Luego de que la Fiscalía Centro Norte presentara la acusación buscando una condena de 26 años de cárcel para Raúl Torrealba, la defensa del exalcalde de Vitacura pidió reabrir la investigación penal en su contra, solicitando incluso diligencias sobre su círculo cercano.
Fraude al fisco, lavado de dinero, declaración maliciosamente incompleta de impuestos y obtención indebida de devoluciones tributarias son los delitos de corrupción por los que la fiscalía busca la condena para el exjefe comunal. Se estima que habría causado un perjuicio fiscal ascendente a más de $760 millones.
El tribunal dio paso a la audiencia de preparación del juicio oral, fijada para el próximo 13 de julio.
Sin embargo, sus abogados ahora buscan que se retome la investigación iniciada en 2023. ¿Su argumento? Esta no sería consistente, faltando diversos puntos a indagar.
¿Qué diligencias pide la defensa de Torrealba?
Entre las nuevas diligencias solicitadas está la obtención de antecedentes desde 18 organismos públicos y privados.
Entre ellos, la Municipalidad de Vitacura, la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, conservadores de bienes raíces, entidades previsionales, isapres e instituciones bancarias.
Además, los abogados solicitaron profundizar la investigación sobre las cuentas bancarias y movimientos financieros de exfuncionarios que asoman en el círculo de confianza del imputado.
De hecho, la defensa del exalcalde de Vitacura no solo quiere que la investigación se reabra considerando a sus excoimputados: también requiere una indagación a los familiares de dichas personas.
¿Qué dice la parte querellante?
Alejandro Espinoza, abogado querellante por la Municipalidad de Vitacura, abordó la solicitud en diálogo con La Tercera. “Corresponde a un derecho que puede ejercer y deberá ser evaluada su pertinencia por el tribunal”, señaló.
Eso sí, fue enfático en que “cualquier diligencia pendiente planteada por la defensa sea pertinente y no dilatoria”. “A objeto de que la causa avance a juicio oral a la brevedad”, cerró.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó el 13 de julio una audiencia para discutir la petición de Torrealba y compañía. Dicho día coincidirá con la preparación del juicio oral.
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