Ética y transparencia de BioBioChile

Durante los últimos días, han crecido las dudas sobre cuándo se concretará la ayuda humanitaria anunciada por la administración del Presidente Gabriel Boric a Cuba. Esto, luego de que el Ejecutivo insistiera en que no habrá transferencia directa al gobierno cubano.

Y es que la cifra ya está sobre la mesa: se trata de un millón de dólares para enfrentar la crisis humanitaria. Ese será el aporte que el Gobierno decidió enviar y que será canalizado a través de Unicef, con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, y ejecutado en programas de salud, nutrición y servicios esenciales para niños y niñas en medio de la crisis energética que atraviesa la isla.

De todas maneras, el aporte —equivalente a cerca de 863 millones de pesos— será monetario y no en especies, precisamente por razones de eficiencia y trazabilidad.

En cuanto al plazo, desde Cancillería han señalado que está determinado por “las circunstancias locales” y por la coordinación con Naciones Unidas. Es decir, el mecanismo está definido, el monto también, pero la calendarización depende de la operatividad del organismo internacional y de los tiempos administrativos del fondo.

Pero ha sido justamente el mecanismo de canalización y las garantías de control lo que detonó las críticas desde la oposición y también cuestionamientos de analistas y exautoridades de Cancillería.

De hecho, mientras el Gobierno recalca que la ayuda no se coordina con el régimen cubano, sectores críticos sostienen que cualquier flujo de recursos hacia la isla termina teniendo un efecto político indirecto.

Se instala debate por ayuda a Cuba y relación con Estados Unidos

Y ahí se abrió una comparación inevitable, ya que Estados Unidos anunció recientemente 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba —una cifra seis veces mayor que la chilena—, pero la diferencia que más ha llamado la atención no es el monto, sino la logística.

Mientras Chile optó por canalizar el aporte vía Unicef, Estados Unidos decidió hacerlo a través de Cáritas y la Iglesia Católica, con distribución directa de paquetes de alimentos y suministros básicos, diseñados para ser entregados manualmente por voluntarios parroquiales y, según explicaron, evitando el uso de infraestructura estatal.

De hecho, el aporte estadounidense ha sido parte de la propia defensa del Gobierno para respaldar su decisión. Incluso, cuando se les ha consultado sobre las consecuencias que podrían caer sobre la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.

Al respecto, este fin de semana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que le resulta contradictorio sostener que el aporte chileno pueda afectar la relación bilateral con Estados Unidos cuando la propia administración norteamericana ha adoptado una decisión similar.

Sin embargo, desde el Congreso de Estados Unidos, el representante republicano por Florida, Carlos Giménez, acusó al Presidente Gabriel Boric de respaldar a la “dictadura militar en Cuba” y calificó la decisión chilena como un “patético accionar”. Incluso advirtió que Chile podría enfrentar consecuencias por esta determinación.

Un mensaje que rápidamente fue replicado en redes sociales y que elevó el tono del debate, instalando la interrogante sobre eventuales costos diplomáticos. De hecho, esa advertencia desde Washington fue utilizada por la oposición para reforzar sus cuestionamientos.

En ese sentido, el diputado Jorge Alessandri (UDI) sostuvo que, según le habría transmitido el propio Giménez —congresista que ha sido clave en temas como la Visa Waiver—, existiría la posibilidad de que Estados Unidos ejerza presión en instancias multilaterales.

Además, insistió en que el Gobierno debiera haber condicionado cualquier ayuda a exigencias políticas claras, como elecciones libres o la liberación de presos políticos en la isla.

En tanto, en La Moneda evitaron escalar el conflicto. En esa línea, el canciller Alberto Van Klaveren fue claro en que no entrará en polémicas con parlamentarios extranjeros y lamentó esas declaraciones.

Pero, desde la oposición siguen sosteniendo que, considerando las urgencias internas y las restricciones presupuestarias en Chile, cualquier envío de recursos al extranjero debe tener máximas garantías de trazabilidad y autonomía respecto del régimen cubano.

En paralelo, en el oficialismo se han cuadrado con el gobierno. La diputada Lorena Pizarro (PC) valoró el envío de recursos como un acto de solidaridad indispensable y un “mínimo ético” frente a la situación que vive la población cubana.

También, recordó que numerosos países han experimentado la solidaridad de Cuba a lo largo de décadas y citó ejemplos concretos en el caso chileno: el envío de brigadas médicas tras los incendios forestales en el sur del país, la instalación de hospitales de campaña en emergencias y el apoyo sanitario posterior al terremoto de 2010.

En tanto, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, coincidió en que la solidaridad de Cuba hacia Chile siempre ha estado presente en los momentos de mayor requerimiento. De esta forma, además, negó cualquier incidencia de la acción humanitaria con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, enfatizando en que el apoyo es reflejo del internacionalismo en el país.

Así, continúa el debate tras el anuncio de la administración Boric a Cuba.