Los querellantes en el caso Asipes cuestionaron en duros en términos que la Fiscalía, tras cuatro años de pesquisas, no acreditara que los aportes de los industriales pesqueros a políticos del Bío Bío configuran los delitos de cohecho y soborno. Ya se adelantó que en la audiencia fijada para febrero en Santiago se pedirá la reapertura de la indagatoria.
Como una nueva investigación por delitos de corrupción que termina sin responsables y que involucra a políticos y grupos de poder calificó el senador Alejandro Navarro, la decisión del Ministerio Público de sobreseer y no perseverar en el caso de los responsables de Asipes y las empresas que aportaron millones de pesos a parlamentarios, ex diputados y funcionarios de Gobierno.
Quien justamente entregó los primeros antecedentes sobre la supuesta influencia de los industriales de la pesca en legisladores del Bío Bío fue el diputado comunista, Hugo Gutiérrez.
Consultado por la decisión de la Fiscalía Regional del Bío Bío de cerrar sin formalizaciones la causa, dijo que le parecía vergonzoso que se llegara a esa conclusión después de cuatro años de pesquisas y no obstante todos las pruebas recopiladas.
Y entre esos políticos contra quienes la fiscal regional Marcela Cartagena no logró obtener pruebas para formular cargos están la senadora Jacqueline van Rysselberghe, de la UDI; el diputado RN, Frank Sauerbaum, el ex subsecretario de Pesca, el socialista Raúl Súnico y el ex diputado PPD Cristian Campos.
Ya notificados oficialmente de la resolución que cierra la investigación, los querellantes comenzaron a analizar los pasos a seguir, decidiendo ya el abogado Enrique Hernández, por el Sindicato Interempresas de Trabajadores de Naves, solicitar la reapertura de la indagatoria y lograr la formalización de los responsables del cohecho y el soborno denunciados.
Otros de los querellantes en representación de pescadores artensales, el abogado Pablo Manríquez, aseguró que con esta investigación quedó al descubierto la influencia de grupos de poder como Asipes sobre el trabajo del Congreso, deslizando que no descarta insistir para que se logre perseguir a todos quienes fueron investigados.
Fueron casi cuatro años de investigación, primero a cargo directamente del fiscal regional, Julio Contardo, y un grupo especial de la PDI, equipo disuelto al asumir la actual jefa del Ministerio Público en el Bío Bío, quien delegó a la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, las diligencias a partir de 2018.
El origen
El origen del Caso Asipes surge como una arista por los pagos que realizó Corpesca a la diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis.
Al exsenador de la UDI se le acusó de recibir pagos por más de $230 millones por parte de la pesquera, para beneficiar los intereses particulares en la discusión de la Ley de Pesca.
Eso fue en el norte, en la zona sur sonaba Asipes, y en la parte austral del país Fipes se apuntó al en ese entonces diputado Iván Fuentes, conocido ex dirigente social.
En el Bío Bío se indagó el pago de millonarios aportes a las campañas de senadores y diputados, para intervenir en la cuestionada Ley. Los principales acusados: Jacqueline van Rysselberghe, Frank Sauerbaum; el ex subsecretario de Pesca, el socialista Raúl Súnico y el ex diputado PPD Cristian Campos.
El ex intendente Jorge Ulloa debió declarar en calidad de testigo, mientras que Luis Felipe Mondaca, ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) fue sindicado como el arquitecto de los contactos para que los parlamentarios votaran en favor de las empresas.
Pero volvamos al inicio. Fue en 2017, en medio de la investigación por Corpesca, que se informó que se realizaría otra indagatoria, luego que se encontrara una planilla Excel con 18 políticos en un computador de la Asipes. El equipo estaba en un domicilio de Luis Felipe Mondaca, el ya mencionado lobbista y ex líder de Asipes.
Algunos de los documentos encontrados en el computador, se daba cuenta de aportes de siete empresas a un listado de 20 políticos, por un total de $98.901.919.
Otros pagos a actores políticos
Pero no, estos nos fueron los únicos nombres que sonaron en su momento. También se apuntó una serie de pagos, entre ellos a asesores de parlamentarios y autoridades por “favores” a empresas que eran parte de la asociación gremial.
Algunos fueron los siguientes: Bernardo Caro, asesor del fallecido senador Antonio Horvath; asesores de Carlos Bianchi; los hermanos Nicolás y Gustavo Guíñez, quienes emitieron boletas dentro del círculo de Pablo Longueira.
El diputado Fuad Chaín habría emitido boletas por cerca de dos millones de pesos, previo a ser electo y según él, por asesorías jurídicas, mientras que entre otros “beneficiados” se mencionó a Raúl Súnico y Sergio Camus.
