es donde se profundiza la crisis de la política y las instituciones, porque antes fue la crítica a un sistema injusto (criticando a la derecha) y ahora se asume que el Estado no controla la realidad (criticando a la izquierda). El accidente del gas encaja perfectamente en todas las narrativas contra todo el sistema político.

Toda impugnación poderosa incluye denuncia y promesa alternativa. El ciclo chileno tuvo la primera sin estabilizar la segunda. Para que tengamos las cosas claras, ninguna opción ha triunfado. La apuesta de José Antonio Kast de un gobierno de emergencia fue muy exitosa porque precisó un terreno limitado de acción gubernamental y, con ello, se desentendió de la promesa alternativa.

Apostó (si acaso es así en el tiempo) por un gobierno que gestiona las urgencias. Es una retórica adecuada para evitar la impugnación. Y es que es necesario ser precavido porque la sociedad cambió repetidamente el objeto de la crítica: de las empresas pasó a los políticos, luego (y sin olvidar a los últimos) se concentró en la delincuencia y finalmente en la inmigración. La impugnación se volvió autónoma de su contenido.

En Chile hemos vivido una pérdida de legitimidad de los actores asociados al estado, pero la búsqueda de la población remite a más estado: más proactividad en seguridad, más regulación ante posibles abusos en el mercado, más protección social. El cuestionamiento al estado es en tanto ineficacia, no en tanto un cuestionamiento a la necesidad de acción.

El gas nos ha acompañado en las crisis morales de nuestra época (el “guatón del gas”, el gas licuado a precio justo, ahora el camión del gas). Más le vale a los segundos pisos vigentes y a los que vendrán que le pongan atención al gas y a todas las formas en que suele aparecer el malestar social y su impugnación.