Resulta difícil imaginar una demostración más clara del desprecio que tiene el Kremlin por la vida humana y el derecho internacional.
El 4 de junio el mundo conmemoró el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. En Ucrania, ese mismo día honramos la memoria de los niños cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra de Rusia.
Según la Oficina del Fiscal General de Ucrania, hasta junio de 2026 la agresión rusa ha causado la muerte de al menos 707 niños ucranianos y ha dejado heridos a otros 2.548. La víctima más joven fue un bebé que no había cumplido siquiera dos días de vida. Detrás de cada una de estas cifras hay una vida truncada, sueños destruidos y familias que perdieron lo más valioso que tenían.
Pero Rusia no solo mata a los niños ucranianos. También los secuestra sistemáticamente. Los primeros casos de deportación de niños ucranianos fueron registrados tras el inicio de la agresión rusa en 2014, y después de la invasión a gran escala esta práctica adquirió dimensiones masivas.
Según datos de la propia comisionada presidencial rusa para los derechos de la infancia, María Lvova-Belova, más de 742 mil niños fueron trasladados desde Ucrania a Rusia entre febrero y diciembre de 2022. Precisamente por la deportación ilegal de niños ucranianos, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra Lvova-Belova, al considerar que ambos son personalmente responsables de este crimen.
El colmo de cinismo de Moscú quedó en evidencia cuando la parte rusa intentó utilizar a los niños secuestrados como objeto de negociación, proponiendo intercambiarlos por prisioneros de guerra rusos. Resulta difícil imaginar una demostración más clara del desprecio que tiene el Kremlin por la vida humana y el derecho internacional.
La tragedia de los niños ucranianos permite comprender la verdadera naturaleza de esta guerra. Cuando un Estado está dispuesto a secuestrar niños, cambiarles la ciudadanía, inculcarles el odio hacia su propia patria y utilizarlos como instrumento de chantaje político, cruza una línea más allá de la cual ya no quedan espacio para la moral.
Por ello, uno de los símbolos más notorios de esta guerra será el ataque ruso contra el hospital infantil Okhmatdyt de Kyiv en julio de 2024. Un misil impactó el mayor hospital pediátrico de Ucrania, donde recibían tratamiento niños con enfermedades oncológicas. El mundo entero vio espantado a médicos, padres y pequeños pacientes entre los escombros.
Ese mismo cinismo también se manifiesta en la guerra informativa. Cuando Ucrania golpea objetivos militares, Rusia intenta presentarlos como ataques contra instalaciones civiles. Un ejemplo reciente fue la campaña propagandística en torno al ataque contra un colegio en Starobilsk, en la región temporalmente ocupada de Luhansk. La propaganda rusa se apresuró a describirlo como un “centro educativo civil”. Sin embargo, está documentado que el edificio era utilizado para preparar operadores de drones y alojar personal militar. Según el derecho internacional humanitario, tales instalaciones constituyen objetivos militares legítimos.
Ahí radica una diferencia fundamental entre Ucrania y Rusia.
Ucrania golpea aeródromos militares, depósitos de municiones, centros logísticos y empresas militares del agresor. Además de su efecto militar directo, esas operaciones tienen un impacto estratégico. Un ejemplo fue el ataque con drones ucranianos a depósitos de petróleo en la zona de San Petersburgo en la noche del 3 de junio, coincidiendo con el inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, uno de los principales eventos de imagen del Kremlin. El simple hecho de que Ucrania sea capaz de atacar a esa distancia y en un momento tan simbólico representó un duro golpe reputacional para las autoridades rusas.
A pesar de las constantes declaraciones triunfalistas del Kremlin, la realidad muestra otra cosa. Según el centro analítico DeepState, en mayo de 2026 las Fuerzas de Defensa de Ucrania liberaron más territorio del que las tropas rusas lograron ocupar, algo que no ocurría desde la contraofensiva de 2023. Ucrania también ha aumentado significativamente su capacidad para atacar infraestructura militar en profundidad dentro del territorio ruso.
Por el contrario, Rusia responde con terror contra la población civil. Mientras Ucrania destruye objetivos militares e infraestructura utilizada para sostener la guerra, los misiles y drones rusos todas las noches siguen impactando barrios residenciales, hospitales, escuelas y jardines infantiles.
Por ello, los esfuerzos internacionales para proteger a los niños ucranianos en las condiciones de guerra adquieren una importancia especial. Ucrania agradece a los países que se han unido a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, incluido Chile, que ha confirmado de esta forma su compromiso con los principios del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.
Al recordar hoy a los 707 niños ucranianos asesinados por Rusia, no hablamos únicamente de una tragedia ucraniana. Hablamos de una elección que enfrenta todo el mundo democrático: si el derecho internacional seguirá siendo un sistema real de protección de la persona humana o quedará reducido a una mera declaración de principios.
Ucrania no solo lucha por su libertad. Lucha por un principio que es de importancia global: ningún Estado, por poderoso que sea, tiene derecho a secuestrar niños, destruir hospitales y matar civiles sin enfrentar consecuencias. La memoria de los niños asesinados exige algo más que compasión. Exige justicia.
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