La implementación de la educación pública –a través de los municipios primero y después con los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) – ha tenido severos problemas y dificultades para cumplir los objetivos que la hicieron nacer: ni más ni menos que una educación pública, gratuita y de calidad.
La Municipalización fue ideada con el objetivo de privatizarla totalmente y no lo lograron, mas la dejó en grave y agónica condición. Esto, porque la opción intermedia, la política de Subvención Educacional, logró ser la mayoritaria aún con lucro y hoy es la más relevante. También lo era antes, cuando establecía la diferenciación de alumnos por su rendimiento (con la selección) y por su clase social a través del copago.
Definitivamente la eliminación de ambos no afectó la calidad de su educación. Sin embargo, las consecuencias de las reformas a la Educación Pública están causando daños irreparables sino se toman medidas inmediatas.
Las vías para mejorar la educación pública y la incorporación de nuevos actores
La Educación Pública es insustituible, y no porque hoy exista una desconfianza legítima sobre su calidad se le debe dar por perdida.
Es necesario y urgente que los Gobiernos Regionales asuman un rol relevante y determinante en la administración y ejecución de la Educación Pública. Un Ministerio Nacional de Educación es insuficiente e ineficaz a la hora de garantizar una educación gratuita y lo más importante, de calidad.
Los Gobiernos Regionales deben asumir responsabilidad compartida y cada vez más definitiva en este objetivo de interés público y social.
Nunca fue verdad el derecho de los padres a elegir donde estudian sus hijos. El sistema rezagó paulatina pero inexorablemente al colegio público ante los subvencionados, hasta el extremo de que hoy son los niños y niñas hijos de padres migrantes y/o con algún tipo de necesidad especial, quienes sostienen la matrícula en una parte importante de los municipios que aún no ingresan al “sistema”.
Si a esto llamamos Educación Pública, hoy esta ha fracasado. Porque consciente o inconscientemente se ha aceptado que las cosas son como son, sin ninguna opción de mejorar.
La educación pagada y privada en Chile representa el 5% de la matrícula y allí no está el problema. Hoy lo concreto es que la gestión de estos servicios locales de educación es deficitaria.
La incógnita en la ejecución de los presupuestos SLEP
Un ejemplo en el área de la operación, es la ejecución del presupuesto SLEP en 2023: de los 11 servicios, con una proyección total de $455.496 millones de pesos, se ha invertido un total de $389.212 millones; es decir, una ejecución del 85% aproximado del ítem remuneraciones a nivel del año.
Esto es regular, sin embargo, en iniciativas de proyectos de $46.748 millones se ha ejecutado un $17.331 millones, es decir, un 37% del total, ello sin entrar a evaluar en qué se gastó y si aquello era pertinente.
Saber qué no se ejecutó revelará el por qué este sistema está cuestionado antes de terminar de nacer. Esto, porque no fue producto de una evaluación sino de una negociación.
Los SLEP de costa Araucanía y Atacama tienen los índices más bajos de ejecución. El primero con un 15% y Atacama con un 19%, reflejando la crisis que hoy tienen estos servicios en relación a su gestión. Estamos a días del término del año escolar y estos porcentajes no parecen mejorar.
La determinación de sacar de los municipios la educación y crear un nivel intermedio, con una institucionalidad que respondiera a las necesidades de la educación pública fue una decisión política no pedagógica.
Se esperaba poder dar respuesta a demandas locales territoriales, poder realizar la bajada de las políticas públicas de educación, poder desplegar estrategias educativas efectivas para el universo de establecimientos y alumnos/as que dependieran de una institucionalidad exclusiva sólo para educación (SLEP). Así, se presentaba en la ley 21.040 como una correcta respuesta.
Los SLEP están enredados en una serie de situaciones administrativas y financieras que han tomado toda la atención, dejando lo curricular y los aprendizajes, en un segundo plano.
Al parecer esta reforma es suficientemente grande para que lo asumiera sólo el Ministerio de Educación.
Este proceso de implementación requiere un trabajo intersectorial: Hacienda, Segpres, Educación, Gobiernos Regionales, entre otros actores que puedan abordar estos problemas y dar soluciones. Hay que sistematizar, evaluar o definitivamente desechar. No cabe otra alternativa.
La necesidad de intervenir
No es aceptable que no se pueda intervenir y sólo nos limitemos a observar cómo se realiza el traspaso y cómo impacta en la región. No actuar ante esta irrefutable evidencia es una negligencia inexcusable que responsabiliza al observador que no usa su poder de decisión.
Los Gobiernos Regionales, colectiva o individualmente, deben reaccionar e intervenir decididamente, no solo con financiamiento sino con conducción y participación. Estas facultades deben ser transferidas por el Gobierno Central de inmediato, antes de que este sistema se desplome.
Otra estrategia para la implementación del sistema está en el desarrollo de competencias para la administración de este sistema. Pero la pandemia y los errores no forzados de esta política pública, han causado daños no son reversibles, en cientos de miles de educandos pertenecientes a los sectores de menores ingresos económicos.
El daño está hecho. Niños y niñas de tercero o cuarto básico apenas saben leer correctamente. No podemos condenar a esta generación de estudiantes a un destino precario, incierto e injusto.
Hay que tomar decisiones ahora. Porque hoy nuestra educación es pública y gratuita pero ni cercanamente, de calidad. Esto es un sistema que sin piedad condena a nuestros niños, al fracaso y la mediocridad.
