Una familia denunció que un grupo de personas se tomó 34 departamentos de un edificio en Conchalí, propiedad de ellos, destinados a la venta y arriendo. Los ocupantes llegaron en 2021 y, pese a existir una orden judicial de desalojo, esta aún no se concreta.
“En el 2013, mi padre compró un terreno en (calle) Aviador Acevedo, Conchalí, para una inversión de arriendo de departamentos”, comenzó diciendo una mujer de la familia afectada, en diálogo con Chilevisión.
La identificada como “Paula” (nombre ficticio para resguardar su identidad) explicó que la construcción de los inmuebles fue progresiva.
Sin embargo, durante el desarrollo de las obras, a mediados de 2021, un grupo de familias se tomó los 34 departamentos ya edificados.
“En el año 2021, por conversaciones con la familia, se decidió fusionar dos departamentos para hacer una vivienda de mejor calidad y que tuvieran dos dormitorios. Así podíamos llegar a una mejor calidad de arrendatarios”, comenzó explicando “Paula”.
“En eso estaba el proceso, cuando un fin de semana —esto (el edificio) igual tenía rejas adelante— llegaron unas personas y se tomaron toda la propiedad. Al principio era un grupo y después empezaron a llegar más”, relató la afectada.
También indicó que los trabajadores de la construcción llegaron un día al lugar para continuar sus labores, pero fueron atacados con palos y armas blancas, lo que les impidió el ingreso al recinto.
Amenazas de muerte y deudas millonarias
El padre de familia presuntamente intentó en varias ocasiones conversar con los ocupantes, buscando llegar a un acuerdo y cobrar algún tipo de arriendo, acompañado del constructor. Pero, según “Paula”, siempre fueron atacados y recibieron amenazas de muerte.
Incluso, dentro del grupo de ocupantes se generan peleas y otras situaciones que afectan a los vecinos del sector.
“Según los informes de la PDI y de los Carabineros, encontraron gente con los fierros en los pies que les ponen en la cárcel. Son personas de todo, ahí hay drogadictos. En la noche, hay un edificio azul al lado, que en la noche le rompen los vidrios. A esa gente y a todo el barrio los tienen locos, ya no saben qué hacer. Las autoridades no hacen nada“, expresó el padre de familia.
Por otro lado, el reportaje de Chilevisión expuso boletas de cuentas de agua y luz de la comunidad, en las que se registran deudas de $14 millones y $22 millones, respectivamente.
Respecto a esta morosidad, otra mujer manifestó que el dueño “dejó deudas de luz y de agua. Por eso la gente le había dejado de pagar (…) Nosotros estamos regularizando la luz y agua”, dijo ella en respuesta a lo que sostiene la familia denunciante.
Orden de desalojo de departamentos tomados en Conchalí
Tras un primer intento fallido de desalojo con Carabineros, se inició un proceso judicial.
El 16 de diciembre de 2024, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el “desalojo del o los ocupantes ilegales, con el auxilio de la fuerza pública“. Esto, por el delito de usurpación u ocupación violenta de inmueble. No obstante, hasta hoy, la orden no se ha ejecutado.
Según la afectada, la medida no se ha concretado debido a trabas burocráticas y a la intervención de la Municipalidad de Conchalí.
“En febrero teníamos todo listo y, cuando iban a hacer el desalojo, nos informan que el alcalde de Conchalí (René de la Vega) no autoriza el desalojo“, declaró.
Respecto del motivo, la mujer agregó: “que esas personas, si uno las desaloja, no pueden quedar en la calle. El alcalde dice que, mientras él no consiga un lugar donde dejar a la gente, los carabineros no pueden entrar a desalojar“, aseguró.
La municipalidad se refirió al tema mediante la directora de la DIDECO de Conchalí, Andrea Cisternas.
“Hay una orden con una fecha próxima. Esa información la tiene Carabineros, no nosotros, porque son ellos quienes realizan el desalojo. Por lo cual, no tendríamos, y el alcalde en este caso, ninguna injerencia respecto a una resolución de ese tipo“, afirmó Cisternas.
La directora de DIDECO de Conchalí también expresó: “la verdad es que nosotros no tenemos la posibilidad de dar una solución habitacional a 120 familias. Ahí hay una dificultad, y habría que ver qué instancia, con Serviu, nos podría colaborar con esta orden judicial”.
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