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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la prisión preventiva para Ian Villa Sanhueza, exvoluntario de Bomberos y otrora brigadista de Conaf, por provocar un incendio en Patagual, Coronel. A pesar de la defensa argumentar su buena conducta previa y colaboración en la investigación, la medida cautelar se mantuvo. El presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, destacó la decisión y aseguró que la institución no se ve afectada por acciones malintencionadas.

El presidente nacional de Bomberos valoró que la Corte de Apelaciones de Concepción ratificara la prisión preventiva para el exvoluntario y otrora brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que, a comienzo de año, protagonizó un incendio forestal en Patagual, comuna de Coronel, región del Bío Bío.

La defensa apeló sin éxito a la prisión preventiva decretada por el Tribunal de Garantía de Coronel en contra de Ian Villa Sanhueza de 29 años, exteniente de la Novena Compañía de Bomberos y otrora brigadista de Conaf que el pasado 6 de enero protagonizó un incendio de bosques en el sector rural de Patagual y que consumió 10 hectáreas.

Recordemos que en la audiencia de primera instancia, el abogado Ignacio Iturrieta calificó de desproporcionada la cautelar, ya que su cliente cuenta con “irreprochable conducta anterior”, “prestó colaboración en la investigación” renunciando a su derecho a guardar silencio para el “esclarecimiento de los hechos”, además de contribuir en la extinción del fuego.

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Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la cautelar más gravosa para el imputado.

Consultado al presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, en su visita al Bío Bío, este valoró positivamente el fallo del tribunal de alzada, complementando que la institución “no se ve afectada” por culpa de un “mal intencionado”.

Cabe señalar que en la causa el Gobierno, mediante el Ministerio de Seguridad Pública es querellante en el proceso, además de la Corporación Nacional Forestal, Forestal Arauco y la propia Junta Nacional de Bomberos de Chile.