El asesinato ya comprobado del ex militar venezolano Ronald Ojeda, al que Chile dio refugio y comprometió su integridad, trae consecuencias internas e internacionales que recién comienzan.
Se le otorgó refugio, no asilo. Ambas tienen prácticas y normas diferentes. El primero se concede sin expresar motivos decidiéndose por el gobierno que lo otorga. Suele ser temporal, aunque muchos se han prolongado más de lo prudente.
El asilo en cambio -sea territorial o diplomático- obedece a normas jurídicas precisas y deben cumplirse ciertos requisitos según los tratados multilaterales o bilaterales vigentes. En general, debe existir un estado de conmoción interna en el país del que lo solicita, y únicamente procede si es perseguido por razones exclusivamente políticas, no delictuales. Algunos añaden que exista peligro inminente para el solicitante. El asilo diplomático procede sólo en embajadas, no en consulados, y se extienden los privilegios e inmunidades que gozan en sus funciones.
En el caso del refugio -del que gozaba Ojeda- hay obligaciones para el país que lo concede, de protección y resguardo; y para el refugiado, no intervenir en asuntos internos del país otorgante ni hacer campaña contra su lugar de procedencia.
El desenlace de este caso permite atender y rechazar tantas especulaciones que usualmente rodean estos hechos. Se barajó un auto-secuestro lo que ahora estaría descartado, porque terminar asesinado no encaja con esa tesis.
También se habla de un secuestro liderado por narcotraficantes del Tren de Aragua u otros criminales, pero sin cobro de rescate y con el solo propósito de demostrar poder, lo que aumenta la confusión en el siempre enredado y nunca transparente mundo de las operaciones de inteligencia, que suelen utilizar agentes insospechados y también delincuentes, para ocultar a los verdaderos autores intelectuales.
En definitiva queda la versión más plausible, una acción típica de contrainteligencia por quien tendría el mayor interés de acallar al ex militar, definitivamente, así como mandar un poderoso mensaje de advertencia a otros opositores: el régimen de Venezuela.
Estos servicios jamás reconocen su accionar, menos aquellos de inteligencia o contrainteligencia, pues quedarían vulnerables y evidenciarían sus métodos, sobre todo si ocurre en otro país, para poder seguir operando.
Seguramente no habrá ninguna reacción oficial venezolana, a menos que pesquisas profundas y de largo tiempo, logren encontrar la verdad.
En todo caso, la responsabilidad se atribuirá al país donde ocurrió, o se culpará a criminales o a adversarios políticos, para que se debata localmente y se oculte la acción extranjera. A ello han apuntado las declaraciones de Diosdado Cabello, negando todo involucramiento y responsabilizando a anteriores gobiernos contrarios, añadiendo burlas y menosprecio a nuestra seguridad, buscando una mayor confusión.
Lo ocurrido, hace recordar los muchos casos de la era soviética, que eliminó o atentó contra muchos disidentes, traidores o enemigos, ejecutados en varios países principalmente europeos, utilizando todo tipo de armas y procedimientos. Nunca reconocieron nada, y los estados involucrados prefirieron atribuirlos a la pugna de la guerra fría de entonces.
Por lo visto, el régimen venezolano seguiría empleándolos, bien instruido por los servicios cubanos de innegable presencia y colaboración en la actual Venezuela, y que a su vez aprendieron de los soviéticos, actuando directamente o por medio de delincuentes a su servicio.
Lo grave es que ha sucedido en Chile, con el consecuente desprestigio e impunidad. Ojalá se siga avanzando en las investigaciones en curso y se evalúen sus consecuencias internacionales, sin priorizar las discusiones y rencillas internas, que es precisamente lo que buscan los presuntos mandantes para distraer y confundir. Un muy incómodo caso de intromisión en nuestra soberanía.
