Incivilidades: saber el qué no es saber el cómo

Las incivilidades son hoy una de las principales fuentes de inseguridad para las personas y, a la vez, una creciente demanda ciudadana por recuperar los espacios públicos. La forma en que percibimos un lugar como inseguro responde, en buena medida, a dos factores que se entrecruzan.

El primero es el entorno físico: cuando las calles, plazas y pasajes por donde transitamos están deteriorados, se genera un problema de seguridad situacional. El segundo es la comisión misma de incivilidades en la vía pública. Personas en situación de calle sin atención, consumo de alcohol o drogas a plena luz, basura quemada o esparcida, mobiliario destruido y desechos —humanos o de animales— en las veredas van configurando un escenario en el que, cuando se le pregunta a la gente si se siente segura, la respuesta es una sola: no.

Cabe preguntarse, entonces, cuáles son las cifras que manejan los municipios sobre las incivilidades más recurrentes en sus comunas. Son ellos quienes conocen, con detalle, cómo se expresa el problema en cada territorio.

El caso de Iquique es elocuente. Pese a una baja sustantiva de los delitos de mayor connotación social —cercana al 30%—, la percepción de inseguridad se mantiene altísima: en torno al 87%, según la última ENUSC. ¿Por qué? Porque reducir los delitos no basta si no se interviene directamente sobre los factores ya señalados. Y hacerlo exige personal, recursos y rapidez en la ejecución.

Apuntar a una ley de incivilidades para mejorar esa percepción parece, a primera vista, una excelente idea. El problema es que no se trata de redactar una lista de supermercado y amenazar con sanciones que muchas veces no producen el efecto buscado. Se requiere el conocimiento en terreno que tienen los municipios y, sobre todo, capacidades concretas para aplicar esas normas en el espacio público.

Elevar a rango de ley materias que hoy se regulan mediante ordenanzas municipales es un avance positivo. Pero debe ir acompañado de mecanismos efectivos de disuasión y sanción que permitan reparar el daño de manera rápida y directa; por ejemplo, a través del trabajo comunitario.

¿No sería mejor que un grupo que se toma una plaza —generando ruidos molestos, basura e inseguridad para los vecinos— termine sancionado con sesenta días de trabajo comunitario en el mismo lugar donde cometió la falta? Así no solo se repara el daño de forma directa, sino que avanzamos hacia una sociedad que se hace responsable, con sentido cívico, de la ciudad que habita.

En cambio, una propuesta construida sobre la reducción de derechos sociales corre el riesgo de ser impugnada en tribunales. El resultado sería el peor de todos: sanciones que se perciben tardías, daño que no se repara y un sistema judicial aún más sobrecargado con asuntos menores, dejando esperando a miles de personas que buscan justicia por causas mucho más graves.

Anunciar buenas intenciones no equivale a saber cómo se resuelven los problemas en concreto. Las personas esperan soluciones, y las esperan pronto. Los municipios tienen el conocimiento; lo que muchas veces falta es personal, recursos y capacidad de ejecución oportuna. Una ley de incivilidades puede ser una buena idea, siempre que se implemente con sentido de realidad territorial. Porque el qué ya lo sabemos. El verdadero desafío es saber el cómo.