Pese a que la justicia ordenó el pago, el fisco aún no cancela indemnizaciones a las familias afectadas por la inundación de viviendas ocurrida en 2005 por el desborde del canal Papen en Chiguayante, en la región del Bío Bío. El abogado de las víctimas apuntó al Ministerio de Justicia como responsable de entrampar el proceso. Además agregó que la mayoría de sus responsables son adultos mayores y que otros, han muerto a la espera.

Un año y medio ha pasado desde que la justicia responsabilizó a una empresa privada y al Estado por la inundación de 155 casas en Chiguayante -en la región del Bío Bío– en 2005, pero aún el fisco no paga parte de la millonaria indemnización decretada.

El pago está siendo retrasado por el Ministerio de Justicia, denunció el abogado de las víctimas, algunas de las cuales han muerto esperando su reparación.

Si bien la demanda fue presentada el año 2009, sólo en agosto de 2020 la Corte Suprema entregó el fallo definitivo que fijó en 450 millones de pesos la indemnización que la empresa Claro Vicuña y el Estado debían cancelar como responsables de la inundación de las viviendas a raíz del desborde del canal Papen.

Desde entonces, sólo la constructora cumplió la sentencia y la mitad de los dineros ya fueron repartidos entre los 137 demandantes, de los cuales 15 han fallecido esperando el remanente de la reparación, dijo Luis Oliva, quien subrayó en la necesidad de los dineros para ellos, todos de la tercera edad.

Han sido varias las gestiones realizadas por el abogado de las víctimas de la inundación, Teddy Hidalgo, no sólo ante los tribunales sino incluso directamente con el Ministerio de Justicia, que en una conducta burocrática -denunció- tiene entrabado el pago de los más de 200 millones de pesos.

Ante la demora en el cumplimiento del fallo, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, adelantó que solicitará entrevistarse con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, de manera de plantearle la grave situación.

Consultados, desde la Seremi de Justicia se indicó que están revisando el caso, de manera de dar una respuesta y determinar si efectivamente está en ese ministerio el problema como lo aseguró el abogado de los demandantes.