La autoridad reveló que un sumario interno reunió antecedentes de prácticas que pudiesen ser constitutivas de delitos. Los informes fueron entregados al Ministerio Público.
El gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, en conversación con La Radio, reveló que tras una “auditoría exprés” desencadenada por una denuncia, se realizó un sumario que develó prácticas constitutivas de delitos por parte de, a lo menos, una persona funcionaria de la División de Desarrollo Social del Gore.
“Mal uso de dineros”
Consultado por este hecho, este jueves el Gobernador detalló que la auditoría se realizó en abril, posteriormente se instruyó un sumario. “Con los antecedentes que uno ha podido recabar, nos asiste la impresión de que existe ahí una práctica que pudiera tener visos constitutivos de delitos (…) tengo la obligación por ley de denunciarlo a la Fiscalía“, dijo la autoridad.
“Producto de esa auditoría exprés se encontró fundamento para instruir un sumario. El sumario está en curso y en paralelo he tomado la decisión de llevar antecedentes al Ministerio Público. Mi convicción es que uno debe ser muy estricto con todas las materias (…) Es la División Social, habría un problema de mal uso de dineros“, añadió.
Cronología de los hechos
De acuerdo con lo informado por el Gore Bío Bío, recibieron una denuncia interna que daba luces sobre un presunto desvío de fondos desde un programa financiado por la entidad hacia una persona que desarrolla funciones dentro del servicio en la División Social.
La persona en cuestión era contraparte técnica del programa en la Unidad de Participación Ciudadana, lo cual constituiría, en caso de comprobarse la situación denunciada, una falta grave.
Frente a estos indicios, durante el mes de abril se instruye el desarrollo de una auditoría interna, de la cual emana un informe de auditoría. Este informe deriva en el inicio de un sumario administrativo, el cual parte formalmente el 24 de mayo y se mantiene vigente.
Así las cosas, el 28 de junio, junto a la Encargada Jurídica Gore, el Gobernador Regional presentó a la Fiscalía Regional los antecedentes del caso recabados hasta ahora. Lo anterior, dada la responsabilidad administrativa del Gobernador como jefe del servicio y en atención a que los hechos que se han ido configurando, eventualmente, podrían revestir carácter de delito.
Ministerio Público inició investigación
Ante las consultas de La Radio, la Fiscalía Regional detalló que ante la denuncia por un eventual delito de corrupción en el que habría incurrido una funcionaria del Gobierno Regional, “se aperturó una investigación que está a cargo de la fiscal de anticorrupción, María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional, quien ya ha decretado las primeras diligencias en la causa”.
Según fuentes de La Radio, la funcionaria investigada fue identificada como Tamara Vidal Vera, coordinadora de la Unidad de Participación Ciudadana.
