No sólo políticos y dirigentes sindicales fueron denunciados por supuestamente recibir dineros de manera ilegal de parte de Puerto Coronel, ya que los antecedentes también apuntan a al menos un exejecutivo de la empresa, quien habría desviado millones a sus cuentas personales.
Son tres aristas las que investiga la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, en el marco de la denuncia realizada el 21 de noviembre pasado por el gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román.
La primera tiene que ver con los sobornos que la empresa habría hecho llegar a políticos del Partido Socialista, como el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y el concejal Eduardo Araya, además de cuatro dirigentes sindicales.
La segunda está dirigida a establecer la intervención de pymes proveedoras del puerto, las que habrían facilitado facturas ideológicamente falsas que justificaban en la contabilidad empresarial la salida de dineros para coimas, pero también de recursos que habrían ido a los bolsillos de exejecutivos.
La tercera de las aristas, justamente, involucra a esos exaltos cargos gerenciales y directivos de Puerto Coronel, que habrían ordenado, ejecutado y conocido el modus operandi para el pago irregular de platas.
Políticos y dirigentes gremiales
Radio Bío Bío tuvo acceso a los antecedentes que llevaron al Ministerio Público a abrir la indagatoria, en cuyo marco se desarrollaron los allanamientos a una decena de domicilios en Coronel y Santiago este miércoles.
Sobre los sobornos dirigidos al jefe comunal, al edil y cuatro dirigentes portuarios, sin precisar montos, sólo se señala que eran periódicos y en algunos casos mensuales.
Una investigación abierta en Puerto Coronel y las diligencias de la Fiscalía deberían ayudar a determinar el detalle.
El rol de los proveedores
Un papel central del entramado para sacar las platas desde las arcas de Puerto Coronel lo jugaban los pequeños y medianos empresarios que prestan servicio a la empresa, pero que además facilitaban facturas falsas que explicaban la salida de fondos que luego se convertían en coimas.
De acuerdo a la información recopilada por Bío Bío, pymes relacionadas con una persona identificada como Víctor Olivares habrían entregados las boletas que servían para encubrir los pagos a los políticos.
Con el mismo moduls operandi, la pyme Delsava, propiedad del hermano del diputado Leonidas Romero, habría sido por su parte el instrumento para generar las platas que posteriormente el ahora exgerente general, Javier Anwandter, habría entregado en efectivo -a modo de soborno- a los cuatro dirigentes sindicales.
Lo que hacían los proveedores, por solicitud de los hoy ex gerentes y ex directores de la compañía, era aumentar los costos de los servicios prestados a Puerto Coronel y así la diferencia era lo que se hacía llegar a los políticos y a los representantes de los trabajadores.
Deslealtad con Puerto Coronel
Pero lo que la empresa denuncia respecto de quienes dirigieron Puerto Coronel hasta la llegada de Patricio Román, no es sólo haber sobornado a personas como el alcalde Chamorro, el concejal Araya y sindicalistas, sino también haber defraudado a la compañía con fines personales.
Y en ese sentido, de acuerdo a los antecedentes obtenidos por Bío Bío y que indaga la fiscal Aguayo, es que al menos el ex presidente del directorio de la porturia, Eduardo Hartwig, a través de facturas emitidas por la sociedad Codegua habría desviado a sus cuentas bancarias 5 mil unidades de fomento anuales, desconociéndose cuándo implementó ese pago ilegal de recursos.
Dineros ilegales como retribución al desempeño también habría llegado a otros ejecutivos, lo que es objeto de la auditoría ordenada por el gerente general del puerto y de la que podrían desprenderse los argumentos y pruebas para una querella por negociación desleal.
Pago por silencio en caso Puerto Coronel
Otra exejecutiva denunciada es Elena Villalobos, quien se desempeñó como jefa de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.
De acuerdo a la denuncia ante el Ministerio Público, ella habría amenazado a Eduardo Hartiwg con revelar los pagos de coimas.
Para comprar su silencio, según lo que se indaga en las aristas, el expresidente del directorio de Puerto Coronel accedió y autorizó una compensación, cuyo valor debería arrojar la auditoría contable actualmente en desarrollo.
