Por años, en distintas municipalidades del país se instaló una fórmula que pocos cuestionaron: reemplazar la entrega directa de uniformes por tarjetas gift card para que funcionarios adquirieran vestuario y calzado por cuenta propia. La Municipalidad de Santiago, encabezada por Mario Desbordes, no fue la excepción.
Mediante un oficio fechado el 23 de abril, la Contraloría General de la República (CGR) resolvió que “no resultó procedente” que la Municipalidad de Santiago entregara dichas tarjetas a los funcionarios para ese fin, luego de una presentación formulada por el concejal Vicente Martínez (Republicano).
El pronunciamiento aborda dos materias: primero, el uso de gift cards para vestuario; y segundo, una paralización de funcionarios ocurrida el 28 de mayo de 2025, mientras se desarrollaba una sesión del concejo municipal.
Gift cards bajo la lupa
En su presentación, el concejal republicano sostuvo que el municipio entregó gift cards para comprar vestuario y calzado pese a que funcionarios ya reciben ropa técnica para desempeñar labores. La Municipalidad liderada por Desbordes respondió que la medida se enmarcaba en su reglamento interno N° 938 de 2022 y en una licitación adjudicada a la Sociedad de Confecciones CLER Limitada.
Sin embargo, la Contraloría recordó su jurisprudencia al sostener que los municipios sí pueden proporcionar vestuario, pero solo cuando este tenga carácter de uniforme institucional. Es decir, prendas similares, distintivas, de uso obligatorio durante la jornada y entregadas en interés del servicio, no como beneficio patrimonial para el trabajador.
El órgano fiscalizador concluyó que las prendas descritas por Santiago eran demasiado genéricas y carecían de especificaciones suficientes para ser consideradas uniforme. Entre ellas se mencionaban chaquetas, camisas, pantalones, corbatas, impermeables, vestidos, faldas, blazers y chalecos, entre otros.
En palabras del oficio, esas prendas “no reúnen las condiciones suficientes para que se configuren como una vestimenta común, ordenada y distintiva” y, por lo mismo, no podían financiarse bajo la lógica de uniforme institucional.
Falta de control
La resolución añadió otro cuestionamiento: la imposibilidad de acreditar controles efectivos sobre lo comprado con las tarjetas que se entregaron.
Contraloría señaló que “no se ha podido constatar que ese municipio haya efectuado un control idóneo para verificar que los bienes adquiridos por los funcionarios beneficiarios pertenecieran a los rubros permitidos”.
Ese punto es especialmente delicado, porque compromete la correcta utilización de recursos públicos y la trazabilidad del gasto municipal, situación que, a la luz de lo dicho por la Contraloría, es de completa gravedad.
Como medida correctiva, ordenó al municipio revisar y adecuar su reglamento interno, además de informar en un plazo de 30 días hábiles las acciones adoptadas para evitar que estas situaciones se repitan.
Descuento obligatorio
El mismo oficio también se pronunció sobre una protesta de funcionarios municipales realizada el 28 de mayo de 2025 en el frontis del Palacio Consistorial, donde —según el reclamante— hubo paralización de servicios por más de tres horas.
Sobre ese episodio, Contraloría recordó que, si se comprueba la ausencia de funcionarios por adhesión voluntaria a una paralización ilegal, corresponde descontar de sus remuneraciones el tiempo no trabajado.
El documento indica que esa conducta “no configura ninguna causal que justifique su inasistencia” ni constituye excepción al principio retributivo que permite percibir remuneraciones por servicios efectivamente prestados.
Más allá del caso que envuelve a la Municipalidad de Santiago, el pronunciamiento puede transformarse en una señal para otros municipios que operan bajo esquemas similares, tanto en beneficios asociados a vestuario como en criterios frente a paralizaciones internas.
Desde la perspectiva fiscal, el concejal que promovió la acción aseguró que las correcciones en Santiago permitirían ahorros cercanos a $600 millones anuales.
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