Con el inicio de la discusión en particular del Proyecto de Reconstrucción, conocido también como megarreforma, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) presentaron un paquete de 22 indicaciones conjuntas destinadas a corregir las normas ambientales contenidas en la iniciativa. A juicio de los parlamentarios, estas disposiciones representan un retroceso en la institucionalidad ambiental y requieren una revisión de fondo.
Las indicaciones apuntan, entre otras materias, a fortalecer la evaluación ambiental de relocalizaciones de concesiones acuícolas, limitar los llamados “ajustes cartográficos” y reforzar la protección de áreas protegidas. Además, buscan eliminar disposiciones consideradas regresivas y modificar normas sobre invalidación de resoluciones de calificación ambiental y medidas cautelares, además de suprimir diversos artículos del proyecto.
Cuestionamientos a la constitucionalidad de megarreforma
El senador Alfonso de Urresti señaló que las exposiciones de académicos y exautoridades durante la sesión reforzaron las dudas respecto de la constitucionalidad de algunas disposiciones del proyecto.
“Las declaraciones hoy día, principalmente de académicos y ex autoridades, nos confirman la inconstitucionalidad de esa norma, que no solo tiene efectos desde el punto de vista patrimonial para el Estado de Chile, sino que también contiene disposiciones que van directamente en vulneración del texto constitucional”, afirmó el parlamentario.
De Urresti agregó que las observaciones apuntan particularmente a la norma que establece compensaciones cuando se invalida una resolución de calificación ambiental y a otras disposiciones que calificó como regresivas e inéditas en el ordenamiento jurídico. “Escuchamos hoy día a varios académicos. Incluso la Sofofa, la CTC y otras entidades gremiales del empresariado han manifestado sus dudas porque no van en el camino correcto”, complementó.
Asimismo, reiteró la necesidad de dividir la iniciativa para discutir las normas ambientales de manera independiente, afirmando que “estas normas ambientales en esta comisión especializada se pueden discutir con tiempo, con razón y con argumentación, y no dentro de una ley mal llamada de reconstrucción nacional”.
Respecto de las acciones que evalúa la oposición, el senador agregó que están “estudiando la posibilidad de hacer una presentación al Tribunal Constitucional, porque claramente tiene visos de inconstitucionalidad”.
Coordinación opositora para indicaciones a megarreforma
Por su parte, el senador Ricardo Celis destacó el trabajo coordinado entre los parlamentarios y sostuvo que el debate ambiental debe darse en la comisión especializada. “Hemos tenido la voluntad de firmar 22 indicaciones en forma conjunta, porque creemos que este es un mal proyecto desde el punto de vista medioambiental, que le hace daño a Chile en términos generales”, expresó.
Celis añadió que es necesario realizar correcciones medioambientales y que así lo han manifestado a las autoridades. “Hay que hacer correcciones medioambientales, se lo hemos manifestado al ministro y a las autoridades. Y, además, les hemos dicho que si quieren tratar temas medioambientales, que los vengan a tratar aquí, a la Comisión de Medio Ambiente y no por fuera”, sentenció.
En tanto, el senador Diego Ibáñez cuestionó especialmente la norma que contempla compensaciones cuando se invalida una resolución de calificación ambiental. “Es una mala reforma que debilita la protección ambiental”, insistió.
Ibáñez profundizó en sus críticas al señalar que “hoy el ministro Quiroz confesó que en ninguna parte del mundo existe la norma que él hoy está proponiendo, que es que el Estado restituya al privado cuando a este se le anula un permiso ambiental por contaminación”. Asimismo, el parlamentario calificó la propuesta como un “verdadero invento en materia medioambiental para beneficiar al privado que operaría como una especie de seguro sin ningún tipo de contribución para el fisco”.
Evaluación de acciones legales ante el Tribunal Constitucional
Finalmente, el parlamentario sostuvo que han “presentado más de 20 indicaciones conjuntas con toda la oposición y estamos evaluando seriamente recurrir al Tribunal Constitucional producto de la restitución de fondos a una resolución de calificación ambiental anulada”.
Con estas acciones, la oposición busca frenar lo que consideran una vulneración al marco normativo vigente y a la Carta Fundamental.
El escenario en la comisión se mantiene tenso, a la espera de la discusión de las indicaciones y de una posible presentación ante el máximo tribunal constitucional del país.
Los senadores de la oposición han manifestado su intención de agotar todas las instancias parlamentarias para modificar el proyecto, insistiendo en que las normas ambientales deben ser tratadas con la rigurosidad que una comisión especializada puede ofrecer.
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