La misma aplanadora con buena escenografía

Hay una escena que ya vimos este año y que estamos a punto de ver de nuevo. El gobierno anuncia una reforma grande, la vende como urgente e impostergable, y arma alrededor un despliegue comunicacional impecable: cadena nacional, firma solemne, titulares preparados. El problema es lo que pasa un par de días después, cuando se descubre que ese anuncio se hizo antes de tener el texto listo, antes de hablar con el Congreso y, en algunos casos, antes incluso de hablar con sus propios ministros. Con la megarreforma tributaria el protagonista de esa escena fue Jorge Quiroz. Con la reforma constitucional de seguridad, el protagonista es Martín Arrau. El ministro cambia. El método, no.

Empecemos por lo más reciente. El borrador de la reforma de seguridad no lo presentó el gobierno: lo filtraron ellos mismos a la prensa. Kast ya lo había firmado en un acto público el 10 de agosto, como si fuera un texto cerrado, pero no. El texto final no existía y el propio Arrau reconocía ante otros dirigentes que “no estaba terminado”.

O sea, el Presidente firmó primero y el ministro terminó de escribir después. Y el Congreso, que en teoría es donde se tramitan las reformas constitucionales, se enteró como todos nosotros: por la prensa. Pedro Araya, senador y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, lo dijo sin vueltas: no ha tenido diálogo prelegislativo con el gobierno por este proyecto, solo “rebotes por WhatsApp”. Así no se construye una reforma a la Constitución. Así se construye un titular.

Y dentro del propio gobierno la cosa no estaba mejor. La ministra de Salud, May Chomali, se enteró de que la reforma iba a limitar el acceso a salud de personas que ya cumplieron su condena y dijo, con una honestidad que la honra, que “cuando esto avance vamos a ser consultados”. Léase bien: la ministra de Salud avisando que todavía no la consultan sobre una norma que afecta directamente su cartera.

Y cuando a Arrau le pidieron explicar por qué se le pueden quitar derechos sociales a alguien que ya pagó su condena, respondió con dos frases que deberían darle vueltas a cualquiera: se podría “hacer una encuesta y preguntarle a la gente” quién tiene derecho a la salud, y que la salud, la educación y las pensiones son “derechos sociales de segunda generación”. No es un desliz verbal: es la evidencia de un gobierno que está para intentar ganar una batalla cultural.

El patrón no es nuevo ni exclusivo de seguridad. Lo vimos primero con los recortes a áreas especialmente sensibles, donde incluso el ministro Iván Poduje tuvo que alertar de manera pública que necesitaba esos recursos. Después con la megarreforma tributaria en que no hubo disposición a conversar, ni menos a llegar a acuerdos con quienes estamos en la otra vereda.

Quiroz empujó el proyecto a punta de negociación de votos mientras la oposición reclamaba que no había espacio real para modificar el fondo. Con la reforma de seguridad, Arrau firma y anuncia mientras su propia ministra de Salud espera que la consulten y el Congreso se entera por un grupo de WhatsApp. En ambos casos el mensaje del gobierno hacia afuera es “esto es urgente, hay que aprobarlo ya”.

Nosotros en el PPD no le vamos a hacer el quite a discutir seguridad ni tampoco a discutir cómo se financia la reconstrucción del país. Son problemas reales y hay que resolverlos. Pero una reforma que se filtra antes de estar lista, que un ministro defiende con la lógica de una encuesta de opinión, y que ni el gabinete ni el Congreso alcanzaron a conocer a tiempo, no es una reforma seria: es una aplanadora con buena escenografía. Y la única maquinaria que Chile necesita hoy es una que sea capaz de escuchar antes de anunciar. Esa es la diferencia entre gobernar y solamente pasar por encima.