La abducción y asesinato del teniente (r) Ronald Ojeda ha originado una tormenta de especulaciones, cada una más audaz y compleja que la anterior, que desafían la imaginación de quienes crecimos confiando en la solidez institucional y el Estado de Derecho del retorno a la democracia.

Esta vorágine de micro cuentos apenas verosímiles socava la confianza pública y conduce a teorías conspirativas y fábulas acomodaticias que encuentran terreno fértil en el baldío comunicacional de nuestro sistema de inteligencia, cuyo rol preventivo ha sido puesto en entredicho.

Tras 20 años de vida, pocos dudan de la necesidad de una reforma al Sistema de Inteligencia con especial atención en la ANI, llamada a ocupar el centro del debate por su subordinación al poder civil electo.

Su ley fundante impone fuertes limitaciones a la eficacia de la institución, obligando una revisión de propósitos, procedimientos, personal y presupuesto. Desafortunadamente, un elemento clave ha quedado fuera: el perfil público.

Una cosa es el secreto, y otra el secretismo

Que la agencia secreta deba participar en la esfera pública mediante acciones comunicacionales puede sonar contradictorio, por lo que es necesario partir por separar las aguas.

Para el filósofo Emile Durkheim “el objeto del secreto -su información- suele ser menos importante que la aproximación organizacional para su manejo”. Es decir, una cosa es el secreto y otra, el secretismo, la práctica de ocultamiento sistemático que parece llevar el recelo más allá de lo que exige la ley.

Un enfoque más transparente por parte de la ANI no solo es posible sino necesario, siguiendo el ejemplo de otras agencias de inteligencia en democracias contemporáneas.

Encontrar un equilibrio que permita a la ANI amasar confianza pública mientras protege su misión de seguridad del Estado es un reto no solo para la agencia sino para la democracia misma.

Obras son amores

Nicolas Wuest-Famose, el primer Jefe de comunicaciones para la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) francesa señalaba en 2010: “La evolución de la sociedad debe animarnos a abrir nuestras puertas para explicar a los ciudadanos nuestra misión y nuestra acción”.

Un ejercicio de educación cívica ausente en nuestro sistema, aún temeroso de su propia capacidad de establecer límites con la contingencia diaria.

Múltiples servicios secretos en el mundo cuentan con encargados de comunicaciones para dar acceso normado a la prensa y articular la mediatización de líderes de opinión en favor de la reputación institucional.

Un ejercicio común de ese rol es dar a conocer el éxitos de los servicios de inteligencia en la desactivación de potenciales amenazas, siempre resguardando actores y detalles operativos.

Así, nos enteramos por la prensa del complot en Alemania para derrocar al gobierno, la colaboración brasileña-israelí que impidió un ataque de Hezbollah a una comunidad judía en Sao Paulo, o el programa de desclasificación estratégica de inteligencia de la Casa Blanca.

Sin duda, no todo es éxito pero un trabajo de gestión de prensa minucioso, basado en reglas claras que habiliten la construcción de confianza con los medios de comunicación debiera hacer que la balanza de aciertos y fracasos se incline hacia lo primero, o al menos se mantenga rasa.

¿Likes para un presupuesto nacional de inteligencia?

En las redes sociales, en tanto, abunda el contenido institucional que permite adentrarse en la historia y las curiosidades del espionaje a partir de la experiencia propias de cada agencia en formato reel, podcast o trivia, entre otros.

Esta presencia comunicacional no es improvisada, opera bajo las estrictas normas que cada país se da para dar continuidad a sus operaciones y proteger a los suyos.

Así, la cuenta de Instragram de la Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) promueve los programas de educación escolar en ciberseguridad y extremismo, la política de igualdad de género y la revista institucional.

La Dirección Nacional de Inteligencia de Colombiam, por su parte, habilitó su sitio web con múltiples puntos de contacto para recibir colaboración ciudadana en temas normativos, de innovación o presupuesto y se esmera en facilitar material para recibir, a cambio, sugerencias informadas.

La abundancia de perfiles públicos de los que tomar nota contrasta con la práctica en Chile.

La ilusión de invisibilidad de la agencia que se rompe solo cuando algo sale mal es un problema que relega a la ANI a algún sitio entre la incompetencia y la irrelevancia en el imaginario público. No es de extrañar entonces que la opinión pública concluya que la ANI -o el sistema que compone- no funciona.

Contrarrestar esta percepción con la realidad es una necesidad en el debate de reformas que, necesariamente, demandarán mayores presupuestos. De no permitirse un mayor grado de apertura ¿cuánto demorará la desidia ciudadana en transferirse a las comisiones parlamentarias con el mandato de representar a la ciudadanía en esa conversación a puerta cerrada?

