La información es de Sebastián Catalán
Una nueva jornada de incidentes se vivió esta semana en el Instituto Nacional y sus alrededores, luego que un grupo de encapuchados vestidos con overoles blancos rompió las puertas de los baños al interior del establecimiento y posteriormente salió hacia el exterior del recinto.
Una vez en la vía pública, los manifestantes lanzaron bombas molotov contra personal de Carabineros e instalaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del establecimiento.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro rechazó los hechos, señalando que evaluarán medidas para recuperar las horas perdidas, como jornadas extendidas y ajustes al calendario escolar.
También pidió apoyo del Ministerio de Seguridad, Carabineros y el Ministerio Público para abordar el problema de forma integral.
Desde el municipio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, pidió al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Pública actuar con mayor firmeza y sin demoras. Además, sostuvo que se debe solicitar de inmediato la intervención de Carabineros para detener en flagrancia a quienes calificó como delincuentes que dañan la educación pública.
Piden prevención y reinserción social
El ex comisario de la PDI, Carlos Collao, sostuvo que enfrentar la violencia en los colegios emblemáticos requiere una acción coordinada entre el Estado, los establecimientos y sus directivos. A su juicio, es clave identificar y sancionar a los alumnos, apoderados y exalumnos que participan o incentivan estos hechos.
Respecto a la rebaja de la edad de responsabilidad penal, señaló que por sí sola no resolverá el problema. Indicó que cualquier cambio debe ir acompañado de políticas de prevención, reinserción social y un tratamiento especial para los menores involucrados, ya que la persecución penal, por sí sola, no basta.
El nuevo episodio vuelve a tensionar el debate sobre seguridad escolar en los liceos emblemáticos, donde autoridades y especialistas coinciden en la necesidad de combinar control, sanciones y prevención para resguardar el derecho a estudiar.
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