En prisión preventiva se mantiene un hombre -identificado como Fernando Cabezas (32)- que es acusado de haber realizado una millonaria extorsión a un hombre con el que habría tenido un encuentro sexual.
Sin embargo, no es la primera vez que se ve involucrado en un hecho de esas características. El pasado 14 de junio fue condenado por el mismo delito tras exigirle $900 mil a un hombre para no revelar un video de su encuentro íntimo.
El hombre exigió a la víctima esta suma para eliminar el video que había grabado con su celular sin tener autorización. La víctima denunció la situación a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI y además aceptó pagarle la suma de dinero a cambio de una declaración jurada en una notaría.
De esta manera, el imputado dejó por escrito los antecedentes de la extorsión que estaba realizándole a un hombre de cerca de 70 años, a quien estaba amenazando con contarle la situación a su esposa e hijos y subir el registro a redes sociales.
Según consignó LUN, el 11 de octubre del año pasado el hombre de 32 años entró a una notaría de Providencia y realizó la siguiente declaración jurada: “Que en este acto destruyo y elimino todo el material de videos y fotografías que corresponden a actos de connotación sexual que yo tomé sin su consentimiento a don (nombre eliminado)”.
En el documento además se agregó que “me comprometo a no mantener en mi poder ni a traspasar ninguna copia de este material a persona alguna ni a ningún medio de comunicación ni de redes sociales. Si incumpliera de mi parte lo aquí suscrito, me declaro ante la justicia ordinaria culpable”.
“Recibo en este acto, en dinero efectivo y a mi entera satisfacción la suma de $900.000 que don (nombre eliminado) en forma voluntaria me entrega”, se añadió.
Tras tener este documento, la víctima volvió a recurrir a la Policía de Investigaciones. Por su parte, la Fiscalía Oriente inició una indagatoria en la que la declaración jurada se volvió una evidencia fundamental.
En tanto, la prisión preventiva la está cumpliendo por la denuncia de una víctima que acusó que pagó $14 millones por dos años.
