¿Cómo Kast en Chile? Fujimori busca que el Congreso apruebe facultades para combatir la criminalidad

Al igual que José Antonio Kast en Chile, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha puesto parte de su estrategia contra la criminalidad en manos del Congreso. La mandataria busca que el Parlamento le otorgue facultades legislativas para impulsar una serie de cambios que, según sostiene, son necesarios para enfrentar al crimen organizado, pese a que especialistas en la materia consideran que estas atribuciones no son indispensables.

Aunque se trata de mecanismos jurídicos distintos, ambos mandatarios coinciden en recurrir al Legislativo en busca de nuevas herramientas legales en materia de seguridad. En Chile, Kast impulsa una reforma constitucional que ha generado debate y cuya tramitación quedó congelada mientras el Gobierno negocia modificaciones para conseguir respaldo en el Senado.

El propio Kast ha defendido la necesidad de contar con respaldo para enfrentar al crimen organizado. “Los planes se pueden desarrollar, como entregar los vehículos, ¿pero si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, si no hay actitud, si no hay voluntad de respaldarlos, de qué sirven los vehículos? No sirven de nada”, afirmó en agosto.

En Perú, Keiko Fujimori enfrenta ahora su propia discusión con el Congreso, donde no tiene mayoría de votos.

“Necesitamos estas facultades”

El Ejecutivo peruano solicita que el Parlamento le delegue facultades para legislar durante 120 días en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. Esto permitiría al Gobierno emitir decretos legislativos con rango de ley dentro de los temas y el plazo autorizados por el Congreso.

La mandataria fue explícita al vincular este pedido con la lucha contra la delincuencia.

“Para enfrentar a la criminalidad organizada necesitamos estas facultades”, sostuvo el pasado 3 de septiembre. Fujimori explicó que busca modificar la legislación para determinar que ciertas organizaciones criminales sean consideradas grupos hostiles o terroristas, fortalecer los servicios de inteligencia y ampliar la actuación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Al respecto, esta semana se inició en las comisiones de la Cámara de Diputados del Perú la votación del pedido de facultades, pero los primeros resultados fueron de rechazo.

¿Realmente el gobierno de Fujimori necesita que el Congreso le otorgue estas facultades para comenzar a enfrentar con mayor firmeza la criminalidad? Dos expertos peruanos en materia de seguridad consultados por BioBioChile coinciden en que el Ejecutivo tiene actualmente un amplio margen para actuar.

“El marco normativo no le impide hacer nada”

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior de Perú, considera razonable que un nuevo gobierno solicite facultades al Parlamento para realizar ajustes legales que le permitan implementar su programa. De hecho, explica que se trata de una práctica frecuente al comienzo de una gestión.

Sin embargo, no cree que la aprobación de estas atribuciones sea indispensable para enfrentar la actual crisis de seguridad.

“El marco normativo que hoy existe no le impide hacer nada, no le impide tener una Policía mucho más dinámica, más asertiva en el combate contra la inseguridad, no le impide construir penales de alta seguridad, no le impide tomar ninguna medida”, sostuvo Pedraza en conversación con BioBioChile.

El exministro recuerda que las principales amenazas que enfrenta actualmente Perú son la extorsión y el sicariato. En ese sentido, sostiene que la prioridad debería estar en fortalecer las capacidades que ya existen.

“Lo que se necesita hacer es inyectar recursos para hacer inteligencia, fortalecer el grupo que trabaja en extorsiones con personal policial, con tecnología, con más recursos”, señaló.

Pedraza recalca que para avanzar en ese objetivo no es necesario esperar una aprobación del Parlamento.

“El tema central entonces es la estrategia para combatir la extorsión y el sicariato, donde no se necesita ninguna facultad adicional, sino entender el fenómeno que el país vive en este momento”, agregó.

“Eso es gestión”

Una posición similar tiene Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, quien señala que algunas de las facultades solicitadas podrían ayudar a mejorar procedimientos y la coordinación entre instituciones. No obstante, afirma que varias materias incluidas en el pedido ya están suficientemente reguladas.

“En criminalidad común, yo no necesito de leyes ya, yo tengo suficientes leyes para afrontar la criminalidad común, la que se da en las calles”, señaló a BioBioChile.

Valdés menciona una serie de medidas que podrían aplicarse sin esperar nuevas normas: reforzar el control territorial con policías bien ubicados, reparar vehículos policiales que están fuera de servicio y modificar el régimen laboral en las comisarías. “Eso es gestión”, resume.

En el caso del crimen organizado, considera fundamental fortalecer la inteligencia estratégica, operativa, humana y tecnológica. Como ejemplo, señala que existen alrededor de 80 mil denuncias por extorsión acumuladas durante los últimos tres años, que contienen números telefónicos y cuentas bancarias que podrían cruzarse para detectar patrones y vínculos entre organizaciones.

“La inteligencia no es más que la información bien trabajada. Y estamos obviando toda esa información”, cuestionó.

Riesgos de otorgar facultades

El debate no se limita a determinar si estas atribuciones son necesarias. Al igual que ha ocurrido en Chile con la reforma constitucional de Kast, también surge la discusión sobre los límites que deben existir cuando se entregan nuevas herramientas al Ejecutivo en nombre de la seguridad.

Ernesto Zunini, diputado del partido Juntos por el Perú que perdió el balotaje, cuestionó la cantidad de facultades solicitadas por el Ejecutivo —66 pedidos en diferentes materias— y calificó la propuesta como un “intento encubierto de disolver la Cámara de Diputados”.

Aunque no volvió a mencionar el tema, en una entrevista con RPP remarcó que se trata de un “emplazamiento político” por parte del Ejecutivo.

“¿Dar más facultades a la Policía significa otorgar un mayor poder al Ejecutivo? Ese es el gran tema de debate”, dijo Wilfredo Pedraza sobre esta preocupación. Agregó que “siempre es una posibilidad porque la Policía está sujeta al mando del Poder Ejecutivo”; sin embargo, explicó que existen otras normas y antecedentes que establecen límites.

Valdés, en cambio, pone el foco en la posibilidad de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, debido a que el Gobierno ha mostrado su intención de otorgarles nuevas atribuciones en materia de orden interno.

“Me preocupa el rol de las Fuerzas Armadas”, afirmó, antes de cuestionar su desempeño en tareas de seguridad durante los últimos años, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico en la selva peruana.

¿Qué pasa si el Congreso dice que no?

Pese a sus cuestionamientos, Pedraza considera que el Parlamento debería conceder al Gobierno al menos las facultades urgentes. Su argumento es político: evitar que un eventual rechazo sea utilizado después para justificar la falta de resultados.

“Prefiero que se le otorguen facultades para que no exista ninguna justificación de no haber implementado alguna acción concreta y se justifique el fracaso. El Perú no está para fracasos, el Perú necesita la adopción de medidas urgentes”, sostuvo.

Valdés advierte precisamente sobre ese escenario. A su juicio, si el Congreso rechaza el pedido, el Gobierno podría responsabilizar a la oposición si la violencia continúa.

“Políticamente lo van a usar para poder justificar que, si las matanzas continúan, es porque el Congreso no se las dio (…) eso me parece criminal”, opinó.

Para el exviceministro, sin embargo, una negativa del Parlamento no impediría que Keiko Fujimori actúe desde ahora.

“No se requiere de facultades legislativas para gobernar, para que el Poder Ejecutivo realmente decida, tome decisiones correctas y para usar lo que el marco de la ley tiene actualmente. No lo está haciendo y puede hacerlo”, concluyó.