El interrogatorio a empresarios ligados a la pesca fue la última diligencia realizada por el ahora exfiscal Julio Contardo en el marco del caso Asipes y Otras Pesqueras, esperando los querellantes que con la llegada de la nueva persecutora, Marcela Cartagena, se reactive una investigación que los artesanales estiman ha sido lenta.

Fue a partir del caso Corpesca que surgió la arista que apunta a que desde la Asipes y otras pesqueras se intervino y se aportó económicamente a políticos que participaron en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca.

La investigación hasta la semana pasada estuvo a cargo del hoy exfiscal regional Julio Contardo, cuya última diligencia fue la declaración tomada a exempresarios pesqueros, entre ellos Jean Stengel y sus hermanos, representantes de la compañía Pacific Blu, según lo confirmó su abogado Humberto Alarcón.

Tras el fin de la gestión de Contardo y el nombramiento de Marcela Cartagena como fiscal regional del Bío Bío, fue ella quien asumió el caso, como lo confirmó la propia persecutora.

En esta nueva etapa, querellantes como el abogado Pablo Manríquez, por una agrupación de pescadores artesanales, esperan que la fiscal Cartagena siga adelante con la investigación y pueda decretar indagaciones pendientes y dirigidas a aclarar los posibles delitos denunciados.

Sin embargo, para Fenaspar y su dirigente Hernán Cortés, querellantes desde el año 2016 contra el exsenador Pablo Longueira y el expresidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, es claro que la lentitud en la investigación cuando estuvo a cargo de Contardo fue un revés.

El caso Asipes y Otras Pesqueras tiene que ver con la influencia que pudo haber desde los industriales en la redacción de la llamada Ley Longueira, por lo que se ha denunciado desde el soborno y el cohecho, asegurándose que el objetivo de los aportes a campañas y por asesorías a personas ligadas a la política terminó en una normativa que benefició a las grandes empresas y perjudicó a los artesanales.