La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la Casa Nacional del Niño, tales como falencias en las condiciones sanitarias de la residencia, falta de control de la salud de los menores y demoras en los procesos de denuncias de posibles delitos.
La residencia, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Servicio de Protección), atendía al 31 de diciembre de 2025 a más de cien menores cuyos derechos fueron vulnerados.
Entre ellos, 63 tienen de 0 a 3 años y 11 meses; 36 tienen una edad de entre 4 años y 8 años y 11 meses; 16 menores tienen entre 9 y 13 años y 11 meses, y la edad de un adolescente está entre los 14 y 17 años y 11 meses.
En ese contexto, el organismo contralor procedió a fiscalizar el funcionamiento operativo, técnico y administrativo de la Casa Nacional del Niño.
Falencias en el control de salud en la Casa Nacional del Niño
Según la investigación, el ente fiscalizador observó inconsistencias, omisiones y falta de actualización de los antecedentes que posee la residencia y la información registrada en el Sistema Integrado de Información (SIS).
De este modo, se verificaron diferencias sobre las condiciones permanentes de salud, hospitalizaciones, atenciones de especialidad, controles médicos y otros antecedentes clínicos relevantes de los niños, niñas y adolescentes.
También se detectó que en la Casa Nacional del Niño no se utilizan los registros institucionales obligatorios para el control de las atenciones de salud y gestión de medicamentos de los menores.
Por este motivo, existen anotaciones manuales, hojas de evolución, tarjetas de tratamiento y otros registros internos no estandarizados. Esta irregularidad impide mantener trazabilidad y un adecuado control de las actuaciones de salud y su gestión farmacológica.
Del mismo modo, se hallaron debilidades en el registro y la trazabilidad de las salidas de los menores a centros de salud, pues el libro de interconsultas no poseía información suficiente para reconstruir plenamente la salida y el regreso de los menores a la residencia.
El organismo contralor igualmente observó irregularidades con la gestión clínica de la residencia, en lo referido al almacenamiento, segregación y conservación de medicamentos e insumos clínicos, y al registro, inventario y trazabilidad de stock.
Además, se detectó que el Servicio Dietético de Leche (SEDILE) estaba fuera de funcionamiento, tras el análisis de los antecedentes remitidos y una inspección en terreno realizada por el equipo de Contraloría Regional el pasado 10 de abril.
Vale mencionar que el SEDILE es un equipamiento crítico destinado a la esterilización y desinfección de implementos utilizados en la alimentación infantil incluyendo un autoclave (esterilizador) y un termodesinfectador de mamaderas.
Lo anterior no sería un hecho aislado, pues la inoperatividad del autoclave se informó a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Protección en junio de 2022, situación que a la fecha de la fiscalización no se había solucionado.
Contraloría también identificó que existe una ausencia de definiciones claras y de una formalización del modelo operativo integrado para su funcionamiento.
En ese sentido, se encontraron deficiencias en la asignación de casos de menores a las duplas psicológicas, al igual que en la organización del cuidado directo, el cual no tenía una estructuración adecuada de acuerdo con las etapas del ciclo vital y el perfil de atención de cada menor, lo que evidencia un incumplimiento de los estándares requeridos para propiciar un acompañamiento adecuado.
Contraloría identifica demora en denuncias
Otro aspecto a considerar en el informe de Contraloría es el incumplimiento de plazos determinados para denunciar, comunicar y registrar en el Sistema Integrado de Información hechos que eventualmente podrían constituir delitos y que estaban vinculados a menores bajo la protección de la residencia.
En la fiscalización se constataron retrasos en actuaciones que debían llevarse a cabo en los plazos fijados por el Código Procesal Penal.
De acuerdo con la normativa vigente, el director o directora del proyecto debe denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad respectiva, como máximo, dentro de las 24 horas siguientes a que se toma conocimiento de los hechos, lo que en muchos casos no se cumplió oportunamente.
Condiciones sanitarias deficientes en la residencia
La Contraloría también expuso falencias en la Unidad Central de Producción de Alimentos y en el almacenamiento de alimentos en la bodega central.
En esa misma línea, se verificó la presencia de insectos, mallas mosqueteras dañadas y sucias, falta de mantención de la campana de cocina, sifones de lavaplatos sucios y sin adecuada mantención y la ausencia de ventilación suficiente en las cámaras de frío, entre otras.
Respecto al almacenamiento, fueron hallados productos dispuestos directamente sobre el piso, exceso de acopio, ocupación de espacios de tránsito y disposición de productos próximos a muros y techos, sin condiciones suficientes para su adecuada ventilación, inspección, limpieza, rotación e identificación.
Finalmente, el organismo contralor advirtió irregularidades en el control preventivo de las condiciones de seguridad y deficiencias en el equipamiento y los espacios usados en la residencia.
Entre las irregularidades halladas en ese ámbito, había puertas con desperfecto operacional, una piscina desmontable instalada en un patio contiguo a una zona de juegos infantiles, deficiencias en el resguardo de equipamiento de emergencia —con el DEA fuera de su gabinete— y cajas con información histórica de menores en sectores no habilitados para ello, entre otras falencias.
La Contraloría dio un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Nacional del Servicio de Protección para referirse al inicio de un sumario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos señalados.
Enviando corrección, espere un momento...
