La mano dura no es el problema: es quién sostiene el martillo y el riesgo de aplastar a un inocente

En tiempos de zozobra e inseguridad, la tentación de la venganza suele imponerse a la razón pública. Ante la irrupción de fenómenos brutales como el narcotráfico, las bandas de sicariato o estructuras del crimen transnacional organizadas al estilo del Tren de Aragua, el clamor ciudadano exige respuestas categóricas.

Este escenario ha tomado forma en la reciente propuesta legislativa y constitucional en Chile tras el ingreso de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) por parte del Ejecutivo, la cual busca consagrar herramientas de excepción, regímenes de aislamiento severo y suspensión de derechos.

Sin embargo, aunque la iniciativa se presente como un cerco exclusivo contra la mafia, -a mi criterio- elevar estas barreras al rango constitucional abre una puerta sumamente peligrosa, dado que el Estado adquiere la facultad de arrebatar derechos fundamentales bajo la bandera de la emergencia, la frontera entre el narco transnacional y el ciudadano común que consume podría tender, con el tiempo, a volverse sospechosamente difusa.

Confiar ciegamente en este poder absoluto exige asumir que el sistema judicial es infalible, una premisa insostenible ante la realidad chilena. ¿Podemos garantizar que todos los juicios en nuestro país son llevados con impecable debido proceso? En una coyuntura cruzada por escándalos de corrupción, tráficos de influencias y redes opacas que han sacudido incluso a las más altas esferas del Poder Judicial, transformar al Estado en una mano acusadora con facultades draconianas es un acto de temible ingenuidad.

Además, en Chile el acceso a la justicia opera bajo una lógica marcadamente mercantil. Cuando la ciudadanía debe pagar tarifas desmedidas a notarios públicos para validar actos básicos, o cuando el trabajo de los receptores judiciales se rige por cobros reales que sobrepasan con frecuencia los aranceles fijados por el propio sistema, la justicia deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un bien de consumo. Quien tiene el dinero paga su defensa y sortea la burocracia; quien carece de recursos queda a merced de un engranaje impersonal que bien puede fallar en su contra.

El error de este enfoque radica en intentar replicar una versión descafeinada del modelo carcelario de El Salvador, ignorando la diferencia de fondo. En el contexto salvadoreño se impuso la mano dura, esta se proyectó de forma transversal, alcanzando no solo a las pandillas, sino también a la corrupción y a los delitos de cuello y corbata bajo la máxima de que “cuando nadie roba, alcanza para todos”. Chile se encuentra a años luz de esa simetría.

Mientras los delitos económicos y las irregularidades de las élites suelen resolverse en la impunidad o en sanciones administrativas, la mano dura estatal amenaza con descargarse con todo su peso sobre los eslabones más débiles de la cadena penal, donde el margen de error judicial es más alto y el derecho a la defensa, más precario.

Para entender el verdadero impacto de quitar derechos a nivel sistémico, basta mirar la dinámica de cualquier núcleo familiar ante la falta de uno de los suyos. Por ejemplo si un hijo comete un error grave o rompe las reglas de la casa, la familia que busca educar impone un castigo firme, establece límites y exige una reparación, pero jamás le quita la condición de hijo ni le cierra para siempre la puerta del hogar. Si esa familia decidiera despojarlo de todo afecto, negarle el sustento y repetirle a diario que es una basura irrecuperable, no estaría corrigiendo la falta; estaría expulsando a ese hijo a los brazos de quienes sí le ofrezcan un lugar, aunque sea en la marginalidad.

Lo mismo ocurre a escala social, con un agravante directo, preocupante a mi parecer. La inmensa mayoría de las ayudas y redes de protección social están diseñadas para sostener a los hogares y a la infancia, no solo al individuo. Retirar de forma tajante estas prestaciones como castigo penal se convierte en un acto draconiano que no solo golpea al infractor, sino que arruina a su pareja, sus hijos y su núcleo dependiente. Al privar a una familia de las herramientas mínimas de subsistencia, la sociedad no está haciendo justicia; está sentenciando a la descendencia al desamparo y al resentimiento, empujando a una nueva generación a mantener el “negocio familiar” delictivo como única alternativa de supervivencia.

Esta ética de la responsabilidad y el rescate encuentra un eco profundo en los pilares fundamentales de nuestra cultura, donde la pasaje bíblico de Hebreos 13:3 nos exhorta: “Acuérdense de los que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos”. Aquel pasaje no pide impunidad, sino recordar la fragilidad humana y evitar que el Estado aplaste la dignidad. Si a una persona privada de libertad (alguien que bien pudo haber caído por un error, una adicción o incluso un fallo del propio sistema) se le arrebata la educación, la salud y las oportunidades de enmendar, como comunidad le estariamos confirmando que no hay retorno posible.

Desde el marco jurídico internacional, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) recuerdan que la prisión no debe agravar el sufrimiento inherente a la pérdida de libertad. Asimismo, el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) consagra que la pena debe buscar la readaptación social. Criminólogos como Shadd Maruna, en su estudio Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives, reafirman que el “desistimiento criminal” requiere que la sociedad ofrezca caminos legítimos de redención.

Entonces otorgar al Estado el poder absoluto de despojar de derechos a los reclusos en un sistema con inequidades de acceso y sombras de corrupción no destruye al crimen organizado; destruye la posibilidad de rescatar a quien aún puede enmendar su camino. Creer en la reinserción y en el debido proceso no es ingenuidad, es la única garantía de que la herramienta pensada para perseguir al delincuente no termine, el día de mañana, aplastando al inocente y condenando a toda su familia al pozo sin fondo del delito.