VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a una mujer a pagar $10 millones por daño moral a una víctima de abuso sexual reiterado. El tribunal rechazó la prescripción de la acción civil, al estimar que la querella presentada en abril de 2017 interrumpió el plazo, que comenzó a correr cuando la víctima cumplió 18 años, en marzo de 2015. Además, concluyó que no transcurrieron los cuatro años exigidos para acoger la excepción.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a una mujer a pagar una indemnización de $10 millones por daño moral a su víctima, tras rechazar la excepción de prescripción de la acción civil al considerar que la presentación de una querella por el mismo delito interrumpió dicho plazo.

Según consignó el fallo publicado en el Poder Judicial, el asunto fundamental que resolvió la Decimotercera Sala del tribunal de alzada capitalino tiene relación con si la querella en contra de la demandada, por hechos reiterados y constituivos de abuso sexual, tenían la virtud de “interrumpir la prescripción de las acciones civiles destinadas a obtener una reparación pecuniaria por tan deleznables actos“.

De ser así, esto velvería “a correr, nuevamente, luego de concluidos los procesos penales seguidos en su contra“.

Conclusión de la Corte de Apelaciones en caso de querella por abuso sexual

En ese sentido, la resolución de la Corte de Apelaciones señaló que la querella formulada en abril de 2017 “constituye una clara manifestación de perseguir no solo la responsabilidad penal sino además obtener sentencia condenatoria que la habilitare a presentar demanda civil“.

De ese modo, se interrumpió la prescripción que comenzó a correr el 19 de marzo de 2015, fecha en que la víctima alcanzó la mayoría de edad.

Además, no transcurrió el plazo de cuatro años exigido para acoger la excepción de prescripción de la acción civil. Esto considerando el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2019, oportunidad en que se dictó sentencia en un procedimiento abreviado, y el 7 de enero de 2021, cuando se notificó la demanda civil tras quedar ejecutoriado el fallo penal.