A la Contraloría fueron entregados antecedentes recopilados por cinco consejeros regionales del Bío Bío, quienes cuestionan la contratación en el GORE vía trato directo de la abogada Ximena Sepúlveda.

Cinco consejeros regionales, pidieron a la Contraloría fiscalizar la contratación vía trato directo de la abogada Ximena Sepúlveda en el Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío.

En ese sentido, los cores cuestionan los 25 millones de pesos que se le pagarían por dos informes sobre prevención de delitos, y el hecho de que sea socia en un estudio jurídico de Georgy Schubert, procurador del Consejo de Defensa del Estado en Concepción.

El 17 de agosto pasado, un mes y medio después de que se conocieran los primeros antecedentes sobre cuestionadas asignaciones directas del GORE Bío Bío a fundaciones, fue contratada por trato directo la abogada y exfiscal Ximena Sepúlveda.

El CDE tiene vinculación con el caso Convenios, pues consejeros regionales habían pedido a este organismo que se decretara el congelamiento de los programas investigados, recordó la core Camila Arriagada.

En su presentación a la Contraloría, los cores plantean que podría ser ilegal el contrato de Ximena Sepúlveda, de acuerdo a los fundamentos que rigen una contratación excepcional como esta.

En específico, la jurista elaborará dos informes sobre modelo de prevención del delito por cerca de 25 millones de pesos, lo que para Gabriel Torres es un conflicto de interés.

Asimismo, los consejeros también entregaron antecedentes que dan cuenta de al menos una funcionaria que se desempeñó en el GORE mientras recibía remuneración de una fundación.

Al respecto, Javier Sandoval afirmó que en el primer informe de Contraloría a nivel nacional una situación similar fue observada en la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

A su vez, a la Contraloría se presentaron los antecedentes con cruce de información de funcionarias a quienes pagaba una fundación pero se desempeñaban en el Gobierno Regional, y respecto de quienes el GORE ha entregado datos no fidedignos, afirmó el consejero Piero Blas.

Desde que estalló el escándalo de las millonarias asignaciones directas, la Contraloría Regional ha recibido un cúmulo de información y peticiones de fiscalización, ante lo cual la consejera, Yanina Contreras, señaló que se requiere de indagatorias ágiles.

Finalmente, se precisó que los antecedentes ingresados este viernes en la Contraloría Regional fueron reunidos por los cores luego de las últimas sesiones del Consejo Regional del Bío Bío en relación al caso Fundaciones.