Jubilar a James Bond o cómo atraer personal calificado

La tensión transparencia / secreto no es nueva. Estados Unidos y Gran Bretaña intentaron resolverla con una “simulación de transparencia”, en palabras de la investigadora del proyecto DEMOSERIES ERC, Pauline Blistène.

Las carteleras y escaparates de librería se llenaron de espías que cautivan por guiños de realidad, gestionados o avalados por los mismos organismos secretos.

El ex Enlace de entretenimiento de la CIA, Paul Berry, entendía que su rol era “asistir a la industria del entretenimiento en proyectos que retraten razonablemente a la organización (…) para mejorar la comprensión del público sobre la agencia, eliminando percepciones erróneas”.

La mera existencia de ese cargo da luces de una pulida visión comunicacional en 360º, aunque con complejidades propias.

El Servicio de Inteligencia Secreto británico (SIS) notó en 2016 que el poder de la marca “007” había instalado un estereotipo de agente de acción, masculino y blanco que mermaba la diversidad entre los postulantes.

No es necesario ser “M” para saber que Bond no tiene mayor cabida en el MI6 actual debido a un evidente problema con el Martini y el estrés postraumático que le aqueja en las últimas entregas de la saga. Más importante aún, su perfil no encaja en el mundo de las amenazas cibernéticas, el peritaje financiero, el espionaje satelital, etcétera.

Tampoco tendría suerte si postulara a la ANI, enfocada hace ya un buen tiempo en ampliar sus capacidades en virtud de amenazas como las recién mencionadas. Sin embargo, sin una reforma que habilite una cantidad de personal adecuada, es imposible debatir en serio sobre calidad.

¿Es el personal que hoy compone la agencia el más idóneo a su misión? Desde la ciudadanía no tenemos como saberlo.

En esto la comunicación también podrían aportar: las redes sociales de la CIA, la DGSE o el Mossad israelí -entre muchas otras- están repletas de llamados para analista de inteligencia, programador o labores de apoyo. Se trata de una práctica cotidiana e incontrovertida pues el esfuerzo de publicidad de vacantes con estándares conocidos por todos amplía el alcance y permite una selección más fina de los mejores talentos.

El eje formación merece toda una columna propia pero, por ahora, solo decir que esto funciona mejor cuando los servicios de inteligencia conversan y cooperan con la educación superior.

El propio Director de la ANI, Juan Marcó, durante un conversatorio en la Universidad Católica de Valparaíso indicó que “quienes integrarán estas nuevas organizaciones [de inteligencia] requieren una formación acreditada, sistematizada y de calidad”. Más de estas alianzas virtuosas podrían quitarle a la ANI el peso extenuante de formar competencias multidisciplinarias después de reclutar.

Lo que no está prohibido, está permitido

El contenido de los informes es secreto. Así de explícito aparece en la Ley 19.974 que creó la ANI hace ya veinte años. El artículo nº 42 indica que estas informaciones sólo podrán usarse para el “cumplimento de sus respectivos cometidos”, mientras que el nº 38 establece que la publicidad podrá darse con autorización del Director de la agencia.

Con la redacción actual de la ley, no se puede menos que señalar que la sola autorización del Director de la ANI bastaría para, por ejemplo, producir contenido propio o de prensa si se estima útil a los objetivos de la agencia.

En cuanto al personal, la ley dispone que las promociones a planta deben realizarse de manera prioritaria mediante concurso interno que, de resultar desierto, daría paso a un concurso público. Nada se dice sobre nuevas contrataciones por lo que publicitar las convocatorias, con criterios estandarizados y conocidos por todos quedaría nuevamente sujeto a la voluntad del Director o Directora.

Como ya se ha dicho, los modelos internacionales permiten concluir que una institucionalidad de inteligencia respetable y respetada, que se proyecte en el tiempo gracias a los méritos que (insisto en confiar) tiene, es posible y necesaria.

Descartar a priori la herramienta comunicacional podría ser casi tan perjudicial como pretender que la prensa revele los secretos que habilitan el resguardo de la seguridad nacional.

El secretismo no produce dichosa ignorancia como sugiere el refrán “ojos que no ven, corazón que no siente”. De seguir todo igual, lo que nos queda es la desvalorización pública de las instituciones de inteligencia, siguiendo otra famosa máxima: “lo que no se comunica no existe”.

Paulina Bravo Prida
Asesora comunicacional independiente