Como una “vergüenza nacional” fue calificado el fracaso de la aplicación de la prueba Simce en varios establecimientos educacionales en octubre pasado, luego de que apoderados y docentes alertaran que los examinadores no llegaron a tomar la prueba.
Frente a la contingencia, la prueba se reprogramó en las comunas afectadas, realizándose sesiones complementarias más adelante, tal como anunció esa tarde la propia Agencia de la Calidad de la Educación, encargada del proceso. Asimismo, anunciaron que se encontraban realizando los análisis jurídicos para cursar las multas y sanciones respectivas al proveedor, que era la empresa Ingeniería e Inversiones Fernández Limitada (INFER).
Justamente, es el castigo aplicado a INFER el que hoy genera polémica, ya que luego de ser notificada de una multa de casi 496 millones por no haber aplicado la prueba en 381 cursos, la empresa demandó a la Agencia ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP), alegando un actuar ilegal, arbitrario y contradictorio.
En concreto, la empresa alega que fue la propia Agencia la que ordenó suspender preventivamente parte de las pruebas del 23 de octubre (el segundo día de la toma de prueba) y luego reprogramarlas, por lo que no se debiese aplicar multa alguna respecto a aquellas suspensiones, por ser instruidas por el propio organismo.
El Simce 2025
Según el escrito, durante la jornada del 21 de octubre se produjeron problemas operativos relacionados con la disponibilidad de examinadores en algunos colegios de la Región Metropolitana, que afectaría parte de las aplicaciones programadas para el día siguiente. A raíz de la contingencia, INFER habría informado a la Agencia y tomado medidas de mitigación, como la reubicación de personal, reemplazos y coordinación de transporte. A pesar de aquello, el día 22 de octubre igual se habrían producido problemas.
Por ello, esa misma tarde, la Agencia ordenó que al día siguiente los examinadores no asistieran a los cursos que no alcanzaron la cobertura el día anterior, reprogramando la prueba para otras fechas. De acuerdo a INFER, el día 28 de octubre se terminó tomando el Simce en el 100% de los colegios reprogramados.
“La aplicación exitosa de la totalidad de los módulos suspendidos en las sesiones complementarias demuestra que no existió un incumplimiento material del contrato, sino un reajuste logístico autorizado por la propia Agencia. Esa circunstancia excluye la premisa de infracción grave que sostiene la multa impuesta”, se lee en la demanda ante el Tribunal de Contratación Pública.
Sin embargo, el día 5 de noviembre, la Agencia de Calidad de la Educación notificó a INFER una multa de 496.697.598 pesos por no haber aplicado la medición en 381 cursos.
La empresa, sin embargo, acusa que la aplicación de la multa fue ilegal. En el escrito afirman que la Agencia no identificó correctamente los módulos que no se aplicaron, que no tomó en cuenta la aplicación parcial de ciertos casos y que no se aportó con la evidencia técnica suficiente para sustentar la infracción. Pero, sobre todo, cuestiona que se haya incluído como incumplimientos los módulos del 23 de octubre que no se ejecutaron por propia instrucción del organismo.
Previo a la demanda, tras algunas conversaciones, la Agencia redujo parcialmente el monto de la multa en alrededor de 28 millones de pesos, pero eso no dejó contenta a la empresa, por lo que ésta acudió al Tribunal de Contratación Pública.
En sus argumentos, INFER indica que no existe un incumplimiento imputable respecto a aquellos cursos que fueron suspendidos por orden expresa de la Agencia, que está sancionando un incumplimiento “hipotético” al suspenderse la ejecución antes de iniciarse la jornada. También acusa que la Agencia habría vulnerado las bases del contrato por sancionarlos por decisiones adoptadas por la propia administración.
Por estos y otros argumentos, la empresa argumenta que en caso de haber sanción, el monto no debiese superar los 163 millones de pesos.
El escrito fue ingresado al TCP el pasado 13 de mayo, y el día 20 el tribunal le dio plazo de 10 días hábiles a la Agencia para que emita un informe respondiendo a los descargos de INFER y aportando antecedentes a la discusión.
Consultados por Radio Bío Bío, desde la Agencia para la Calidad de la Educación indicaron haber sido notificados de la demanda. “En base a ello, la institución tomará las acciones respectivas para entregar todos los antecedentes al tribunal en los plazos establecidos. Por el momento, no podemos entregar detalles del contenido de la demanda”, comentó Gino Cortez, Secretario Ejecutivo del organismo.
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