La conclusión es evidente: el crimen organizado no sólo se combate en las calles. También debe combatirse siguiendo la ruta del dinero.

Cada vez que vemos una noticia sobre narcotráfico, sicariato, extorsiones o crimen organizado, solemos fijarnos en los operativos policiales, las armas decomisadas o las detenciones. Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿qué pasa con el dinero?

Porque detrás de cada banda criminal existe una maquinaria financiera. El narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y el lavado de activos no funcionan con sacos de billetes escondidos bajo una cama. Funcionan utilizando cuentas bancarias, empresas de papel, transferencias electrónicas, criptomonedas y sofisticadas redes para ocultar el origen de los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Por eso la reciente Operación Tokyo debería encender todas las alarmas.

La investigación permitió desarticular una estructura dedicada al lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua y reveló un hecho particularmente grave: entre los detenidos aparece un ejecutivo del Banco Santander acusado de colaborar con la organización criminal. No se trata de una banda improvisada ni de delincuentes actuando de manera artesanal. Estamos hablando de organizaciones que utilizan el propio sistema financiero para mover, ocultar y blanquear millones de pesos provenientes de actividades criminales.

Y este no es un hecho aislado.

Durante los últimos años hemos conocido una larga lista de casos donde organizaciones criminales han utilizado cuentas bancarias, testaferros y sociedades ficticias para esconder sus ganancias. El propio Tren de Aragua logró mover millones de dólares mediante cientos de cuentas bancarias. El denominado Clan Chen lavó enormes cantidades de dinero utilizando estructuras financieras complejas. Ahora vemos cómo incluso un ejecutivo bancario aparece involucrado en una investigación de estas características.

La conclusión es evidente: el crimen organizado no sólo se combate en las calles. También debe combatirse siguiendo la ruta del dinero.

Porque cuando el Estado logra identificar y congelar los recursos de una organización criminal, le quita capacidad para comprar armas, reclutar personas, financiar extorsiones, pagar sicarios o expandir sus operaciones. Golpear las finanzas de las mafias muchas veces resulta más efectivo que cualquier discurso de mano dura.

Por eso resulta tan importante la discusión que tendrá lugar el próximo martes en el Senado.

Ese día se volverá a votar en la sala una de las herramientas más relevantes del proyecto de Inteligencia Económica: la posibilidad de que la Unidad de Análisis Financiero pueda acceder de manera más expedita a información bancaria cuando existan antecedentes fundados de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.

Algunos han intentado presentar esta discusión como si se tratara de una amenaza a la privacidad de las personas. Nada más lejos de la realidad.

Nadie está proponiendo que el Estado revise arbitrariamente las cuentas corrientes de los ciudadanos. Nadie está planteando espionaje financiero masivo. Lo que se busca es entregar herramientas eficaces para investigar operaciones sospechosas vinculadas a delitos graves y seguir la ruta del dinero antes de que éste desaparezca mediante transferencias, sociedades de papel o criptomonedas.

Hoy el sistema es tan lento que muchas veces las organizaciones criminales logran mover sus recursos antes de que los organismos encargados de investigarlas puedan actuar. Mientras las instituciones tramitan autorizaciones y procedimientos, el dinero cambia de cuenta, sale del país o simplemente se esfuma.

Eso es exactamente lo que aprovechan las mafias.

Y por eso resulta incomprensible la resistencia de algunos sectores políticos a entregar estas herramientas. Más aún cuando el propio presidente Kast ha declarado que la seguridad es la principal prioridad de su gobierno. Más aún cuando ha anunciado medidas para perseguir las finanzas criminales. Más aún cuando Chile ha suscrito compromisos internacionales para fortalecer el combate contra el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos.

La pregunta entonces es simple.

Si todos dicen estar comprometidos con combatir al crimen organizado, ¿por qué algunos se niegan a entregar las herramientas para perseguir su dinero? ¿Qué más evidencia quieren?

¿No bastó con descubrir cientos de cuentas utilizadas por el Tren de Aragua? ¿No bastó con los millonarios esquemas de lavado detectados en los últimos años? ¿No bastó con la detención de un ejecutivo bancario acusado de colaborar con estas redes criminales?

Porque cada nuevo caso confirma exactamente lo mismo: las organizaciones criminales utilizan el sistema financiero para ocultar sus ganancias. Y si utilizan el sistema financiero, entonces la respuesta del Estado debe ser fortalecer su capacidad para seguir la ruta del dinero.

La verdadera mano dura no consiste solamente en construir más cárceles o aumentar las penas. La verdadera mano dura consiste en quitarle al crimen organizado aquello que le da poder: su dinero.

Sin recursos no hay expansión territorial. Sin recursos no hay sicarios. Sin recursos no hay extorsión. Sin recursos no hay capacidad para corromper instituciones ni infiltrar organizaciones. Por eso el próximo martes no habrá espacio para las excusas.

El presidente Kast y los senadores de derecha deberán decidir si están del lado de los discursos o del lado de las herramientas efectivas para combatir al crimen organizado.

La evidencia está sobre la mesa. Los hechos son contundentes. El dinero sucio circula por el sistema financiero. Y si realmente queremos derrotar al narcotráfico, al Tren de Aragua y a las mafias que amenazan nuestros barrios, debemos perseguirlos donde más les duele: en sus cuentas, en sus patrimonios y en sus ganancias.

Porque cuando se trata de enfrentar al crimen organizado, seguir la ruta del dinero no es una opción. Es una obligación.