Tres sujetos detenidos dejó un operativo destinado a desarticular una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, favorecimiento de la prostitución y lavado de activos, que operaba en el sector oriente de Santiago.
De los tres sujetos formalizados, dos eran de nacionalidad ecuatoriana, uno de ellos con situación migratoria irregular y otro con residencia definitiva. Y además, una mujer de nacionalidad chilena.
De acuerdo a la Policía de Investigaciones (PDI), la agrupación era liderada por el ciudadano ecuatoriano. Éste utilizaba la fachada de una empresa de Gestión de Proyectos Profesionales para ocultar los ingresos obtenidos a través del negocio ilícito.
Estructura criminal
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Camila López, detalló que la investigación se inició a partir de una denuncia anónima. Aquello permitió a los equipos especializados de la PDI comenzar las diligencias para determinar cómo operaba la organización.
“En su inicio las mujeres sabían a lo que se iban a dedicar”, indicó. “Pero efectivamente existía un cierto control por parte del cabecilla de esta organización, Juan Carlos Romo Castelo, quien ejercía cierta coacción para ejercer esta prostitución”, sostuvo.
“Él dirigía esta organización y se apoyaba con su pareja Laisy Gómez, chilena, quien era la encargada de facilitar los medios para que esta organización pudiera operar”, detalló la fiscal.
“Esto lo hacía a través de una empresa creada por ella, Gestión de Proyectos Profesionales“.
Asimismo, “con la apertura de diversas cuentas en distintos bancos para poder operar”.
Mecanismo de control
La fiscal López apuntó que entre las mujeres se encuentra una ciudadana colombiana. Su ingreso a Chile habría sido facilitado por Romo Castelo, para que ejerciera exclusivamente la prostitución bajo su dirección.
“Además él mantenía cámaras dentro de los departamentos que se ubicaban en Providencia donde se ejercía el comercio sexual”, detalló. “Además, para tenerlas grabadas, un libro de asistencia y un bollero con el cual ellas ingresaban y debían fichar su ingreso para él mantener ese control”, agregó la fiscal.
La prefecta Elena Hidalgo, jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas en la PDI, explicó que “en algunos casos los gastos de las personas captadas eran pagados por la estructura criminal”.
En otros casos, se trataba de personas que ya ejercían el comercio sexual, pero la organización pagaba los pasajes y gastos de traslado para su ingreso al país.
Según detallaron desde la Fiscalía, en total fueron rescatadas 13 mujeres mayores de edad, de nacionalidad argentina, colombiana, venezolana y chilena.
“El perfil de estas víctimas son, por un lado, mujeres extranjeras, sin red de apoyo”. Y además, “mujeres chilenas, y todas con una situación de vulnerabilidad, de carencia económica”, señalaron.
Ingresos millonarios
A raíz de la investigación se logró establecer que la estructura funcionaba desde 2021. Durante el procedimiento fueron congeladas 14 cuentas corrientes bancarias pertenecientes a los imputados.
La prefecta Hidalgo indicó que se detectaron movimientos en cuentas bancarias superiores a los 3.600 millones de pesos, con ganancias para la organización que superan los 1.800 millones de pesos.
La prefecta aclaró que “la prostitución en Chile no es un delito, siempre y cuando sea ejercida de manera autónoma y voluntaria”. Y añadió que es un delito cuando “un tercero genera ganancias a partir de ella”.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los tres imputados. De ellos, dos quedaron con dicha medida cautelar y el tercero con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
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