El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella en el Juzgado de Garantía de Puente Alto en contra el senador Manuel José Ossandón por el presunto delito de tráfico reiterado de influencias, en el grado de ejecución consumado, y contra quienes resulten responsables en los hechos acontecidos en la licitación para la extracción de áridos desde el río Maipo.
También solicitó al Ministerio Público citar a declarar en calidad de imputado al hijo del parlamentario en la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Oriente.
Todo se originó cuando la Municipalidad de Pirque remitió un oficio a la casa edilicia de Puente Alto para poner fin a la Ordenanza de Administración Conjunta, donde estaba vigente solo una concesión, la sociedad Explotadora de Aridos Cavilú SpA, la que originalmente fue creada por Manuel Gilberto Cabrera, pero a la que luego se incorporó con un capital equivalente al 40% “Inversiones y Servicios OCSSA SpA, constituida por Nicolás Ossandón Lira, hijo del senador, quien luego fue designado administrador de la empresa.
Según antecedentes de la investigación, Nicolás Ossandón Lira no tenía ingresos relevantes que se relacionen al ejercicio de una actividad económica en el periodo 2017 y 2018. Sin embargo, en dicho periodo, transfirió la suma $53.407.213 a personas vinculadas a la sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA.
Por su parte, Manuel José Ossandón transfirió entre los mismos años, la suma de $34.701.000 a su hijo Nicolás, de los cuales, éste último transfirió la cantidad de $16.900.055 a la empresa Gaete y Puebla Asesorías e Inversiones Ltda, y a su socio Sebastián Puebla Charme, quién es el representante legal de la sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA.
Hechos
La investigación se inicia por una denuncia y querella presentada por el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda Undurraga, contra Manuel José Ossandón Irarrázabal y contra todos quienes resulten responsables, por el delito de tráfico de influencias.
Los antecedentes, hasta ahora verificados en la carpeta investigativa, inciden en las gestiones realizadas por el querellado para ejercer influencia en el alcalde y Concejo Municipal de Pirque a fin de obtener, en favor de la sociedad Cavilú Spa, una prórroga del plazo para presentar un Estudio de Impacto Ambiental (ElA) y así no perjudicar la concesión vigente que dicha empresa tenía para extraer áridos en la cuenca del Río Maipo.
Así se produjeron gestiones de prevalimiento del senador ante el Concejo Municipal desde el 5 de octubre de 2017 y, directamente con el alcalde desde el 12 de junio de 2018.
Según se estableció, Ossandón solicitó asistir al Concejo Municipal para explicar los beneficios de la administración conjunta entre los municipios de Puente Alto y Pirque. Su visita fue sometida a votación entre los concejales quienes, por mayoría, acordaron rechazarla; no obstante, se presentó ante el órgano colegiado realizando una exposición respecto de la administración conjunta del Río Maipo y la conveniencia de permanecer en este sistema de administración, a fin de influenciar en la mantención de ella.
Acto seguido, el 22 de mayo de 2018, la Municipalidad de Puente Alto solicitó el visto bueno a la Municipalidad de Pirque para conceder prórroga a Cavilú SpA, lo que no fue autorizado por el alcalde de Pirque.
El 12 de junio de 2018 el alcalde Balmaceda recibe, vía whatsapp, un mensaje del senador Ossandón, en el que le pide que lo reciba 5 minutos al día siguiente, asintiendo el edil a dicho encuentro. En la instancia le solicita revertir la decisión y enviar un oficio a la Municipalidad de Puente Alto aceptando la prórroga para la empresa Cavilú SpA.
A no obtener resultados habría insistido el 21 de junio de 2018, a través de un nuevo mensaje de Whatsapp a Balmaceda, a fin de que se reuniesen nuevamente el día siguiente, temprano en su oficina, donde le entrega al alcalde de Pirque un sobre con el logo del senado que en su interior tenía 2 documentos: un oficio redactado para la firma que indicaba que se dejaba sin efecto el Oficio Nº 187 que denegó la prórroga a la empresa Cavilú Spa y, copia de la oferta económica que había hecho la empresa.
Además, “el querellado le señaló a Balmaceda que Pirque recibiría en compensación, para que accediera a la prórroga, consistente en un terreno que la empresa concesionaria había ofrecido como parte integrante de la oferta en la licitación, conducta realizada con evidente propósito de dar interés a la empresa en que su hijo tiene participación”, se detalla.
El jefe comunal requirió al querellado que le informara si tenía alguna relación con la empresa de extracción de áridos, lo que el senador negó. Más aún, “frente a la pregunta de Balmaceda en orden a que le explicara si su hijo trabajaba en áridos, éste le refirió que efectivamente su hijo Nicolás había trabajado un par de meses en la empresa del señor Cabrera Losada, quien era el dueño de Cavilú, pero que no tenía participación alguna en ella”.
“Seguidamente, el 26 de junio de 2018, el querellado, mostrando nuevamente su interés en la prórroga de la concesión, le envió otro mensaje de Whatsapp al alcalde Balmaceda con fotografías de 8 documentos que daban cuenta de las diligencias realizadas por éste en orden a que se procediera al pago por la extracción de áridos de Puente Alto a Pirque, correspondiente a los años 2016 y 2017. Ante ello, Balmaceda le indicó que estaba redactando un oficio a Puente Alto refiriéndose a la información solicitada y no recibida y que, respecto de los años 2016 y 2017 necesitaba contar con los contratos vigentes, a lo que el senador le contestó que recibiera primero los dos cheques”.
