Este sábado se desarrolló en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización de cuatro imputados vinculados a la investigación por secuestros extorsivos.
En la instancia, el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana expuso los antecedentes del caso, mientras que el magistrado Mario Cayul dirigió la sesión.
De los imputados, tres de los acusados corresponden a civiles y el cuarto es el subcomisario de la PDI Pablo Gajardo Romo. La defensa de todos ellos rechazó la imputación por asociación criminal y secuestro, enfatizando que sus representados no constituyen un peligro para la investigación ni para la ciudadanía.
En esa línea, solicitaron medidas cautelares alternativas como arresto domiciliario, arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y restricción de comunicación con el resto de los imputados.
La audiencia de hoy tuvo como objetivo resolver si se decretaba prisión preventiva para estos cuatro acusados o si se acogen las medidas alternativas propuestas por sus defensores.
Tras un receso, el juez propuso continuar y finalizar la sesión el lunes, pero la Fiscalía se opuso, argumentando que debe preparar la audiencia del martes, donde se formalizará a los tres imputados detenidos en la jornada del jueves. Finalmente, se resolvió que la audiencia se retomará mañana domingo a las 9 de la mañana, con el fin de concluir la revisión de las medidas cautelares de los cuatro acusados que hoy enfrentan cargos.
Estos imputados forman parte de la investigación que indaga una red dedicada a secuestros extorsivos, la cual operaba simulando procedimientos policiales en un inmueble acondicionado como cuartel de la PDI. Allí se retenía a las víctimas para exigir grandes sumas de dinero a cambio de su liberación.
Así, la audiencia de hoy se suma a las medidas cautelares decretadas ayer viernes, cuando el tribunal ordenó prisión preventiva para el exfiscal Vinko Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi.
En total, la investigación mantiene a 10 personas detenidas, entre ellas exautoridades y funcionarios policiales.
La Fiscalía Supraterritorial ha imputado cargos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, extorsión y tenencia ilegal de armas y municiones, fijando un plazo de 150 días de investigación para esclarecer el rol de cada uno de los acusados y sus vínculos con redes internacionales de narcotráfico.
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