La reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Lima dejó una definición que reposiciona a Perú dentro de la agenda regional de seguridad: el país formalizó su ingreso al Escudo de las Américas, la coalición impulsada por la administración de Donald Trump contra el narcotráfico, el lavado de activos y las organizaciones criminales transnacionales.
La adhesión abre la puerta a una mayor cooperación en inteligencia, ciberseguridad y apoyo operativo, mientras Chile conserva una posición cautelosa frente a una iniciativa cuya naturaleza y alcances siguen bajo evaluación.
La incorporación peruana se oficializó tras la reunión de Rubio con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, el pasado 10 de septiembre. El encuentro formó parte de una gira regional que incluyó Colombia y Ecuador, con un mensaje político y de seguridad que la Casa Blanca busca consolidar en América Latina: Estados Unidos pretende volver a colocar al hemisferio en el centro de su estrategia exterior.
“Me complace mucho escuchar el anuncio de que Perú se unirá al Escudo de las Américas. ¿Contra qué es este escudo? Contra las amenazas a la soberanía de estas naciones independientes”, declaró Rubio en conferencia de prensa.
Para el Gobierno peruano, la entrada a esta alianza supone una herramienta frente a delitos que han adquirido dimensión regional. La presidente Fujimori sostuvo que el mecanismo permitirá renovar la cooperación bilateral con Washington y acceder a información para actuar contra las redes criminales.
“Para nosotros entrar al Escudo de las Américas es fundamental. Primero porque relanza el trabajo conjunto de ambos países. Nos va a permitir muchas cosas, entre ellas obtener información. Vamos a poder actuar de manera directa. Vamos a ser socios y aliados. Ese es el propósito del escudo”, afirmó la mandataria peruana.
La coalición
El Escudo de las Américas fue presentado como una coalición de países para coordinar respuestas frente a las bandas criminales, los carteles, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal masiva. La instancia se constituyó el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, bajo la presidencia de Donald Trump.
El listado inicial incluyó a países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Posteriormente, Colombia y Perú se incorporaron.
La descripción de la iniciativa presenta, de todos modos, matices relevantes respecto de Chile. Mientras uno de los antecedentes difundidos sobre la formación de la coalición lo incluye entre los 13 miembros iniciales, otras informaciones señalan que Santiago no se ha integrado plenamente y que su participación se limita a una condición de “observador” o a la suscripción de una declaración “sin efectos vinculantes”.
Esa diferencia resulta central para entender la cautela chilena. El debate no se concentra solo en la necesidad de cooperación frente al crimen organizado, sino también en el tipo de compromisos que cada gobierno está dispuesto a asumir dentro de una estructura regional liderada por Estados Unidos.
“Mecanismo multilateral”
El canciller peruano, Carlos Espá, defendió recientemente la adhesión de su país ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. Allí presentó el esquema como un mecanismo multilateral para combatir organizaciones que operan más allá de las fronteras nacionales.
“El Escudo de las Américas es un mecanismo multilateral en el cual 13 países en el mes de marzo decidieron juntarse para luchar contra las organizaciones criminales transnacionales y contra el lavado de activos”, manifestó Espá.
El diplomático añadió que el apoyo de Norteamérica podría fortalecer las capacidades estatales peruanas. “Con la colaboración en información y ciberseguridad, con el apoyo operativo y logístico que Estados Unidos está en capacidad de ofrecernos vamos a poder luchar contra el lavado de activos y las organizaciones criminales. Estamos seguros que vamos a tener un efecto mucho más importante”, señaló ante el Congreso.
Inteligencia y cooperación
La apuesta peruana se apoya en un diagnóstico compartido por autoridades y analistas: las principales estructuras criminales de la región no se limitan a un solo territorio y requieren mecanismos de coordinación internacional.
El excanciller peruano Luis Gonzales Posada sostuvo que la expansión de grupos como el Tren de Aragua, los Choneros de Ecuador y bandas vinculadas al sistema del “gota a gota” colombiano obliga a articular una respuesta conjunta.
“Son organizaciones criminales transnacionales a las cuales no las podemos enfrentar por separado”, advirtió en declaraciones a El Comercio.
Gonzales, además, planteó que una plataforma regional permitiría vincular organismos locales con agencias estadounidenses de experiencia en seguridad, como la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
“Acá se produce la droga y en Estados Unidos se consume. Entonces hay que actuar bilateralmente, pero en concordancia”, afirmó.
El exembajador peruano en Estados Unidos Alfredo Ferrero también destacó que la adhesión podría facilitar apoyo tecnológico y de inteligencia para enfrentar economías ilegales.
“Nosotros sabemos bien que el apoyo de la tecnología y la inteligencia de Estados Unidos es sustantivo para poder lograr los objetivos que el Perú tiene para reducir la inseguridad interna”, dijo al diario peruano.
