Este martes se realizó la revisión de competencias en la investigación del caso ProCultura en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde se resolvió trasladar la causa a Santiago. Esta decisión es clave no solo para la indagatoria, sino también porque ahora la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la solicitud de desafuero en contra de la autoridad metropolitana.
Lo acordado debía conocerse el pasado 17 de septiembre; sin embargo, la defensa de Orrego solicitó reagendar la audiencia para después de las Fiestas Patrias.
La defensa de Orrego, el abogado Ciro Colombara, se mostró conforme con lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. En esa línea, aseguró que la solicitud de desafuero “no tiene ningún fundamento táctico ni jurídico”.
Asimismo, apuntó a una equivocación de los abogados de la Fiscalía de Antofagasta, pues, según él, inicialmente la solicitud debía presentarse en la capital y no en el norte.
“Estamos muy satisfechos y esperamos que esto avance lo más rápido posible y se confirme, no solo que el desafuero no tiene ningún rigor o seriedad jurídica, sino también, en definitiva, que el gobernador Claudio Orrego es absolutamente inocente de los falsos cargos que se le han imputado“, aseveró.
Argumentos en la revisión de competencias
En la lectura de lo resuelto por el tribunal, se indicó que la defensa del gobernador de Santiago, representada por los abogados Ciro Colombara y Eduardo Díaz, pidió la declaración de incompetencia para conocer la arista investigativa del caso, ligada a los convenios realizados entre la Fundación ProCultura y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Lo central apuntaba a que la competencia de la investigación correspondía al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, pues las partes investigadas tienen domicilio en Las Condes y Santiago.
Por otro lado, la Fiscalía de Antofagasta, específicamente el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, solicitó el rechazo de la petición.
Traslado del caso ProCultura de Antofagasta a Santiago y triunfo de Orrego
El persecutor argumentó que el desafuero era un “trámite habilitante e ineludible“, mientras que la incompetencia “no procede en esta etapa procesal“, entre otros fundamentos.
Por su parte, de los argumentos expuestos en la audiencia, según el tribunal, se desprende que la indagatoria es una arista del caso Convenios y que investiga actuaciones de la Fundación ProCultura ante presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida.
En lo relacionado con el Gobierno de Santiago, se indaga el programa de prevención del suicidio autorizado mediante la resolución n.° 70, con fecha 26 de septiembre de 2022.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta señaló que la arista investigativa fue abierta el 29 de mayo de 2024 en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
“Cabe concluir en que la presente investigación guarda una conexión territorial y fáctica exclusivamente con la región Metropolitana“, se indicó en el tribunal de Antofagasta.
Asimismo, en la resolución se añadió: “De esta manera no concurre el fundamento jurídico que justifica atribuir competencia a este tribunal“, agregaron.
Por último, el Juzgado de Garantía de Antofagasta concluyó: “Se puede declarar la incompetencia de este juzgado de garantía y poner la remisión inmediata de los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago como órgano jurisdiccional predeterminado por ley para conocer de los hechos materia de investigación”, resolvieron.
Además, el tribunal afirmó que la oposición del Ministerio Público “carece de sustento normativo suficiente“. Incluso, se indicó que el persecutor de la Fiscalía de Antofagasta “desconoció actos procesales emanados” del propio Ministerio Público.
Así, se resolvió acoger el recurso de la defensa de Orrego, declarar la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta y remitir los antecedentes a la capital.
Episodio de fiscal de Antofagasta
El persecutor Eduardo Ríos alzó la voz en la audiencia y presentó un recurso rectificatorio contra la resolución, negando que el Ministerio Público usó la palabra “conveniencia” en mayúsculas.
Además, el fiscal Ríos acusó que el tribunal “excede sus facultades de manera arbitraria“.
“Que el tribunal no esté de acuerdo con los argumentos del Ministerio Público no equivale a la falta de argumento“, manifestó.
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