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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El exjefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de San Gregorio, Óscar Arturo Pérez López, fue formalizado por almacenar material pornográfico infantil en Punta Arenas. Tras una denuncia del municipio, se descubrió que usaba equipo institucional para acceder a contenido explícito con menores. Incautaron su computador con 159.396 archivos multimedia de carácter sexual. Detenido en Villarrica, se decretó arraigo nacional y 120 días para la investigación penal. Pérez López negó los cargos, pero se aconsejó guardar silencio.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en la región de Magallanes, formalizó la investigación en contra de Óscar Arturo Pérez López, exjefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de San Gregorio, imputado por el delito consumado de almacenamiento de material pornográfico infantil.

La causa se originó a raíz de una denuncia presentada el 6 de marzo de 2023 por el municipio, luego de que un sumario administrativo iniciado a fines de 2022 por infracciones a la probidad detectara que el exfuncionario utilizaba su equipo computacional institucional para acceder a contenido sexual explícito con menores de edad.

Durante las diligencias encabezadas por la Fiscalía, se incautó un computador portátil marca Lenovo asignado a Pérez López. Los peritajes exhaustivos confirmaron la presencia de un masivo volumen de material: un total de 159.396 archivos multimedia, entre fotos y videos que exhibían a niños, niñas y adolescentes en actos de connotación sexual.

Detención en Villarrica y cautelares

La audiencia, dirigida por la magistrada Mónica Mancilla, se desarrolló de forma telemática debido a que el imputado compareció desde la comuna de Villarrica. En dicho lugar fue detenido tras despacharse una orden judicial por no haberse presentado a una citación previa, levantándose en la sesión su condición de rebelde.

Pese a que Pérez López intentó interrumpir el procedimiento asegurando que las acusaciones eran falsas, tanto la jueza como su abogado defensor le aconsejaron guardar silencio.

A solicitud de la fiscal Wendoline Acuña, el tribunal decretó para el imputado la medida cautelar de arraigo nacional, prohibiéndole salir del país durante el desarrollo de la causa, y fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación penal. Tras la audiencia, el sujeto recuperó la libertad.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)