Arturo Squella, Juan Antonio Coloma, Patricio Contreras (ligado a Pablo Longueria), el exalcalde de Lota, Patricio Marchant y Alfredo Irarrázaval, también aparecieron mencionados en los pagos.
Los polémicos “correos”
Fue en marzo de 2017 cuando el parlamentario Hugo Gutiérrez presentó una querella contra la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, por correos que recibió de Asipes, justo cuando se tramitaba la polémica Ley de Pesca, además de los supuestos vínculos con Luis Mondaca, quien fue gerente general de la asociación.
La querella apuntó a supuestas instrucciones durante la tramitación y boletas ideológicamente falsas, lo que habría sido revelado por un ex asesor.
“Buscamos acreditar que existía una coordinación, no sólo por parte de la industria, sino que de otros sectores políticos, para proteger los intereses de la industria pesquera”, señaló en su momento Matías Ramírez, abogado de Gutiérrez.
Cambio de persecutor
En agosto de 2018, Julio Contardo dejó el cargo de fiscal regional del Bío Bío, puesto que fue asumido por Marcela Cartagena.
Durante el “cambio de mando”, Cartagena aseguró que la investigación no sería trasladada a la zona, tal como habían solicitado algunos imputados.
La última diligencia de Contardo en el cargo fue la toma de declaraciones a exempresarios pesqueros, como Jean Stengel y sus hermanos.
Una de las principales críticas de los querellantes, como por ejemplo el dirigente Hernán Cortés, fue la lentitud de la investigación encabezada por Julio Contardo.
La triada de la UDI
Jacqueline Van Rysselberghe, Sergio Bobadilla y Jorge Ulloa, todos líderes de la UDI en el Bío Bío, marcaron polémica durante el caso.
Primero Bobadilla. En su caso, el Ministerio Público debió solicitar por la vía judicial la declaración del diputado en el caso Asipes, luego que él se negara a dar testimonio de manera voluntaria.
¿Su justificación?. Según el parlamentario, él no tenía problema en declarar, pero un grupo asesor le aconsejó que no lo hiciera, al menos no voluntariamente.
“No existe inconveniente alguno en declarar acerca de cualquier caso. Sin embargo, este es un asunto jurídico y, parecía adecuado que la Fiscalía empleara exactamente el camino que la ley indica para la declaración de testigos que tienen la calidad de parlamentarios”, dijo en su momento Bobadilla.
Por su parte, Jorge Ulloa declaró como testigo en el caso, pese a que sus asesores, según la investigación, habrían emitido boletas.
Finalmente Jacqueline Van Rysselberghe declaró en calidad de imputada en la investigación por posibles delitos de cohecho y fraude al Fisco.
Durante su declaración explicó los correos que intercambió con Luis Mondaca, cuando era presidenta de la Comisión de Pesca del Senado. Todo esto ocurrió mientras se discutían cambios al proyecto de ley, respecto a la extracción de jurel.
“Para mí, el primer año de legisladora me hablaban en chino, entonces lo que hice fue, dada la confianza intelectual con Luis Felipe (Mondaca) y dado que no le afectaba mayormente al sector industrial, salvo por el eventual colapso de la especie en caso de darse pesca ilegal, yo le preguntaba si era razonable lo que señalaban los armadores y si el riesgo que ellos veían de esta captura fuera de cuota global era efectivo”, dijo la senadora, en declaraciones citadas por La Tercera.
En esa línea, Van Rysselberghe agregó: “Luis Felipe me dijo que sí era un riesgo real y que ellos como industriales estaban dispuestos a regalar parte de su cuota a los artesanales chicos. Me parecía que él podía asesorarme, porque no les afectaba el proyecto. Yo conversé con Luis Felipe cuando se empezó a discutir el tema, a mí me tocaba presidir la comisión y quería saber de lo que se estaba hablando”.
JVR agregó que Mondaca le asesoraba, y que los comentarios o “modificaciones” eran sólo la opinión del gremialista respecto del proyecto.
Durante la declaración, Van Rysselberghe descartó aportes de empresas pesqueras.
Y todo quedó en nada
Tal como informó Radio Bío Bío, ahora tendrán que pasar cerca de cinco meses para que recién se conozcan detalles de cómo, tras todos los años de investigación en el caso Asipes, no se llegó a nada.
Esto luego que la semana pasada, la fiscal Marcela Cartagena resolviera el cierre de la investigación de la arista, por no haber recopilado pruebas suficientes para una acusación contra los involucrados.
Mientras que algunos imputados fueron sobreseídos, como por ejemplo Felipe Mondaca, en otros se invocó la facultad de no perseverar con la investigación.
