CFA reitera que aún se está a tiempo para tomar medidas ante el estrés de las finanzas públicas

Con Paula Benavides a la cabeza, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tuvo su cuenta pública participativa de la gestión 2025, donde reiteró las alertas sobre el estrés fiscal que atraviesa el país y la necesidad de ejecutar acciones para cambiar el rumbo y asegurar tanto la sostenibilidad de las finanzas públicas y, con ello, el bienestar de la nación.

En su discurso, la economista recordó los avances del organismo durante el año pasado en materia de gestión y cumplimiento de sus funciones de monitoreo de las reglas fiscales y evaluación de las finanzas del país.

Ahora bien, en la última parte de su exposición, Benavides recordó que en 2025 la meta fiscal (Balance Estructural) se incumplió “por tercera vez consecutiva sin eventos macroeconómicos extraordinarios”, terminando en un déficit del -3,6% frente al -1,1% esperado y la marca vigente de -1,6%, tras “errores reiterados en la proyección de ingresos efectivos, cambios en los ajustes cíclicos, la baja efectividad del plan correctivo y un ajuste de gasto insuficiente, que incluso superó el gasto comprometido”.

CFA y estado del estrés fiscal de Chile

Por ello, y considerando que se proyectan déficits que irían reduciéndose hasta el -1,1% en 2030, “sin converger al equilibrio y dejando un nulo espacio de gasto adicional al ya comprometido”, es que la presidenta del CFA recordó que estabilizar la deuda bajo el 45% del PIB requiere convergir al balance estructural.

Con todo, señaló que lo anterior, sumado a los diversos incumplimientos de la regla de BE, “ha situado al país en una posición más compleja dentro del grupo de economías comparables, con bajos niveles de deuda pública y buenas calificaciones crediticias. En efecto, entre 2007 y 2024, la deuda bruta del Gobierno Central aumentó de 3,9% a 41,5% del PIB”.

Entre los aspectos que Benavides sostuvo que es “indispensable” destacar, recalcó que la posición fiscal se ha deteriorado de forma persistente desde 2008, “con nulas holguras en el mediano plazo, un nivel de deuda bruta muy cerca del umbral que se ha definido como nivel prudente de deuda y fondos soberanos en niveles muy inferiores a los recomendados por organismos internacionales para nuestro país”.

A pesar del panorama, destacó que todavía se está a “momento de ejecutar acciones que aún pueden ser realizadas de forma planificada y ordenada. En caso de que la senda de consolidación fiscal se siga postergando, nos podríamos quedar sin espacios para absorber choques adversos a nivel global, con impactos en el empleo, la inflación y sostenibilidad de las políticas públicas”.

Por eso, enfatizó en que en el corto plazo hay que tomar acciones correctivas “para retornar a una situación fiscal sostenible”, al mismo tiempo que se elabora un “diagnóstio común de la situación fiscal actual” y acuerdos que se concreten en decisiones para los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Debemos enfatizar que la sostenibilidad fiscal juega un rol central para asegurar y mejorar el bienestar de la población. No se trata solo de resguardar el equilibrio de las cuentas públicas, sino también de generar las condiciones para un crecimiento económico inclusivo y con volatilidad acotada (…) Por ello, avanzar con responsabilidad y visión de largo plazo en materia fiscal constituye una condición esencial para fortalecer la estabilidad, la capacidad de respuesta del Estado y el bienestar presente y futuro de la ciudadanía”, concluyó.