Descentralización del Estado: la manera más eficiente de anticiparse a desastres y ayudar a víctimas

En Chile ocurren catástrofes naturales, como los vulcanismos, terremotos y tsunamis. A esto se suman los innegables impactos del cambio climático, con eventos extremos de sequías que potencian los incendios forestales y luego eventos de precipitación con alta pluviosidad concentrada en pocos días que generan remoción en masa, desbordes de ríos e inundaciones.

La sinergia de estos eventos climáticos extremos con el cambio de uso de suelo y la nula planificación territorial generan desastres de grandes magnitudes, con lamentables pérdidas de vidas humanas, de infraestructura pública y privada.

Bajo este escenario, es urgente que el Estado llegue a todos los territorios de Chile, sobre todo a las zonas aisladas y más vulnerables, y esto se logra avanzando en el proceso de descentralización.

Tras la reciente catástrofe hemos visto como los municipios y gobiernos regionales se despliegan llevando ayuda, con menor o mayor grado de eficiencia y coordinación con el gobierno central.

Las autoridades a nivel comunal y regional deben tener las atribuciones y competencias que le permitan no solo planificar el territorio, sino tambien gestionar y ejecutar las acciones de dichos planes de manera más eficiente y eficaz, con capacidad técnica y profesionales y con el financiamiento adecuado. Un Estado descentralizado mejora la calidad de vida de las personas, generando comunidades más resistentes y resilientes frente a los desastres naturales.

Para avanzar en el proceso de descentralización se requiere de cambios legislativos que permitan distribuir mejor los roles entre el gobierno central, regional y comunal, pero también se puede lograr en acciones concretas.

Por ejemplo, la semana pasada el gobierno central activó un decreto para que los gobiernos regionales utilicen hasta un 2% de su presupuesto de inversión para financiar acciones relacionadas con una emergencia. Algo tan obvio, ha demorado años en concretarse y hoy es posible gracias a la voluntad política del gobierno actual.

Así mismo, es urgente que la Dirección de Presupuesto (Dipres) al alero del Ministerio de Hacienda, haga más eficiente la entrega de recursos financieros y permita su ejecución a tiempo, sin tanta burocracia, y con la debida fiscalización en el uso de los recursos públicos. También se requiere revisar la fórmula de asignación de recursos a cada una de las regiones, de modo que haga justicia con las necesidades y realidades de cada región.

Hay diversas atribuciones que hoy podrían ser traspasadas desde el gobierno central a los gobiernos regionales, tomando en cuenta la diversidad de las regiones en el ámbito natural y cultural, con el adecuado financiamiento y dotación de personal, funciones que no tienen ningún sentido que se comanden desde Santiago, con los retrasos y demoras que ello implica, como, por ejemplo, las relativas a la conservación de la naturaleza en áreas protegidas, el desarrollo del turismo, la ciencia y la tecnología, entre otras.

Está pendiente dar mayor autonomía presupuestaria a los gobiernos regionales, quienes podrían tener patrimonio propio al igual que los municipios, de esta forma no solo depender de los recursos que les provee el nivel central para la inversión y desarrollo.

Parte de los tributos de las grandes empresas podría quedar en las regiones en donde se emplazan y otra parte en un fondo común para repartir solidariamente con regiones que tienen menor desarrollo industrial. Similar al Royalty Minero, está pendiente avanzar con el sector portuario, agro-forestal y acuícola.

Finalmente, es fundamental que se realice una revisión de la organización política, administrativa, económica y fiscal del Estado de Chile, considerando el nivel central, regional y comunal, para diseñar cómo repartir el poder pensando en gestionar el Estado de manera más eficiente y eficaz, poniendo en el centro primero que todo el bienestar de las personas de todos los territorios de Chile.

Esta hoja de ruta debe considerar la participación de múltiples actores sociales e instituciones. Es fundamental escuchar a la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi) y a las asociaciones de municipios (AChM, AMUCh), que sufren el problema del centralismo y tienen claro las necesidades reales de sus vecinos, junto a la academia y sociedad civil.

Mediante una adecuada metodología de trabajo, el uso de información científica y datos para guiar la toma de decisiones, debemos construir una visión común, priorizar acciones y avanzar en el fortalecimiento de la gestión de cada una de las regiones y comunas de Chile.

Con una mayor descentralización podremos avanzar en mayor equidad y mejorar la calidad de vida de las personas en todos los rincones del país, prepararnos para los devastadores desastres naturales y gestionar de mejor forma la ayuda a las familias que más lo necesitan.