A la Contraloría será llevada la nueva polémica en la Municipalidad de Hualpén, por el pago de 1.500 millones de pesos adeudados por concepto de cotizaciones previsionales y que la alcaldesa Katherine Torres está proponiendo sean cancelados a los trabajadores.
Fue la semana pasada cuando los abogados del municipio hualpenino pidieron a los concejales aprobar un preacuerdo suscrito con el representante de los 58 extrabajadores de la corporación edilicia, en orden a zanjar el litigio luego que el Juzgado del Trabajo de Concepción ordenara el pago de $1.500 millones por concepto de cotizaciones previsionales adeudadas.
El único edil que votó en contra fue Miguel Aravena, dudando de la legalidad de la eventual transacción, considerando -subrayó- en lo que han sido los últimos pronunciamientos de los tribunales en cuanto a que las cotizaciones son administradas por las AFP y por lo tanto no pueden ser entregadas a los trabajadores.
Al informar el acuerdo, previo a la votación de los concejales, el abogado jefe de la Municipalidad de Hualpén, Duberli Guerrero, indicó que los términos acordados con el abogado demandante, Braulio Engelberger, deben ser ratificados por el Juzgado de Cobranza, siendo justamente esa condición la que llevó por ejemplo a la edil Erika Beltrán a aprobar la propuesta.
Sin embargo, insistiendo en la posible ilegalidad y tras consultar a sus abogados, el concejal Aravena adelantó que llevará el tema a la Contraloría para un pronunciamiento.
Desde el municipio se pronunciaron a través de un escueto comunicado, asegurando que el acuerdo está respaldado por la ley y la jurisprudencia, que habría concluido en que la propiedad de las cotizaciones es de los trabajadores.
