El Gobierno reafirmó su apoyo con la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por la crisis financiera que atraviesa el organismo internacional.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el Gobierno de Chile reafirmó una vez más su compromiso con el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, manifestando su decisión de impulsar iniciativas con los demás países de la región para encontrar fórmulas que le permitan a la CIDH resolver esta grave situación.
“Valoramos muy especialmente el importante rol desempeñado por la CIDH en la defensa de la democracia en nuestro continente y en la salvaguardia de los derechos de las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, como ocurrió durante el régimen dictatorial que imperó en Chile por cerca de 17 años”, sostuvo Cancillería.
Además, en apoyo al momento que vive la CIDH, Chile ofreció que el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realice un período extraordinario de sesiones en Santiago.
El ofrecimiento se concretará del 6 al 10 de junio donde el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, reiterará el compromiso del Gobierno para que esta crisis sea uno de los temas que se aborden con el fin de buscar una solución conjunta.
“En el mismo sentido, hemos dispuesto para este año contribuciones voluntarias que, sumadas a las que puedan hacer otros países, debieran contribuir a evitar una paralización de las actividades de la CIDH en los próximos meses”, explicó Cancillería.
El documento precisó que “nos comprometemos a aunar esfuerzos y acciones en los espacios y foros internacionales a fin de facilitar a largo plazo el adecuado funcionamiento de todos los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, manifestó el ministerio.
Finalmente, Muñoz -quien fue el primer embajador de Chile ante la OEA tras la vuelta a la democracia en 1990- reafirmó que Chile seguirá brindando su apoyo a la Comisión, y al sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto, por su eficacia para proteger las libertades individuales y fortalecer los Estados de Derecho en el continente.
