En fallo unánime, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la resolución emitida en octubre por el Juzgado de Garantía de Talagante, decretando la ilegalidad en la detención de 31 imputados que fueron formalizados por cargos de asociación ilícita y tráfico de armas.

Entre los acusados, cinco de ellos corresponden a exfuncionarios de Carabineros.

En la audiencia de control de detención, se acreditó que los detenidos fueron sometidos a interrogatorio en calidad de testigos, sin presencia de sus abogados, obligándolos a declarar sin darles a conocer los hechos que se les imputaban.

La jueza de Talagante, Gabriela Flores, explica que esto sería ilegal, ya que el Fiscal a cargo incurre en una vulneración flagrante de garantías relacionadas con el debido proceso, establecidas en el Código Procesal Penal, para sustentar su orden de detención.

Según los antecedentes del Ministerio Público, los cargos tendrían relación con inscripciones irregulares de armas de fuego y al menos 118 pistolas, revólveres y escopetas que se introdujeron en el mercado informal los últimos cuatro años.

Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente anunciaron que estudiarán el fallo antes de emitir un pronunciamiento.