Tras una seguidilla de observaciones que cuestionaron en lo general, profundo, técnico e ideológico el FES, el gobierno presentó nuevas indicaciones al proyecto que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado. Estas modificaciones mantienen las deficiencias del proyecto original, constatando una clara incomprensión de lo que está en juego para el futuro de miles de estudiantes, especialmente quienes trabajan y estudian, junto a los que optan por una modalidad online.

Vamos por partes. En el caso del FES, recordemos que la retribución no dice relación alguna con el costo de la carrera, sino que depende esencialmente del flujo de ingresos que obtenga el egresado en el mercado laboral en los 20 años posteriores al egreso de sus estudios (más específicamente, durante 2 años por cada semestre financiado).

Una de las indicaciones flexibiliza el monto total del financiamiento, que en el proyecto original era del 100%, permitiendo que los estudiantes puedan solicitar el 50%, el 75% o el 100% del arancel regulado. Sin embargo, aunque esta medida reduce proporcionalmente los pagos, mantiene de forma inflexible los plazos. Así, un estudiante de Auditoría en un instituto profesional —cuya carrera dura 4 años y que probablemente se atrase uno o dos semestres— deberá pagar durante dos décadas, incluso si solicita solo el 50% del financiamiento. Si comienza a estudiar a los 30 años, como es común en el sistema técnico profesional, pagará hasta los 50, sin la posibilidad de prepagar, aunque sus ingresos se lo permitan.

Además, las indicaciones introducen cupos para cada porcentaje de financiamiento. Al haber cupos, hay selección, por tanto, se renuncia automáticamente a la condición universal del CAE. Los estudiantes técnicos profesionales son en buena parte adultos, con ingresos, pero también con obligaciones. Desconocemos como esta limitante puede afectar su acceso al instrumento, lo cual también es una preocupación.

Pero volvamos a la retribución

El diseño del proyecto FES sigue funcionando como un impuesto disfrazado, sin una correlación entre el monto del beneficio recibido y el pago que debe realizar el titulado. Supongamos que nuestro estudiante de Auditoría gana 1.200.000 de pesos bruto promedio durante su vida laboral (unas 31UF), va a pagar unas 2UF mensuales por 20 años de contribución, es decir, unas 410UF por una carrera cuyo costo total es de aproximadamente 220UF (8.500.000 millones de pesos). En definitiva, es equivalente a pedir un crédito en UF a una tasa superior al 6% anual, en circunstancias que el actual CAE tiene una tasa del 2%, que resulta en que el pago total máximo es de 1,7 veces la carrera.

El desajuste entre beneficio y pago es injusto y desincentiva tanto la adhesión al sistema, como la posterior formalidad laboral. La indicación del gobierno, entonces, señala que si el estudiante ha pagado más de 3,5 veces el costo de su carrera y ha completado más del 90% del plazo (18 de 20 años), podría solicitar (¡no es automático!) no pagar más, lo que a todas luces no es una solución para el exceso de pago.

El desajuste entre beneficio y pago es injusto y desincentiva tanto la adhesión al sistema, como la posterior formalidad laboral. El modelo planteado se basa en que el 30% de los estudiantes que ganan más financien los estudios del 70% que gana menos, pero si los que ganan más no se suman, es puro costo fiscal.

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Una reflexión final sobre el proyecto FES

Hoy tenemos en el sistema casi 200 mil estudiantes en formatos no presenciales que hoy pueden optar a CAE y que no podrán optar al FES, cuya mayoría cursa carreras técnicas profesionales. Este es un segmento que crece año a año, son adultos trabajadores y personas que no pueden acceder a centros de estudios. No hay un argumento sólido para excluirlos.

Podríamos pensar que no se tiene clara esta realidad, y que esta situación de carencia no es intencional. Sin embargo, cuando las acciones muestran una exclusión deliberada, no podemos dejar de expresar nuestro desacuerdo. Esto muestra un abandono injustificable y desconocimiento de la realidad de un 15% de los estudiantes de la educación superior, especialmente grave cuando proviene de autoridades o entidades que, por su rol, deberían estar debidamente sensibilizadas e informadas.