Frenar la violencia rural en la Macrozona Sur se convirtió en una prioridad para el Gobierno y las policías. Para abordar el tema, no solo se levantó cifras respecto de la cantidad de atentados en la zona, sino que también el Ministerio del Interior está analizando el comportamiento histórico de las distintas comunidades.
Uno de los puntos que más preocupó a las autoridades, según informó La Tercera, es el aumento de las tomas de terrenos en La Araucanía, el Bío Bío y en menor medida, en Los Ríos. Se trata de las también llamadas usurpaciones de predios rurales -por parte de comuneros mapuches- que reclaman la propiedad de terrenos y fundos que actualmente están en manos de privados.
Según datos de Carabineros, que compartieron en las reuniones sostenidas entre el martes y miércoles en La Araucanía con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ya son más de 60 las tomas de terrenos en la Macrozona Sur, entre el 1 de enero y el 23 de febrero.
La cifra es considerada “extremadamente alta” por parte de las autoridades policiales, ya que en el mismo periodo del 2020 se registraron siete de estas tomas.
Frente a esto, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, indicó que “Estamos coordinando con los agricultores para asegurar el proceso de la cosecha y tomar las acciones penales correspondientes en caso de tomas violentas”.
Cifras de las policías
Desde la PDI y Carabineros se detectó que el problema radica en que no hay capacidad policial para abordar este fenómeno y la violencia rural a la vez. En la policía ponen como ejemplo que disponen de 600 uniformados para medidas de protección en predios.
Además, fuentes policiales señalaron que el problema que se presenta es que los “ocupantes” ilegales llegan a los fundos y se toman el terreno, pero cuando llega la policía, acuerdan el desalojo. Sin embargo, a los pocos días ya están de vuelta nuevamente.
El jefe de Control y Orden Público (COP) en La Araucanía, Carlos González, manifestó que “es parte de las presiones de las comunidades para que un propietario negocie o entregue territorios. Es complejo hacer prevención de situaciones que ocurren en zonas que están lejos de los cuartes policiales”.
El general agregó que “lo que sí estamos haciendo es ir con las patrullas en dos etapas: el diálogo y el desalojo.”
Continuó diciendo que: “Lo primero consta de tres procesos en que Carabineros va al lugar, tras recibir la denuncia, y trata de invitar al abandono del predio. La última opción es ir con los recursos para obligarlos a terminar la toma, y es ahí donde ocurren incendios y ataques al personal policial”.
Recurso del INDH
El otro problema que se presenta -según el Ministerio Público- es la jurisprudencia de la Corte Suprema en 2018. Esto, respecto de la toma de terrenos y el actuar policial tras un recurso de amparo que presentó el INDH por un desalojo en La Araucanía.
El INDH presentó, en febrero de ese año, un recurso de amparo en favor de siete comuneros mapuches, pertenecientes al Lof Mallekoche, en Collipulli. En la instancia, los comuneros fueron desalojados del fundo El Fiscal y detenidos por Carabineros.
Se tomó el predio como parte de su territorio ancestral desde el 19 de febrero de ese año, donde permanecieron hasta el 21 de ese mes. Tras la denuncia de los propietarios fueron desalojados por Carabineros, lo que motivó la acción del Instituto.
El caso no tuvo éxito en la Corte de Apelaciones y llegó a la Corte Suprema, donde se dictaminó una resolución que hasta hoy -dicen en el Ministerio Público, Interior y Carabineros- tiene consecuencias.
Se determinó que “el procedimiento fue ejecutado sin orden judicial o norma legal que lo ordenara o autorizara. Debido a esto se afectó ilegalmente la libertad personal, debiendo Carabineros ajustarse a las normas que autorizan su actuación autónoma en la forma en que se razona en este fallo”.
A raíz de esto, solo se puede desalojar sin autorización judicial cuando los ocupantes sean detectados en flagrancia, acción compleja dado que los ocupantes muchas veces “entran y salen” de un mismo predio.