Luego, el 28 de junio de 2018 el alcalde Balmaceda recibió un nuevo mensaje de Whatsapp de parte del senador, donde le informa que están listos los cheques para pagar lo adeudado por Puente Alto a Pirque y que, luego de cobrados, seguían con la recolección de antecedentes para cristalizar lo solicitado.
De esa forma, ese mismo día, la Municipalidad de Pirque recibe dos cheques de la Municipalidad de Puente Alto, por la cantidad total de $50.256.513 sin respaldo ni oficio conductor, lo que correspondían a los pagos de los años 2016 y 2017.
En agosto del año 2018, el alcalde Balmaceda comenzó a recibir nuevos mensajes telefónicos interesados del querellado, por haber denegado la solicitud planteada por Cavilú SpA., en la que le representaba la negativa de la Municipalidad de Pirque en orden a otorgar la prórroga a dicha empresa a fin de que esta pudiera operar la, tantas veces citada, concesión de extracción de áridos.
Por otra parte, los concejales de Pirque María Inés Mujica y Patricio Domínguez, también fueron objeto de los actos de prevalimiento del querellado. Así, después del 23 de agosto de 2018, recibieron llamados telefónicos para tratar la prórroga solicitada.
El 30 de agosto de 2018 el alcalde de Pirque recibió un nuevo mensaje telefónico (whatsapp) del querellado, en el cual indicó que Nicolás (refiriéndose a su hijo) y otras personas “están siendo perjudicados injustamente por ustedes a pesar de haber cumplido con todo lo monetario y ambiental. Quiero que sepas que te lo advertí va en serio y está en tus manos arreglar”.
El 18 de octubre de 2018 el alcalde de Pirque recibió de Ossandón Irarrázabal otro mensaje telefónico instantáneo por la aplicación móvil ya señalada en el cual éste refirió que “Me contaron que hoy terminaste de reventar al nico. Debes estar muy contento. Tienes una nueva víctima de 23 años. Un abrazo”.
Lo anterior tendría relación que el Concejo Municipal de Pirque adoptó la decisión – por mayoría- de rechazar la prórroga solicitada por Cavilú SpA y días más tarde se declaró la caducidad de la concesión.
Finalmente, los concejales María Inés Mujica y Patricio Domínguez Warrington reconocieron que el querellado senador los había llamado personalmente para que intercedieran en favor de la empresa.
Delitos
Todos estos antecedentes expuestos constituyen el delito de Tráfico de Influencias.
Por su parte, el artículo 240 inciso 3º del Código Penal establece las personas que pueden ser beneficiadas por la influencia ejercida por el empleado público: “(…) sí en el negocio u operación confiados a su cargo dieren interés a su cónyuge, a alguno de sus ascendientes o descendientes legítimos por consanguinidad o afinidad, a sus colaterales legítimos, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive y por afinidad hasta el segundo también inclusive, o sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos, o a personas ligadas a él por adopción”.
Respecto a las penas, la legislación define que “(…) será castigado con las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio y máximo y multa del diez al cincuenta por ciento del valor del interés o que hubiere tomado en el negocio”.
El CDE precisa que Manuel José Ossandón Irarrázabal es y era al momento de los hechos, senador de la República por una circunscripción en la que se encuentran ambos municipios involucrados, de los cuales, también fue su alcalde en varios períodos y, es una personalidad pública de reconocida ascendencia e influencia en dicha zona, sin perjuicio de las propias funciones que él como Senador ejerce, de conformidad a la ley.
“En los hechos que se le atribuyen a Ossandón Irarrázabal concurren los elementos que permiten la configuración del delito, en el sentido que existe por parte del querellado prevalimiento a Cristián Balmaceda (Alcalde de Pirque), en su calidad de empleado público con la clara finalidad de influir en la decisión de dar visto bueno a la extensión prórroga de la empresa Cavilú SpA, cuyo representante legal y presidente del directorio era Nicolás Ossandón Lira, hijo del querellado”.
Dicha operación se encuadra dentro de aquellas de carácter lucrativo, puesto que el Contrato de Concesión que materializa la oferta planteada en la Licitación Pública para Concesión de Extracción de Áridos en el Río Maipo, se basa en una oferta que asciende a la suma de 15.711,300 UTM, equivalentes al día de la propuesta, a la suma de $676.654.268.
Citan a declarar a su hijo
Por lo anterior, solicitó al Ministerio Público citar “a declarar a la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Oriente, en calidad de imputado, al querellado y a su hijo Nicolás Ossandón Lira”.
También se oficia a la Municipalidad de Pirque a objeto que remita toda la documentación relacionada con los hechos materia de la querella y, se despache orden de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile BRIAC Metropolitana.
Lo mismo se oficia a la Municipalidad de Puente Alto a fin que remita antecedentes respecto al origen, administración y término del Convenio de Administración Conjunta del Río Maipo.
De igual forma, se remita copia de los cheques de pago por la extracción de áridos a la Municipalidad de Pirque, correspondiente a los años 2016 y 2017 referentes a la materia de la querella de autos, indicando el procedimiento utilizado para generar dichos pagos y los funcionarios que participaron en ello.
