La Fiscalía negocia procedimientos abreviados con los 12 imputados por los daños efectuados en febrero de 2020 a la Universidad de Concepción, en la región del Bío Bío. Por lo anterior, la audiencia de preparación de juicio oral quedó para junio del próximo año.
Procedimientos abreviados negocia la Fiscalía con los imputados por los daños a la Universidad de Concepción, de manera de evitar un juicio oral y las altas penas que se había pedido en la acusación. La Delegación Presidencial, querellante en el caso, dijo desconocer los posibles acuerdos.
El antecedente se conoció durante la audiencia de preparación del juicio oral que se debía realizar este martes en el Juzgado de Garantía de Concepción, la que se postergó hasta el 8 de junio de 2022 justamente para permitir el avance de las negociaciones.
Fue el fiscal Guillermo Henríquez quien confirmó ante el tribunal que ya existe el acuerdo para un procedimiento abreviado respecto de dos de los 12 acusados por los daños a la Universidad de Concepción el año pasado, mientras que abogados defensores informaron las negociaciones respecto de otros imputados.
Uno de ellos es Carlos Acosta, quien agregó “hay negociaciones pendientes, y en ese entendido no estamos en condiciones de agregar un procedimiento abreviado con el fiscal, que si bien es cierto se está trabajando, faltan algunas cosas por terminar”.
Declaración similar entregó el defensor penal Felipe Martínez, quien representa a los menores imputados. “Respecto de mis representados, ya hubo entrevistas previas pero me faltan dos para los efectos de entregar los detalles y alcances de esta forma de término anticipada”.
Tal como lo señaló en la audiencia el juez Marcelo Bustos, estos motivos, es de decir la eventual negociación, llevó a que se postergara el juicio oral el próximo 8 de junio de 2022.
Al parecer las negociaciones no habían sido informadas al Gobierno, querellante en el caso a través de la Delegación Presidencial, advirtiendo el abogado Enrique Hernández que ellos podrían oponerse a una salida que evite el juicio oral.
Ante la imposibilidad de preguntar al Ministerio Público sobre las dudas surgidas a raíz de estas conversaciones, considerando que muchas de las penas solicitadas por la Fiscalía contra los 12 imputados son de cárcel efectiva de hasta 10 años, habrá que esperar hasta junio del próximo año para conocer cómo terminará este caso, en el cual las familias de los acusados habían demandando que la Universidad de Concepción retirara las querellas.
Protesta
Por su parte, un grupo cercano a 10 personas llegó hasta la Casa del Deporte en la Universidad de Concepción, donde desplegaron una pancarta y pidieron la aprobación del proyecto de indulto a los presos del estallido social.
Todo esto mientras varios convencionales salían de una actividad que se realizaba en ese lugar, sumándose algunos de ellos a la manifestación.
En ese sentido es que la vocera de los familiares, Elena Orellana, criticó la presencia del organismo en la casa de estudios, debido a la querella que presentó la casa de estudios en este caso.
También expresó preocupación por los resultados del balotaje de diciembre, afirmando que si José Antonio Kast es electo presidente, el proyecto de indulto no tendrá éxito.
Es por eso que confirmó su apoyo a Gabriel Boric, aunque -dijo- seguirán presionando hasta lograr resultados.
En ese sentido, uno de los convencionales que confirmó su apoyo a los familiares fue Hugo Gutiérrez.
Los familiares de los 12 jóvenes detenidos por los daños en la UdeC, también estuvieron acompañados por los convencionales Marco Barraza, Giovanna Grandón y Valentina Miranda; entre otros.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