Ferrero remarcó que la cooperación no supone, a su juicio, una cesión de autonomía. “Esto no implica resignar nuestra soberanía ni nuestra autonomía, es simplemente complementar los servicios de inteligencia y defensa continental para una lucha conjunta contra las economías ilegales, no solo el narcotráfico sino también la minería ilegal”, sostuvo.
Asuntos planteados
La eventual participación de fuerzas estadounidenses fue uno de los asuntos planteados tras la reunión de Palacio de Gobierno. Fujimori afirmó que cualquier ingreso de tropas deberá seguir los procedimientos establecidos por la normativa peruana y requerirá autorización del Congreso.
“Hay una ley específica en la Constitución. Cada vez que hay un ingreso de tropas a nuestro país, se pide un permiso especial al Congreso de la República y esto, por supuesto que se va a mantener. La soberanía de Perú está intacta”, expresó la presidenta.
La mandataria situó el objetivo de la cooperación en el fortalecimiento del Estado ante las organizaciones criminales. “Aquí lo que vamos a recuperar es el orden, la tranquilidad y la paz para todos los peruanos”, afirmó.
Beneficios económicos y comerciales
La visita de Rubio no se limitó al componente policial, militar o de inteligencia. El secretario de Estado indicó que la estrategia estadounidense para el hemisferio contempla resultados que los gobiernos aliados puedan exhibir ante sus ciudadanos en materias comerciales y económicas.
“Cuando un presidente sale electo y ese presidente decide cooperar y trabajar con Estados Unidos, es sumamente importante que le pueda enseñar al pueblo que hay beneficio en asociarse y trabajar con Estados Unidos, no solamente en el nivel de seguridad, sino también al nivel comercial y económico”, agregó.
Rubio sostuvo que Estados Unidos dará prioridad a América Latina porque los problemas regionales tienen consecuencias directas para su país. “La geografía es real y los problemas del hemisferio nos afectan a nosotros directamente”, acotó.
En una columna publicada por El Comercio, el secretario de Estado planteó que la relación económica con Perú debe basarse en inversiones transparentes en sectores estratégicos.
En ese texto, cuestionó los proyectos asociados al Partido Comunista Chino y sostuvo que el sector privado estadounidense ofrece inversiones que “preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio”.
El mensaje de Rubio se produjo en un escenario donde China ha ampliado su presencia económica en Perú, con el megapuerto de Chancay como uno de los proyectos más citados.
Una pregunta formulada al secretario de Estado durante la actividad en Lima aludió expresamente a las inversiones chinas y a la disposición del Gobierno de Fujimori de profundizar su asociación con Washington.
La respuesta de Rubio apuntó a una política de mayor involucramiento estadounidense en la región. “No es prioridad retórica”, dijo, y añadió que habrá “esfuerzos concretos” más allá del Escudo de las Américas.
¿Qué pasa con Chile?
En Chile, la situación aparece menos definida. En agosto, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, divulgó que el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, firmó el 12 de marzo una Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles.
El acto ocurrió un día después de que Barros asumiera formalmente sus funciones en el gobierno del presidente José Antonio Kast. La actividad se desarrolló los días 4 y 5 de marzo de este año y reunió a autoridades de 17 países americanos bajo la conducción del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
Judd afirmó en redes sociales que la suscripción chilena de la declaración de la Americas Counter Cartel Coalition (A3C) “reafirma nuestro compromiso de profundizar la cooperación bilateral y regional frente a las amenazas que afectan a nuestro hemisferio”.
Desde el Ministerio de Defensa de Chile, no obstante, descartaron que la firma equivalga a un acuerdo formal o a una integración del país en operaciones de la coalición.
La cartera sostuvo que el documento representa una “declaración de buenas intenciones” o de “intereses”, sin que implique la adopción del acuerdo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre según el mismo antecedente, señaló que la iniciativa se encuentra en evaluación.
La posición de Barros también quedó asociada a una señal de distancia frente al enfoque estadounidense. El ministro declaró que Chile “no es el patio trasero de ningún país”, una frase pronunciada en medio de las discusiones sobre operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el aumento de la inversión en defensa.
El sociólogo y analista político peruano Santiago Pedraglio fue más explícito al describir el lugar de Chile dentro del mecanismo.
“Chile no está como integrante pleno en el escudo de las Américas. Chile está como observador, en categoría de observador”, afirmó en una entrevista difundida por La Mula.
Pedraglio vinculó esa postura con la institucionalidad chilena y con la necesidad de conservar márgenes propios frente a la iniciativa.
“Ellos no son integrantes plenos ni tampoco quieren serlo”, señaló. También recordó la declaración del ministro de Defensa chileno: “Nosotros no somos patio trasero de nadie”.
En ese mismo diálogo, el analista sostuvo que Guatemala y Uruguay tampoco participan, ni siquiera como observadores. El Perú ya tomó la decisión, mientras Chile parece permanecer en una condición distinta y distante.
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