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Tras tres postergaciones, comenzó en Santiago el juicio contra 16 acusados de Los Piratas de Aragua por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, además de extorsiones y asociación criminal. La Fiscalía sostiene que Ojeda fue llevado desde su departamento en Independencia a Maipú, torturado y asesinado, y plantea un móvil político. La defensa cuestionó las pruebas. Siete imputados enfrentan cargos directos por el crimen y sigue pendiente la extradición de un presunto líder desde Colombia.
Luego de tres jornadas de postergaciones por incidencias de las defensas, comenzó ante el Octavo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en la región Metropolitana, el juicio contra los 16 acusados de Los Piratas de Aragua, por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda y otros delitos.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, presentó los hechos incluidos en la acusación: secuestros con homicidio, extorsiones y asociación criminal, entre otros. Además, siete de los imputados enfrentan cargos directamente por el crimen de Ojeda.
Según la Fiscalía, en febrero de 2024 la víctima fue sacada de su departamento en Independencia, trasladada a la toma Santa Marta de Maipú, torturada, asesinada y enterrada en una excavación sellada. Barros insistió en la hipótesis de un móvil político, que deberá probarse en juicio.
El persecutor sostuvo que los hechos no serían episodios aislados, sino parte del funcionamiento de una estructura dedicada a hechos de esta magnitud.
Entre los antecedentes expuestos figura una vivienda de Rinconada de Maipú, denominada “La Nevera”, que habría funcionado como centro de torturas. También se abordó un teléfono incautado tras el asesinato del carabinero Emanuel Sánchez, que, según la Fiscalía, reveló vínculos e instrucciones internas.
La defensa cuestionó esa interpretación. El abogado de la Defensoría Penal Pública, Juan Pablo Gómez, afirmó que existe una puesta en escena sobre la peligrosidad de los imputados y negó que existan pruebas suficientes contra sus representados.
La Fiscalía deberá demostrar ante el tribunal la participación individual de los acusados, mientras continúa pendiente la extradición desde Colombia de Carlos Moreno, alias el Bobby, sindicado como uno de los líderes de la estructura.
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