Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago están intentando que se les autorice a circular en sus vehículos institucionales por las vías exclusivas para el transporte público de la región Metropolitana.
Se trata de un privilegio que —en el ámbito judicial— mantienen únicamente los presidentes de las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel, además de todos los ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema.
Según argumentan desde el tribunal de alzada, la solicitud se debe a un tema logístico: necesitan usar algunas de las pistas reservadas para poder ingresar al Palacio de Tribunales.
La solicitud
De acuerdo con antecedentes tenidos a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la petición de los ilustrísimos se discutió en una sesión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Se trata de la primera de estas instancias liderada por la actual presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz.
Fechada en marzo de este año, el acta revela que fue el jefe del Departamento Jurídico de la CAPJ quien presentó la propuesta al Consejo Superior para “gestionar la extensión de la autorización para transitar por vías exclusivas a la totalidad de los ministros y ministras que la integran”.
La idea surgió durante una sesión del Pleno del tribunal de alzada capitalino, celebrado en diciembre de 2025, cuando los ministros acordaron elevar la solicitud al Consejo Superior.
Sin embargo, esta última instancia dio un portazo a las intenciones de los magistrados. El órgano acordó denegar la solicitud, “en atención a ser una materia de atribución privativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.
El portazo
La negativa provocó escozor a varios en el Poder Judicial. Fuentes consultadas fuera de micrófono cuestionaron que precisamente miembros de la Corte Suprema, quienes sí cuentan con el privilegio, hayan denegado la solicitud de los magistrados.
En efecto, la prerrogativa invocada por el tribunal de Santiago actualmente rige para la totalidad de los ministros del máximo tribunal y a su fiscal judicial. Además, se extiende únicamente a los presidentes de las dos cortes capitalinas. Eso, por disposición de la Resolución Exenta Nº 462 de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SeremiTT) de la región Metropolitana en la que se alude a motivos de seguridad.
De hecho, con el propósito de mantener actualizado el beneficio, en noviembre y diciembre de 2025 la propia CAPJ ofició a la SeremiTT de la RM para hacer llegar la nómina vigente de vehículos a considerar.
“Se solicita la autorización para el tránsito de la flota de vehículos institucionales por las vías exclusivas de la región Metropolitana, por razones de seguridad para el traslado del presidente (a), ministros y fiscal judicial de la Excelentísima Corte Suprema”, reza la Resolución Exenta de la SeremiTT en respuesta a dichos oficios.
Esto, agrega el documento, “con el fin de permitir un desplazamiento fluido y evitar detenciones prolongadas por congestión vehicular que incrementan la vulnerabilidad de dichas autoridades durante sus desplazamientos oficiales”.
Razones logísticas
Pese a las razones de seguridad que se invocan en las autorizaciones previas, desde el Poder Judicial afirman que la idea de hacer extensivo el privilegio a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago tiene que ver exclusivamente con una cuestión logística.
Es decir, que el objetivo —a diferencia de los supremos— no sería poder circular a toda hora y por cualquier vía exclusiva de la región Metropolitana, sino que evitar las multas a las que se ven expuestos por hacer ingreso o salir del estacionamiento del Palacio de Tribunales, cuyo acceso es por calle Bandera.
“Consultada la Corte de Apelaciones de Santiago, efectivamente se solicitó se pudiese hacer extensivo el uso de vías exclusivas a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, más específicamente por un tema de logística respecto de las calles de Santiago Centro para facilitar acceso y salida del Palacio de Tribunales, ya que comparten el mismo estacionamiento que los ministros de la Corte Suprema, el cual se encuentra ubicado en calle Bandera con Compañía”, indicaron desde la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.
No obstante, en los distintos documentos tenidos a la vista por esta Unidad de Investigación no se advierte que la solicitud fuese acotada solo al tránsito en las inmediaciones de la principal sede de la judicatura nacional.
Como sea, hasta ahora —según fuentes conocedoras de la interna— la Corte de Apelaciones de Santiago no ha ingresado una solicitud formal ante la SeremiTT de la RM para obtener el mismo trato preferente, una prerrogativa que —al menos por ahora— continuará favoreciendo solamente a los ministros de la Corte Suprema, su fiscal judicial y a los presidentes de las cortes de Santiago y San Miguel.
Los mismos consultados sostienen que este próximo lunes el tema será tratado nuevamente en la reunión del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, considerando que la situación logística se complicará más cuando en las próximas semanas se reabra parcialmente el tránsito vehicular por el eje Bandera, que permitirá exclusivamente la circulación de buses de la Red Movilidad.
Aclaración
Posterior a la publicación de este artículo, desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), emitieron una aclaración en la que señalaron que el Poder Judicial no solicitó originalmente al Ministerio de Transportes que ciertas autoridades judiciales pudieran utilizar las vías exclusivas para el transporte público.
En efecto, la entidad precisó que esa excepción originalmente fue incorporada por decisión de la autoridad técnica competente mediante una resolución de la Seremi de Transportes Metropolitana dictada en 2007.
Respecto de la controversia reciente, la CAPJ confirmó que en diciembre de 2025 la Corte de Apelaciones de Santiago acordó pedir que se gestionara una extensión de ese beneficio para todos los ministros y ministras que integran el tribunal de alzada capitalino. Sin embargo, la solicitud fue analizada por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa y finalmente rechazada, argumentándose que dicho organismo carece de atribuciones para adoptar una decisión de esa naturaleza.
La institución reiteró que las gestiones actualmente impulsadas por la Corporación Administrativa apuntan a una situación distinta: permitir el tránsito por la calle Bandera de funcionarios y funcionarias que utilizan el estacionamiento del Palacio de Tribunales. Según se explicó, ello responde a razones operativas, ya que la única vía de acceso y salida de ese recinto es precisamente esa calle, que próximamente quedará habilitada para el tránsito exclusivo del transporte público.
Lea la aclaración completa:
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