La ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Bárbara Quintana Letelier, acusa a una inspectora de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Providencia de alterar un informe policial para vincularla a un supuesto autorrobo.
La querella fue ingresada al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a la funcionaria de la Policía de Investigaciones Arlette Patricia Cutiño Gottchalk por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de ese documento y denuncia calumniosa.
Según el escrito, la investigación se originó por el robo del celular de su madre, la exministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier Ramírez, ocurrido el 29 de octubre de 2025 entre las 20.30 y 21.30 horas en la comuna de Providencia. La afectada denunció el hecho al día siguiente ante Carabineros.
La ministra sostiene que en el marco de esa investigación “se construyó una versión de los hechos que no se ajusta a la realidad” y que terminó exponiéndola públicamente. La querella señala que ese relato la vincula en una maniobra inexistente.
Informe policial habría sido alterado deliberadamente
El núcleo de la querella apunta a que un informe policial “habría sido alterado deliberadamente, eliminando datos claves de la georreferenciación de llamadas telefónicas”. Según la presentación, esa manipulación permitió instalar la tesis de un supuesto autorrobo.
La acción judicial detalla que “la querellada y su grupo investigativo ADULTERARON UN DOCUMENTO OFICIAL (material e ideológicamente), PERO ADEMÁS ATRIBUYERON A LA SRA. QUINTANA UN HECHO QUE ESTA JAMÁS REALIZÓ CON INFORMACIÓN COMPLETAMENTE FALSA”.
De acuerdo con el libelo, documentos posteriores de la propia compañía telefónica ubican a ambas involucradas en comunas distintas la noche de los hechos. En esa línea, la querella señala que “las georeferenciaciones de la llamada que la Sra. Quintana realiza al teléfono sustraído de su madre a las 21.58 horas, fueron deliberadamente borradas del informe emitido por Movistar”.
La empresa de telefonía, a solicitud de la ministra, entregó un informe donde todas las llamadas aparecen georreferenciadas en el sector de Los Trapenses, comuna de Lo Barnechea, donde reside la querellante. En tanto, el teléfono de su madre se mantuvo ubicado en Providencia.
Uso del informe para diligencias intrusivas y filtración a medios
La acción judicial también apunta a la utilización de ese informe en diligencias como órdenes de entrada y registro e incautación, además de su difusión en medios de comunicación a través de filtraciones. La querella acusa un daño directo a la honra de la afectada.
El escrito sostiene que se le imputó falsamente un delito, lo que podría configurar calumnias e injurias. Además, señala que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos, usó la información de esta causa para solicitar “la intrusiva de entrada y registro, con descerrajamiento e incautación del teléfono móvil” de la madre de la querellante.
La querella añade que la ministra Quintana Letelier “ha visto verse expuesta en diversos medios de prensa, en particular y en el último tiempo en entrevistas que la fiscal Sra. Claudia Perivancic Hoyelos ha dado en diversos medios”. Señala que se le atribuyeron hechos como efectivos sin resguardo de ser una investigación en desarrollo.
Fundamentos y diligencias solicitadas
La acción judicial se funda en los artículos 193, 194, 196, 412 y 416 del Código Penal. La querella sostiene que existe falsificación material, “por cuanto existe alteración física de un documento verdadero como es la orden de investigar”, y también falsificación ideológica, “toda vez que, se realiza en ella la inserción de conclusiones falsas a sabiendas”.
El abogado patrocinante Juan Felipe Letelier solicitó al tribunal que se cite a declarar a la funcionaria Arlette Cutiño, a la fiscal Claudia Perivancich y a la propia querellante. También acompañó los tráficos de llamadas de la empresa Movistar y el comprobante de autopista Costanera Norte.
Así las cosas, la querella deberá ser revisada por un juez para determinar si se provee la acción en contra de la funcionaria de la Policía de Investigaciones.
Cabe destacar que hasta ahora la citada querella no ha sido acogida a trámite, según consta en la oficina virtual del Poder Judicial.
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